Regidores exigen se revoque concesión

Presentan al Congreso del estado 22 inconsistencias del contrato de parquímetros con Jajomar

A los panistas y de oposición se sumaron tres regidores priistas: Enrique Chávez Estudillo, Humberto Vázquez Arroyo y Guillermina Hernández

Efraín Núñez Calderón

Tres regidores priistas ligados a Enrique Doger Guerrero: Enrique Chávez Estudillo, Humberto Vázquez Arroyo y Guillermina Hernández iniciaron su rebeldía contra la empresa Jajomar, al presentar con la fracción de regidores panistas y de los demás partidos de oposición un documento que detalla 22 irregularidades en el Título de Concesión de los Parquímetros, algunas de las cuales fueron señaladas en Cambio.

Alrededor del mediodía los miembros del cuerpo edilicio se presentaron ante las oficinas de la Secretaría General del Congreso del estado para hacer de conocimiento dicha queja.

Entre las irregularidades destaca el que sea el concesionario el encargado de inmovilizar los vehículos debido a que “viola las disposiciones de Tránsito” pues esta acción le compete a la Dirección de Vialidad municipal “misma que no puede ser concesionada”.

Este diario publicó ayer que el contrato establece la supeditación de los agentes viales al concesionario, debido a que los uniformados se encargarán de colocar las conocidas como “arañas”, así como de multar a los automovilistas por excederse de la hora de cuota, entre otros aspectos.

En el documento presentado por Pablo Montiel, líder de la fracción de regidores del PAN, se establece que se corre el riesgo de que se otorguen superficies al concesionario fuera del Centro Histórico, al tener la posibilidad de aumentar en 30 por ciento los polígonos donde inicialmente prestará el servicio:

“Ello implica una franca contravención del objeto y origen de la concesión. Más aún, es necesario revisar el porqué en el Título de Concesión original se otorgan espacios para la colocación de parquímetros en la 25 Oriente-Poniente, y la 31 Oriente-Poniente, ya que los mismos se ubican fuera del Centro Histórico.”

Los regidores advierten que la licitación para concesionar el servicio de parquímetros se publicó en los periódicos La Opinión de Puebla y Crónica, siendo que ninguno de éstos corresponde a “diarios de mayor circulación nacional”.

Respecto a la indemnización por cancelar de manera definitiva el Título de Concesión, los regidores manifiestan que aunque este contrato pueda ser respaldado por el Poder Legislativo, puede considerarse caduca, inexistente o nula.

Más adelante abundan: “El acto administrativo, cuando es contrario a la ley, no puede engendrar derechos ni producir consecuencias jurídicas, ya que todo acto fuera de la ley no puede engendrar más que una aparente situación jurídica (…) el poder público puede de por sí y ante sí, declarar la inexistencia de un acto de esta naturaleza.”

Entrevistado tras la entrega del documento, el regidor Pablo Montiel destacó que el interés de sus compañeros es que los diputados echen abajo el Título de Concesión por el cúmulo de anomalías encontradas.

Por su parte, Eduardo Rivera Pérez, líder de la Fracción Parlamentaria del PAN en el Congreso advirtió sobre la posibilidad de que la aplanadora priista apruebe la concesión a pesar de las inconsistencias.

En ese sentido, aseguró que su partido buscará a otras instancias a nivel federal para revocar el título en caso de que lo anterior suceda: “Sería lamentable que el PRI utilizara la aplanadora (…) Si fueran necesarios sí, porque hay irregularidades que indudablemente son públicas y que no podríamos nosotros aceptarlas de primer instancia.”

Entre los diputados de oposición que se solidarizaron con los regidores se encontró a José Manuel Pérez Vega Pepe Momoxpan, quien criticó la cercanía entre Jajomar y OHL, ambas firmas favorecidas por el marinismo en el proyecto comercial del Paseo de San Francisco y en la construcción, mantenimiento y operación del Libramiento Norte de Puebla.

Confió en que el “Frente Amplio Marinista” no dé un albazo como lo hizo con la aprobación de las reformas a la Ley de Transparencia y con la aprobación de la Cuenta Pública del Gobierno del estado.

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