Analizaran denuncias de juicio político en la Cámara


Los casos de Marín y Ulises Ruiz, entre los más delicados, dice Diódoro Carrasco



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Esta semana, la subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados se reunirá para desahogar las denuncias de juicio político que están pendientes en el Congreso de la Unión desde hace más de seis años, incluyendo la petición de parte de legisladores panistas, representantes de la sociedad civil y de la iniciativa privada en contra del gobernador Mario Marín Torres por su intervención en la detención y violación de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

De acuerdo a reportes de diarios nacionales, el presidente de la subcomisión, Diódoro Carrasco Altamirano, explicó que la Cámara de Diputados tiene al menos 160 denuncias pendientes, de las que solamente una docena cumple con los requisitos para analizarla de manera profunda. El también presidente de la Comisión de Gobernación en San Lázaro aseguró que en la siguiente reunión se desecharán las denuncias de juicio político presentadas contra sujetos que no están reglamentados para ese tipo de acción jurídica, tales como miembros del Poder Judicial o ciudadanos ajenos a la vida política-pública del país.

En la última sesión de la Subcomisión, los miembros acordaron hacer una clasificación de las denuncias existentes para que los diputados le den prioridad a las solicitudes facultadas y sostenidas, para “dictaminar con más rapidez y facilidad los casos de juicio político que obran en poder de esa subcomisión”.

La clasificación de las denuncias de juicio político está en cinco partes: el primero engloba a todos aquellos ciudadanos que están denunciados por un juicio político y no son sujetos a ese tipo de acción jurídica.

El segundo aglutina a quienes siendo sujetos de juicio político, el delito o reclamo no califica como factor de querella, y el tercero incluye a quienes también siendo sujetos de ese proceso y, calificando la denuncia correspondiente, no existe ningún argumento jurídico que la sostenga.

El cuarto incluye a los miembros de la Corte o del Poder Judicial, quienes no pueden ser sujetos a un juicio político, por último, el quinto son todos los que califican en la denuncia y existen posibles pruebas que lo sustenten.

En el último grupo se encuentran las denuncias en contra de los gobernadores priistas: Ulises Ruiz de Oaxaca y Mario Marín de Puebla, cuyos casos serán revisados con lupa y con mayor detenimiento en la temporalidad de las solicitudes.

Las denuncias de juicio político en contra de ambos legisladores se presentaron en 2006. En el caso del gobernador oaxaqueño obedeció a la intervención de la fuerza pública para agredir, aprehender y asesinar a los miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos Oaxaqueños (APPO). Las denuncias en contra de Mario Marín fueron consecuencia de la exhibición telefónica que sostuvo con el empresario Kamel Nacif, en la que ambos festejan la detención y agresión en contra de la periodista y escritora Lydia Cacho Ribeiro.

Empresarios, miembros de la extinta organización Frente Cívico Poblano y entonces legisladores locales de Acción Nacional fueron los que solicitaron el juicio político contra Marín Torres.

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