El PRI quiere amarrarle las manos a la Federación


Humberto Aguilar Viveros quiere hacer modificaciones a la Ley de Desarrollo Social


El objetivo de la propuesta del legislador priista es quitarle facultades a la Sedesol y que sean los ayuntamientos los que directamente operen los recursos y los programas federales de la dependencia


Yonadab Cabrera Cruz

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El diputado zavalista Humberto Aguilar Viveros pretende amarrarle las manos a la delegación de la Sedesol en Puebla —y favorecer con ello la operación electoral del PRI con miras a las elecciones del 2009 y 2010—, pues a través de la propuesta de diversas modificaciones a la Ley de Desarrollo Social en el estado, pretende quitarle facultades a la dependencia, como el hecho de que los enlaces de los programas en la materia en cada municipio del estado, sean ahora coordinados directamente por los ayuntamientos:

“Esta iniciativa propone la inclusión, participación y la vigilancia de los ayuntamientos a través de la designación de enlaces municipales en la aplicación de los programas federales de desarrollo social”, explicó Aguilar Viveros.

De acuerdo a la propuesta del priista, se adicionaría un párrafo al artículo 8, un párrafo al artículo 17, y se reforma la fracción V del artículo 10, el artículo 18 y la fracción II, del artículo 45 de la Ley General de Desarrollo Social, por lo que quedarían de la siguiente forma, si es que se aprueban estas modificaciones.

“Artículo 8: toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones, y apoyos tendientes a disminuir su desventaja (…) los apoyos y la atención a la población no podrán proporcionarse con fines políticos electorales, de lucro u otros distintos a los que se contemplen en las disposiciones aplicables, y en las reglas de operación de los programas correspondientes.”

La modificación al artículo 10 es para que los municipios sean los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social, de acuerdo a sus reglas de operación: “excepto en los casos expresamente asignados, legal, o administrativamente, a una dependencia, entidad u organismo federal, estatal o de distrito federal.”

Aguilar Viveros argumentó que estos cambios son necesarios, debido a que la Federación no permite a los municipios operar los recursos federales. Según el legislador priista, la política centralizada del Gobierno federal no permite un desarrollo homogéneo, es decir, que el gobierno de Felipe Calderón mantiene concentrados todos los recursos, por lo que su repartición es condicionada.

“El acuerdo federal no puede ser un medio de subordinación, de gasto discrecional, de mando y control de gobierno central sobre estados y municipios que son libres, soberanos.”

Humberto Aguilar aseguró que las autoridades federales olvidaron los principios bajo los cuales se supone que se debería de regir el programa Oportunidades, dejando fuera la posibilidad de que participen los gobiernos estatales y municipales: “Prohibiendo el contacto entre dichas autoridades y beneficiarios.”

En respuesta, el delegado de la Sedesol en Puebla, René Lezama Aradillas aseguró que las modificaciones que propuso el PRI a la Ley de Desarrollo Social del estado, sólo tienen fines político-electorales: “Todo este coro de críticas al trabajo federal en la entidad tiene como objeto armar una escenografía con interés político, yo quisiera ver que estos que critican predicaran con el ejemplo.”

El funcionario federal calificó esta propuesta del tricolor como “una buena puntada”, sin embargo, consideró que no es adecuado y dijo que los priistas no tienen la autoridad para criticar, “ni para darse baños de pureza a estas alturas de partido”.

Rene Lezama indicó que desde que inició la federalización de los recursos públicos, los gobiernos estatales se fortalecieron económicamente, pero dijo que son los gobiernos locales los menos transparentes; no publican la lista de beneficiarios, sus programas y resultados de éstos: “Pero son los que más critican, me da gusto que ya les empiece a preocupar la transparencia, objetividad y equidad de las reglas de operación de los programas.”

Finalmente, René Lezama pidió al gobierno del estado que no intervenga en los programas federales, ya que el gobierno de Felipe Calderón no mete las manos en los programas, asuntos y acciones de la administración de Mario Marín Torres.

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