Policías municipales no son confiables: Marín

El gobierno marinista inyectará recursos al programa Ángel Ciudadano

Reconoce el mandatario que no existe un control de parte del estado para la contratación y entrenamiento de policías municipales, justificando de esa manera la revuelta de Lara Grajales y la colusión de elementos con delincuentes para extorsionar y secuestrar a ilegales centroamericanos

Selene Ríos Andraca

El gobernador Mario Marín Torres reconoció que la delincuencia organizada se ha infiltrado a las distintas corporaciones policiacas, arrastrando a ministerios públicos, niveles medios y policías, por lo que exigió un castigo severo “para aquellos que traicionen la confianza de las instituciones”.

Durante la presentación de la asociación Ángel Ciudadano, encabezada por el vicepresidente nacional de Coparmex, Rogelio Sierra Michelena, Mario Marín coincidió con que el combate al narcotráfico y a la delincuencia es una obligación de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil.

Al término de la exposición de Ángel Ciudadano —programa de seguridad que promociona la denuncia ciudadana—, Mario Marín admitió que no existe un control sobre las corporaciones policiacas municipales, justificando así la revuelta del domingo pasado en el municipio de Lara Grajales.

Mario Marín lamentó que policías municipales de Lara Grajales hayan estado coludidos con los polleros para el secuestro y extorsión de los ilegales centroamericanos que intentaban cruzar el estado para llegar a Estados Unidos.

El gobernador explicó que unos de los problemas fundamentales de Lara Grajales, es que las autoridades del municipio “contratan al primero que se les ponga enfrente, sin investigar sus antecedentes”, al tiempo de asegurar que los policías coludidos provenían de Tlaxcala y Veracruz.

A dos semanas de haber propuesto la cadena perpetua para los secuestradores que hayan pertenecido a una corporación policiaca o que plagien a mujeres, discapacitados o menores de edad, Mario Marín comentó que su panorama ideal es no tener a más presos en las cárceles.

“Más vale prevenir que lamentar. Yo no quiero más cárceles en Puebla ni más reclusorios. Para qué queremos a más gente en la cárcel”, dijo el gobernador contradiciendo a Mario Montero Serrano, quien aseguró que con la propuesta de la condena vitalicia, el sistema penitenciario en la entidad tendría que incrementar el número de inmuebles para albergar a los procesados.

Por primera vez, después del enfrentamiento entre policías judiciales y los Zetas en los límites de Veracruz; tras el atentado que sufrió el subprocurador Víctor Pérez Dorantes; después de la detención de ocho presuntos Zetas en Tlapanalá y luego de la aparición de las narcomantas, Mario Marín habló de la delincuencia organizada que está infestando la entidad.

El mandatario reconoció que es urgente la nueva Ley de Seguridad que uniforme los criterios para la designación y entrenamiento de policías en los tres niveles de gobierno, ya que dijo, la autonomía de los ayuntamientos les permite no cumplir con los requisitos mínimos para la contratación de elementos.

“La seguridad pública ha sufrido un grave deterioro en el país. Es lamentable ser testigo de cómo la delincuencia organizada ha incrementado los grados de desafío contra las instituciones y la sociedad civil.”

Además, admitió que la delincuencia organizada ha infestado las corporaciones de seguridad del estado y del país, desde los mandos medios, pasando por ministerios públicos hasta la tropa policiaca.

“Necesitamos más de los mejores elementos, no queremos de los malos elementos. Tenemos que castigar, el secretario de Gobernación tiene esa instrucción, de castigar con todo el peso de la ley a aquellos que abusan de nuestra confianza y de las instituciones.”

Mario Marín dijo que uno de sus principales objetivos como mandatario ante el escenario nacional del crimen organizado y del enfrentamiento entre los cárteles, es mantener a Puebla como uno de los estados más seguros y tranquilos del país.
En ese sentido, aceptó la propuesta realizada por el asesor jurídico de Coparmex para la aplicación de pruebas de confianza a los elementos de las corporaciones en todos los niveles, entre las que destaca la prueba del polígrafo que es aplicada por el FBI.

Asimismo, Marín avaló la propuesta y el impulso del programa Ángel Ciudadano para la fomentación de la denuncia ciudadana, a través de una inyección de recursos estatales para la operación de la asociación.

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