Sí habrá elección en julio de 2010: Bailleres

La constitucional será en febrero y la secundaria, previa a las elecciones federales

El presidente de la Gran Comisión reiteró que la próxima semana, su bancada estará ultimando los detalles de su propuesta para conjuntarla con las del resto de las bancadas para iniciar el debate de la modificación a la Constitución de Puebla

Selene Ríos Andraca

José Othón Bailleres Carriles confirmó que la bancada priista, después de realizar el análisis pertinente, ha determinado que la elección a gobernador en 2010 se realizará en julio y no en noviembre, por lo tanto, antes del 13 de febrero el Congreso local estará aprobando la reforma constitucional para evitar el desacato al Congreso de la Unión y será hasta a mediados del segundo periodo cuando se modifique el Código de Instituciones y Procedimientos (Coipep).

En entrevista con Cambio, el presidente del Congreso y de la Gran Comisión reiteró que la próxima semana, su bancada estará ultimando los detalles de su propuesta para conjuntarla con las del resto de las bancadas para iniciar el debate de la modificación a la Constitución de Puebla.

Bailleres Carriles explicó que aunque la reforma a las leyes secundarias se realice hasta julio próximo, los tiempos se ajustan perfectamente para que la elección gubernamental se celebre en julio de 2010.

Por separado, el presidente de la Comisión de Gobernación, Pablo Fernández del Campo aclaró que el Congreso local está obligado a realizar la reforma constitucional en febrero próximo y que el hecho de realizar las modificaciones secundarias hasta julio, no son elementos de desacato constitucional.

Fernández del Campo dijo que tras un exhausto análisis de la reforma electoral, determinaron realizarlas en febrero como lo dictan los transitorios de la reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión en noviembre de 2007.

Sin embargo, la disposición del PRI para adaptar la Constitución y el Coipep es nueva, ya que hasta noviembre del año pasado, ni diputados ni funcionarios aceptaban los tiempos establecidos en los transitorios de la reforma y pretendían retrasar las modificaciones para que la elección de 2010 se llevara a cabo hasta noviembre de ese año.

El argumento jurídico de los priistas para impedir que se adelantara la elección de 2010 era que el plazo para la reforma era el próximo 12 de agosto, cuando el Tribunal Electoral dio por concluido el proceso electoral extraordinario otorgándole el triunfo al candidato del PAN en Felipe Ángeles.

Dicho argumento levantó entre la clase política en Puebla un fuerte debate sobre el ultimátum para que el Congreso llevara a cabo la reforma, ya que estaba en riesgo que el Poder Legislativo cometiera desacato.

La polémica alcanzó su grado máximo cuando el integrante del Consejo General, Alfredo Figueroa Fernández, disipó las dudas del priismo y marinismo que se negaban a la reforma, al asegurar que la elección de 2010 se llevaría a cabo en julio y no en noviembre.

El 18 de noviembre Cambio publicó en su primera plana la entrevista con el consejero: “Alfredo Figueroa advirtió que ningún partido político podrá emplear alguna argucia legal para impedir que la reforma electoral se aplique en la jornada de 2010, una vez que los plazos para la reforma ya se habrán concluido para febrero de 2009, puesto que el proceso extraordinario del municipio Felipe Ángeles no forma parte de los plazos.”

A la voz de Alfredo Figueroa se sumaron los consejeros electorales del IFE, Luis Garibi Harper y Federico González Magaña; del Instituto Electoral del Estado, Fidencio Aguilar y Olga Lazcano, así como los panistas Eduardo Rivera y Rafael Micalco.

Pero los afines al marinismo estipularon lo contrario. Personajes como Jorge Sánchez, del IEE, los tres magistrados del Tribunal Electoral y miembros de la bancada priista —entre ellos Bailleres y Fernández del Campo— rechazaron el ultimátum establecido en los transitorios de la Reforma y advirtieron que realizarían la reforma hasta agosto, por lo que la elección gubernamental se llevaría a cabo hasta noviembre del próximo año.

A los marinistas recalcitrantes, se le sumaron los periodistas más allegados al poder y escribieron una y otra vez que la reforma electoral se realizaría hasta agosto, y que era prácticamente imposible que la jornada electoral se adelantara.

Sin embargo, en plena celebración de la Revolución Mexicana, Mario Montero Serrano aclaró el ambiente y declaró ante diputados, funcionarios y medios de comunicación que el Poder Legislativo no cometería desacato y que la reforma estaría lista para febrero.

El 20 de noviembre, en su discurso el secretario de Gobernación señaló: “Estoy seguro que en Puebla avanzaremos en los temas que nos interesan a todos. No es momento para presagiar desacatos a la Ley en materia electoral federal, cuando los tiempos de la reforma local aún no se agotan, sobre todo cuando hemos demostrado con hechos que Puebla es respetuosa del entorno nacional y que defiende sin condición alguna la Constitución y sus principios. Para el gobierno de Mario Marín es claro que el diálogo nunca se agota, es lo que lubrica a la sociedad democrática en que vivimos.”

Y cinco días después esclareció las fechas: “Una vez que el gobernador rinda su Cuarto Informe se tendrá una reforma a la Constitución local, y antes de las federales, habrá organización de foros para que tengamos una amplia consulta para la reforma al código y en el segundo periodo de sesiones la reforma al código. Estamos en los tiempos correctos.”

PAN propone gubernatura de cuatro años

Ayer, Acción Nacional propuso una reforma integral en materia electoral que incluye, entre otras cosas, que el próximo gobernador dure en su cargo solamente cuatro años para que en 2015 se empaten las elecciones con la jornada federal.
La exposición panista incluye también que las gestiones de los 217 alcaldes y de los diputados se alargue a cuatro años, con el objetivo de que en 2015 se realicen votaciones para presidente de la República, diputados federales, senadores, legisladores locales, gobernador y alcaldes, así como las elecciones en juntas auxiliares.

Entre las propuestas se establece también la elección escalonada de consejeros locales; el candado a la representación y atribuciones al organismo electoral para que sancione a candidatos cuyos recursos sean originados por el narcotráfico y la delincuencia organizada.

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