Comienza venganza de Juárez Acevedo

Evidencia el comisionado los pretextos del marinismo para impedir el acceso a los convenios

A petición del comisionado, la CAIP exige a la Dirección de Comunicación Social permitir a un solicitante hacer una consulta directa de las facturas de los convenios pactados entre la administración y los medios de comunicación social

Selene Ríos Andraca

Una vez más, Antonio Juárez Acevedo se lanzó en contra del marinismo y exigió que la Dirección de Comunicación Social permita a un solicitante consultar de manera directa las facturas de los convenios con los medios de comunicación pactados por la administración marinista desde el inicio del sexenio. El comisionado destituido del organismo evidenció a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Oficina de la Gubernatura, al asegurar que los argumentos de ésta para reservarse la información son “absurdos”, cuya intención era mantener en secreto la información solicitada.

Antonio Juárez, comisionado destituido del cargo el pasado 15 de diciembre, fue el ponente del caso presentado por el periodista Ernesto Aroche y deliberó en la sesión de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, el porqué el organismo revocaba la negativa de la Oficina de Gubernatura y exigía que el solicitante tuviera acceso a la información.

La única salvedad que estableció Juárez Acevedo —cuyo proyecto fue avalado por unanimidad— es que el solicitante no tenga acceso a las facturas registradas con personas físicas, ya que contienen datos personales que protege la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por ello, en los próximos 15 días, la Dirección de Comunicación Social —encabezada por Javier Sánchez Galicia— tendrá que abrir el misterioso archivo de los convenios pactados entre el gobierno y los medios de comunicación local y nacional.

En años anteriores, la comisión ha tenido que pelear con la Dirección de Comunicación Social para que transparente los gastos en esta área, y que en 2006, los solicitantes sólo consiguieron un breve resumen de los gastos realizados por la administración en la maquila y difusión del medio informativo Avances.

El periodista Ernesto Aroche solicitó lo siguiente: “Solicito acceso in situ a las facturas que se han pagado desde el inicio de la administración de Mario Marín por concepto de promoción, publicidad y difusión en los diversos medios de información relacionados con actividades de comunicación social y la promoción de la imagen institucional de las dependencias y entidades del gobierno estatal, lo anterior basado en lo que Clasificador por Objeto de Gasto establece como Gastos de propaganda e imagen institucional, partida 3601, pero además cualquier otro gasto incluido en cualquier otra partida que sirva para los propósitos señalados.”

Y la Oficina de la Gubernatura respondió que la información solicitada estaba clasificada como “reservada” debido a que su difusión ponía en peligro la estabilidad económica de la entidad y que además era información que el Órgano de Fiscalización Superior tenía en su poder. Incluso, otro pretexto en el que se basó la dependencia fue el secreto fiscal.
Otro argumento para rechazar la información fue basado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el sentido en que ningún funcionario puede entregar información de manera indebida.

El comisionado Antonio Juárez desechó uno a uno todos los argumentos de la Oficina de la Gubernatura, incluso los clasificó como absurdos y refutables, por las razones expedidas en la negativa al solicitante.

En primera instancia, Juárez Acevedo reprochó que la Oficina de la Gubernatura reservara la información por 12 años, cuando en la reforma a la Ley de Transparencia llevada a cabo el 17 de julio, se redujo el periodo de reserva a siete años.
El comisionado consideró que el hecho de que el solicitante acceda de manera directa a las facturas no es un factor para propiciar una inestabilidad económica o que ponga en riesgo al estado.

De acuerdo las leyes fiscales a nivel estatal y federal, la Dirección de Comunicación Social no tiene facultades fiscales, por lo que el pretextado secreto fiscal no es un argumento para bloquear la información, especificó el comisionado.

Sobre el argumento de que la información estaba en manos del Órgano de Fiscalización Superior, Antonio Juárez dejó en claro que la solicitud estaba dirigida correctamente al área que se encarga de firmar los convenios con los medios de comunicación.

Y por último, el comisionado le recordó a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Oficina de la Gubernatura que ningún funcionario hará entrega indebida de información porque para eso existe una Ley de Transparencia, por lo que calificó de pueril el argumento.

El proyecto de Juárez Acevedo fue avalado por unanimidad, por lo que Javier Sánchez Galicia abrirá el cajón de los convenios.

Copyright 2008 / Todos los derechos reservados para M.N Cambio /