Se evidencia el contralor estatal en el Congreso

Las fracciones del PAN, PRS y Nueva Alianza lo califican de irresponsable, mentiroso e ignorante

Melitón Lozano Pérez, cuestionó a Sánchez Ruiz respecto a las nuevas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Miguel Ángel Cordero / Selene Ríos Andraca

Como irresponsable, mentiroso e ignorante de los estudios y leyes de transparencia quedó evidenciado el titular de la Secretaría de Desarrollo Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap), Víctor Manuel Sánchez Ruiz, por los coordinadores de las fracciones parlamentarias del PAN, PRD y Nueva Alianza.

Ayer, en la comparecencia ante el Congreso del Estado, el representante de la fracción panista, Eduardo Rivera Pérez, se lanzó contra el secretario al señalarle que sólo guardó el expediente del comisionado de Acceso a la Información Pública, Antonio Juárez Acevedo, sin aportar algún elemento en el proceso jurídico que enfrentó, que no ha sancionado a ningún funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública por las obras de baja calidad y demora en la entrega y que no trabaja, ya que exige pruebas de las acusaciones cuando es la responsabilidad de la contraloría encontrarlas.

En tanto, el coordinador de la fracción perredista, Melitón Lozano Pérez, cuestionó a Sánchez Ruiz respecto a las nuevas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El contralor aseguró que aún están en tiempos para hacer las modificaciones, aunque la reforma entró en vigor hace siete meses. En respuesta, el contralor divagó otra vez y cambió de tema. Sin embargo, esto es mentira, dado que tales modificaciones debieron aplicarse desde el pasado 18 de julio.

La reforma del año pasado incrementó a 14 aspectos las obligaciones de los sujetos obligados, que detalla el artículo nueve de la mencionada ley. Las dos modificaciones faltantes son: la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas y morales; y la información completa y actualizada de los indicadores de gestión. De acuerdo a los transitorios del dictamen publicado el 18 de julio de 2008 en el Periódico Oficial, la administración marinista contará con un plazo exclusivo para transparentar los indicadores de gestión y los índices de medición.

Por su parte, el coordinador de la fracción de Nueva Alianza, Gustavo Espinosa Vázquez, le recordó a Sánchez Ruiz los estudios de Transparencia Mexicana y del Gabinete de comunicación Estratégica que colocan a la Entidad en los primeros lugares de corrupción. La respuesta del funcionario fue que estas “críticas de agentes” son sólo de percepción, no de hechos y tal ambigüedad les impide actuar con contundencia. Agregó que los indicadores de Transparencia Mexicana no tienen que ver con la administración estatal “necesitamos hechos, no percepciones”.

Posteriormente en entrevista, Sánchez Ruiz dijo que no le interesa platicar con quienes lo descalifican, refiriéndose a las instituciones de transparencia.

PAN vs el contralor

Rivera Pérez cuestionó a Sánchez Ruiz respecto al motivo por el cuál no se han sancionado a funcionarios por las obras caras, tardadas y deficientes, por qué no hubo ninguna resolución respecto al caso Juárez Acevedo, y por qué no valora la contraloría los estudios de intelectuales respecto a la corrupción del Estado.

Sánchez Ruiz pidió que se demostraran hechos y no calificativos. Aseguró que la dependencia hace auditorías constantes a constructoras, por lo cual no entendía la razón por la que se le dio el denominador de costos altos y deficientes a las obras “las acusaciones sobre el tema de obra son especulativas (…) confiamos en las empresas poblanas, en su honestidad”. Respecto al tema de Juárez Acevedo respondió que nunca determinaron nada para no marcar alguna tendencia contra el funcionario.

Ante tales señalamientos, Rivera Pérez le replicó que si requiere siempre pruebas de cualquier señalamiento, entonces “¿cuál es su trabajo, señor secretario?”. El diputado pidió que el funcionario se “meta” en la investigación de las obras y en los bajos indicadores de transparencia que “no son opiniones del PAN, sino de académicos”.

Entrevistado al termino de su comparecencia agregó que no hubo una sola obra que con pruebas los panistas demostraran alguna irregularidad.

Por su parte, Rivera Pérez anunció que recurrirán a la Auditoría Superior de la Federación para que se revisen los recursos de los excedentes petroleros y quede en evidencia la ineficaz administración del contralor. Criticó además que el funcionario informara en su comparecencia la sanción contra un servidor publico que daño una cámara de video: “debería ir por los peces gordos y no los pequeños que sólo sirven para llenar su Informe”. Insistió en que la responsabilidad de hallar pruebas es de la Sedecap y no de quienes denuncian según el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.

¿Los resultados?

A través de un boletín, la Sedecap destacó sus logros en 2008 que consistieron en la sanción de 31 servidores públicos y la inhabilitación de una empresa en ese año. Del total de las disposiciones aplicadas a funcionarios de menor nivel, 12 se refieren a inhabilitaciones, 10 a sanciones económicas, siete a suspensiones, cinco a destituciones, dos restituciones económicas, tres amonestaciones privadas, y ocho amonestaciones públicas.

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