En el fondo, las acciones ejecutivas del presidente de los EU sobre control de armas se redujeron a querer reinstaurar la prohibición de compra de armas de asalto y ninguna de ellas se refirió a la venta libre de otras armas de fuego. Las únicas restricciones son las que ya existían: revisión de las solicitudes. En este sentido, las decisiones de la Casa Blanca desencantaron a los que esperaban restricciones para todas las armas y modificaciones a la Segunda Enmienda.

Las veintitrés acciones ejecutivas y los cuatro objetivos se reducen a cuestiones muy concretas:

--Prohibir la venta de rifles de asalto que usan los militares y limitar capacidad a 10 balas.

--Vigilar el cumplimiento estricto de la información que se entrega para comprar armas.

--Vigilar que enfermos mentales no usen armas, aunque para ello se convierta a los médicos en policías que pregunten a los enfermos si tienen armas.

--Y poner en riesgo garantías individuales al utilizar conceptos como “personas potencialmente peligrosas”.

El debate abierto por el presidente Obama como efecto de la matanza de niños en Newtown, Connecticut, dejó entrever la posibilidad de modificar la Segunda Enmienda Constitucional de 1791 que establece la doctrina de que el derecho a poseer armas es una condición para “la seguridad del Estado”; es decir, que armas en manos de los ciudadanos fortalecen el Estado. La Enmienda dice textualmente así: “siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del Pueblo a poseer y portar armas no será infringido”.

Las decisiones ejecutivas de la Casa Blanca de hecho no modificaron la posesión de armas sino que se buscarán que el Congreso sólo restaure las restricciones de venta de armas de asalto de uso militar, tampoco redujeron la posibilidad de posesión de armas y, eso sí, aumentaron los mecanismos de vigilancia policiaca sobre los ciudadanos al establecer la indagación del estado de salud mental de los ciudadanos para evitar que algunos desquiciados usen las armas, a partir de datos oficiales de que el 25 por ciento de los estadunidenses sufre alguna clase de problema de salud mental.

Aunque la Casa Blanca considera que no existen restricciones legales para obtener información de propiedad de armas en manos de potenciales enfermos mentales, ello implicará una vigilancia policiaca que viola los derechos de los ciudadanos porque la policía, en base a datos de los médicos, pues establecer qué personas son “potencialmente peligrosas”, igual que las leyes patrióticas de Bush decretaron posibilidades de que la policía decida quién puede ser un terrorista sin pruebas legales.

El problema de resultado fue producto de las expectativas levantadas por el gobierno de Obama para reformas la Segunda Enmienda. Pero la oposición interna, mucho más allá de la Asociación Nacional del Rifle --que aumentó su membresía en cien mil socios en las últimas semanas--, tiene que ver con el hecho de que los casos de masacres estudiantiles son menos que la seguridad que tienen millones de ciudadanos de poseer armas como una forma de seguridad personal y de ahuyentar delincuentes.

La parte más importante de las decisiones de Obama, más allá del debate sobre la prohibición a venta de rifles de asalto y cargadores de balas no mayores a diez, tiene que ver con el papel de policías que deben de jugar los médicos al examinar a posibles enfermos mentales en cualquier grado e indagar si poseen armas. De acuerdo con algunos analistas, la Ley de Asistencia Asequible, promulgada por Obama en el 2010 y diseñada por republicanos, no contempla la posibilidad de preguntas que tienen que ver con el criterio de “personas potencialmente peligrosas”, algo que recuerda el cuento del escritor de ciencia ficción Philip K. Dick titulado “El informe de la minoría” y cuenta la historia de una policía que tenía datos cibernéticos sobre delitos futuros y arrestaba a los “potenciales” delincuentes.

Las iniciativas de la Casa Blanca pasan por alto dos hechos: la mentalidad de violencia del ciudadano estadunidense como producto de la doctrina militar de seguridad nacional y la carga histórica de que los EU se consolidaron justamente por el uso de las armas por parte de sus ciudadanos. Los muertos en balaceras en centros educativos no llegan a doscientos, aunque el efecto mediático ha sido mayor. Y puestos a elegir, la mayoría sigue pensando que la posesión particular de armas es una seguridad ante el avance de la delincuencia.

Lo que se va a debatir también es el costo de la política antiarmas de Obama, pues un cálculo de The Weekly Standard habla de cuatro mil 500 millones de dólares, sólo cuatro mil para los quince mil policías que Obama quiere mantener en las calles.

La posesión ciudadana de armas es parte de la cultura histórica de los estadunidenses y su modificación requiere de una reforma constitucional hasta imposible de prever. La vinculación de armas con violencia es correlativa con las políticas de guerra de los EU como potencia mundial: invadir Irak por venganza de Bush, atacar Afganistán para matar terroristas, proteger a militares que matan civiles en operaciones de guerra y celebraciones presidenciales por el asesinato de terroristas. ¿Por qué no salir completamente de Irak y Afganistán y prohibir más invasiones por los más de cien mil civiles muertos?

Al final, Obama sólo comandó un acto mediático.

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