El caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en acciones policiacas que se registraron hace dos meses en Iguala, del mismo estado, ha venido a detonar la creciente inconformidad de la población con lo que se está viviendo, en mayor o menor grado, en todo el país.
Ese hecho vino a poner de manifiesto la complicidad de algunas autoridades con la delincuencia, lo que ha dado lugar a un escándalo internacional.
El gobierno de la República, se ha visto en la necesidad de facultar al Congreso para expedir una ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales; definir con precisión las competencias de cada autoridad en el combate al delito; desaparecer prácticamente a las policías municipales, para establecer policías estatales únicas obligatorias; establecer un teléfono único para pedir auxilio en caso de emergencia; tener clave única de identidad.
Habrá un operativo especial en la tierra caliente de Guerrero y Michoacán, donde actualmente se encuentran los focos de delincuencia organizada más activos y peligrosos; realizar acciones, a nivel nacional para fortalecer los derechos humanos; realizar las reformas que sean necesarias, para combatir la corrupción; impulsar la transparencia y participación ciudadana, principalmente en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas, donde los problemas de inseguridad parecen más graves en este momento.
AL TIEMPO QUE EL PRESIDENTE DABA A CONOCER su proyecto en palacio nacional, ante su gabinete y los gobernadores de todo el país, así como los presidentes de los poderes Legislativo (diputados y senadores) y Judicial, en la ciudad de Puebla, el presidente municipal Antonio Gali y los demás integrantes del Comité Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre; delegados de la Sagarpa, Alberto Jiménez Merino; de Sedesol, Juan Manuel Vega Rayet; del programa “Prospera”, Nancy de la Sierra, así como el secretario general de gobierno, Luis Maldonado Venegas, en representación del gobierno estatal, firmaban un convenio para ampliar y hacer más efectivo el programa.
Se acordó destinar el dos por ciento de recursos públicos a los más necesitados, no sólo con la entrega de alimentos, sino incluirlos en los programas de proyectos productivos, para incorporarlos a la vida económica de Puebla y del país.
El objetivo no sólo es evitar el paternalismo, consistente en ayudar a los pobres con alimentos o recursos, sino impulsar programas para que ellos mismos encuentren caminos, con los apoyos necesarios, para resolver su problema de subsistencia.
Se ha dicho que los problemas de elevada delincuencia e inseguridad que agobian a la ciudadanía mexicana, se deben en gran parte, al programa económico que se aplica en el país, el modelo neoliberal, que ha demostrado su fracaso, ya que ha propiciado el desempleo, la pobreza, la desigualdad y todo lo que de ello se deriva.
Si el modelo no se cambia, todo lo que se haga para resolver el problema social, no pasará de ser un remedio pasajero, dicen.
EN UN PROGRAMA PARA AMÉRICA LATINA de la televisión alemana (DW) fueron entrevistados: una corresponsal de prensa alemana en varios países latinoamericanos; un politólogo y un filósofo, alemanes todos, que dominan el idioma español sobre los problemas de México.
Es interesante saber que para ellos, México no es un “Estado fallido”, sino un país al que a su gobierno actual, le estalló un problema que se ha venido gestando desde hace por lo menos tres décadas; que México tiene recursos para enfrentar su problemática, por ser un país grande, su tamaño es varias veces el de Alemania, con recursos naturales y con gran diversidad cultural y racial; hay un problema que no es nuevo sino que ha existido siempre en este país, que es el de la corrupción al que deben aplicarse los esfuerzos de las autoridades para combatirlo. Ese problema no se va a terminar por decreto, pues hay necesidad de aplicar medidas efectivas y luchar contra él en forma permanente. Opiniones que nos parecen sensatas y objetivas.
