Luis Maldonado sentándose a negociar con las organizaciones inconformes con medidas autoritarias. La PGJ desvaneciendo siete cargos gravísimos contra los pobladores de Chalchihuapan detenidos antes de iniciar el violento desalojo. Facundo Rosas, quieto en el banquillo de los acusados, enfrentando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El gobernador Rafael Moreno Valle lamentando la muerte del menor Tehuatlie y enviándole condolencias a su madre Elia Tamayo. La Contraloría estatal anunciando una auditoría a la SSP y abriendo la puerta para sancionar a los policías que se equivocaron en el desalojo. Víctor Carrancá revisando los expedientes de los 33 llamados presos políticos para proceder a la liberación de los que todavía están detenidos.

Todas estas acciones, ejecutadas de voluntad propia y en el momento adecuado, le hubieran ahorrado al gobierno morenovallista la mayor crisis sexenal que hayan tenido. Pero pesó más la soberbia de no ceder, de no mostrarse débiles, de no cortar fusibles, que una voluntad política real para recomponer el modelo de gobernabilidad. Ahora, todas estas medidas se ejecutan bajo la orden de la Secretaría de Gobernación y de Miguel Ángel Osorio Chong, quien tomó la decisión de hacerle mano de puerco al gobierno estatal antes de que el proceso de desestabilización en Puebla avanzara.

En las últimas cuatro semanas, el régimen morenovallista vivió una odisea para culminar en el punto al que siempre debió llegar: dar un paso atrás en la represión política, sentarse a dialogar con los grupos disidentes y buscar cómo acomodar culpas de la muerte del menor Tehuatlie para evitar que la crisis tocara la imagen del gobernado. El saldo nacional de la aventura es brutal: como ayer demostró la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, 88 por ciento de los mexicanos no cree la versión oficial de la onda expansiva como causa de la muerte del niño.

El gobierno morenovallista perdió la batalla de la credibilidad, y con eso, manchó la imagen de un gobierno modernizador que tenía las herramientas para construir un proyecto de corte nacional. Ahora, es probable que esa idea continúe, pero en otras condiciones de las que mucho dependerá, además del 88 por ciento que no cree la versión oficial, el resolutivo final de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahora activísimo por el caso que antes menospreció.

La coyuntura de la reelección de Plascencia Villanueva como ombudsman nacional rompió el perverso conflicto de interés que el presidente de la CNDH construyó cuando aceptó premios y halagos de manos del Góber Bala a finales de mayo. Expuesto ante los medios nacionales y presionado por las organizaciones y activistas de derechos humanos que meterán mano en el proceso de reelección, Plascencia Villanueva dio un giro al sentido de la investigación cuando le dio el grado de “violaciones graves” a los derechos humanos.

No puede desdeñarse el factor político, incluso más allá del peso que pueda tener la presión de ONGs y activistas. Para reelegirse, Plascencia Villanueva necesita el voto de los 54 senadores del PRI, mayoría en la Cámara alta. Impensable un escenario alterno. ¿Y cómo va a conseguir el favor de Gamboa y sus compañeros? ¿Qué les puede dar? ¿Negoció Gamboa no presentar el violentísimo punto de acuerdo contra Moreno Valle a cambio de una recomendación fortísima de la CNDH contra el gobierno poblano? Todas las hipótesis caben.

Los mandan. De un día para otro, Plascencia Villanueva se puso las pilas. El jueves boletinó que la investigación sobre los hechos de Chalchihuapan habían tomado un giro al calificarse de “graves” las violaciones a los derechos humanos. Luego, entre viernes y lunes, su primer visitador dio muchas entrevistas en medios nacionales de comunicación para explicar la intervención del ombudsman. Ayer, boletinó el citatorio a Facundo Rosas Rosas para rendir informe sobre los hechos ocurridos “por actos atribuibles a servidores públicos a cargo del ingeniero Rosas Rosas”. Si no prejuzga, el comunicado de la CNDH deja en claro que el titular de Seguridad Pública está sentado en el banquillo de los acusados.

El gobierno no debe leer mal el descenso de la batahola mediática: si el niño Tehuatlie ha comenzado a desaparecer se debe a la dinámica misma de los medios nacionales de comunicación, a la búsqueda de un nuevo escándalo porque Moreno Valle perdió la batalla de las percepciones. Esa derrota mediática puede convertirse en política de acuerdo al fallo de la CNDH, así como la extensión del mismo, puesto que ahora el ombudsman nacional no solo tiene facultades para emitir recomendaciones, sino para denunciar ante el ministerio público.

¿Qué va a pasar si la CNDH emite un resolutivo que derrumbe la teoría de la onda expansiva y los “infiltrados” que dispararon cohetones que no dejan rastros de pólvora? Por si fuera poco, parece que el resolutivo viene para septiembre, cuando ya haya arrancada el periodo ordinario de sesiones. ¿Sin reformas secundarias para negociar, qué va a detener al PRI?

Moreno Valle lee mal: la crisis no ha terminado. Que no sienta la asfixia del tsunami mediático es una cosa, pero que el fantasma de Chalchihuapan lo haya dejado de perseguir es otra cosa.