Una buena cantidad de ilusos esperaba que ayer el Senado dictaminara la desaparición de Poderes en Guerrero, que diera paso a la caída, por fin, de Ángel Aguirre Rivero. Se quedaron esperando: ni cayó, ni caerá, como tampoco lo hará cualquier otro gobernador desprestigiado, sea del PAN, PRD o PRI. Y no ocurrirá por una simple razón: la caída de un gobernador es abrir la puerta para que más tarde caigo otro, y luego otro, hasta llegar a la cifra de los 17 mandatarios estatales que Salinas de Gortari decapitó en el sexenio 1988-94. Y no ocurrirá porque Enrique Peña Nieto, en sus tiempos como mandamás del Estado de México, generó el sindicato mafioso de gobernadores que en 2006 impidió la caída de Mario Marín y de Ulises Ruiz.

En efecto: la única regla vigente del actual sistema político es la complicidad que otorga la impunidad. PAN, PRD y PRI podrán enfrentarse electoralmente en la disputa de alcaldías, gubernaturas, senadurías y la Presidencia. Pero entre todos ellos existe un acuerdo expreso para cerrar filas a la hora de exigir responsabilidades políticas por actos de corrupción o negligencias gubernamentales. En la República Mafiosa, se vale que todo quede en descalificaciones mediáticas, la única arena válida de las disputas. Pero en el terreno jurídico, todo pasa y todo se empantana.

La partidocracia se protege a sí mismade los reclamos ciudadanos. Si PRD, PAN y PRI se unen para cortarle la cabeza a Ángel Aguirre, responsable de la crisis política generada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, qué impide que mañana se pida la cabeza de Eruviel Ávila, gobernador del Edomex señalado ayer por la CNDH como corresponsable de la matanza realizada por militares en Tlatlaya, o más tarde la del gobernador poblano por los hechos de Chalchihuapan y la muerte del menor José Luis Tehuatlie.

Como anunciaban los comerciales de una obra de teatro de cuyo nombre no quiero acordarme, entre políticos podrán despedazarse, pero jamás se harán daño. El pacto mafioso de los gobernadores, un acuerdo de protección mutua, lo inauguró el hoy presidente Peña Nieto, quien como gobernador del Edomex tendió un manto de protección en 2006 a los góbers precioso y horroroso, Mario Marín y Ulises Ruiz, ante la petición de entregar sus cabezas tras los graves hechos de ese año en Puebla y Oaxaca.

En efecto: en el marco de las elecciones presidenciales de 2006, los gobernadores de Puebla y Oaxaca vivieron un fuego inclemente, muy parecido al que hoy enfrenta Ángel Aguirre Rivero. En el caso de Marín por el escándalo Cacho, y en el de Ruiz por el enfrentamiento con la Sección 22 del SNTE que paralizó por varios meses su ciudad capital. Lastrado por esos dos góbers, Roberto Madrazo sopesó la idea de entregar sus cabezas con el objetivo de que su campaña electoral tomara vuelo. Contra esa solicitud se impuso Enrique Peña Nieto, jefe del sindicato de gobernadores.

Como narra Madrazo en su libro La Traición, los gobernadores del PRI se reunieron en Ixtapan de la Sal a solicitud del mexiquense, donde planteó el anfitrión que si entregaban las cabezas de Marín y de Ulises Ruiz, qué iba a impedir que siguiera cualquiera de ellos. Así, los mandatarios de Puebla y Oaxaca se mantuvieron en el poder a costa de que el PRI se fuera al tercer lugar en la elección presidencial.

Ya como presidente, Peña Nieto no puede romper el dogma que creó como gobernador del Edomex. Por eso ayer el PRI se sumó al discurso de la salida, pero en los hechos, paralizó la votación de la desaparición de Poderes en el Senado para darle más tiempo a Aguirre a recuperar el control de su estado, o a esperar que un nuevo escándalo atraiga la atención de la opinión pública nacional o internacional.

Por ese pacto de impunidad, el país va de tumbo en tumbo. Por eso el edil de Iguala pudo, convenientemente, escapar pese a que él o su esposa dieron la orden de masacrar a los normalistas. Por eso el PRD tuvo que crear una aureola de protección pese al desprestigio. Por eso Eruviel se mantiene en el poder en Edomex pese a la crisis de seguridad pública, Guillermo Padrés pese a su presa, o todavía se desconocen los nombres de los policías procesados por su responsabilidad en Chalchihuapan.

Los políticos se protegen unos a otros, sean amarillos, azules, tricolores o naranjas. Y cuando algún ciudadano se cuela a esa clase política, se vuelve como ellos. El pacto mafioso de los gobernadores es una muestra más de la República de la Impunidad.