Que antes del mecanismo para la designación de los nuevos consejeros del Instituto Estatal Electoral que será establecido en las leyes secundarias de la Reforma Política, el morenovallismo estaba pendiente y angustiado por el futuro que le espera al particular modelo de alianzas electorales aplicado en 2013: las candidaturas comunes. Al final, la experiencia de Puebla le sirvió al PRI nacional que, de plano, rechaza absolutamente tal modelo en la nueva Ley de Partidos Políticos que desaparecerá tanto al Código Federal como al Local en materia electoral. De prosperar el veto, el morenovallismo recibirá un golpe mortal de cara a su proyecto sucesorio en 2016, así como en los procesos de 2018.

En efecto: las modificaciones al Código Electoral de Instituciones y Procesos Electorales que en 2012 aprobó el Congreso poblano por unanimidad —incluido el voto del PRI— creó una forma de alianza electoral entre partidos: las candidaturas comunes. De acuerdo con esta figura, diferente a las coaliciones totales o parciales, permite a los partidos políticos para unirse específicamente para un tipo de elección, en uno o varios distritos o municipios, sumando sus votos en el conteo final sin necesidad de haber firmado un engorroso convenio de coalición que reparte porcentaje de votos y prerrogativas.

No se sabe qué pensaba el PRI poblano cuando decidió avalar tal figura que, meses después, se convirtió en la herramienta fundamental del morenovallismo para ganar las elecciones intermedias en 2013, específicamente la mayoría en el Congreso poblano gracias a las candidaturas comunes con Movimiento Ciudadano y el PSI. De acuerdo a los cálculos electorales más sólidos, sin esa figura la coalición “Puebla Unida” no hubiera podido imponerse en cerca de 10 distritos electorales y casi 40 municipios.

Sin candidaturas comunes en 2013, otro sería el escenario político en Puebla. La representación en el Congreso estaría más equilibrada, el morenovallismo no sería tan hegemónico y el PRI no tendría un escenario tan adverso que remontar. La culpa histórica de la creación de las candidaturas comunes recayó en el coordinador parlamentario del tricolor, Edgar Salomón Escorza, quien tuvo una justicia poética al caer en la búsqueda de la alcaldía de San Martín Texmelucan a manos de la candidatura común del empresario Rafa Núñez, postulado por el PT, “Puebla Unidad”, PSI y MC.

El morenovallismo hizo de Puebla un laboratorio electoral y quiere exportar su modelo a la nueva legislación electoral que desaparecerá los 32 Códigos electorales locales y el federal. La discusión de las leyes secundarias de la Reforma Política, que debieron quedar aprobadas el 30 de abril, se entrampó por la petición de PAN y PRD de varios candados y nuevas regulaciones polémicas. El atorón legislativo, como le llaman los medios de comunicación, es el chantaje de no aprobar la legislación en Telecomunicaciones y Energética hasta que la nueva Ley de Partidos y la Ley de Procedimientos electorales que regularán todas las elecciones federales y locales del país.

Los partidos ya encontraron el consenso en la mayoría de los temas que integrarán la las leyes secundarias de la Reforma Política, y cuyo dictamen podría arrancar hoy por la tarde. En el caso del PRI la definición es muy clara: las candidaturas comunes no van, pese a la petición del PAN y PRD. El análisis del caso Puebla fue determinante para tomar la decisión que toma mayor peso en la coyuntura de un gobernador hiperactivo rumbo a 2016 y 2018, y quien goza de capacidad de articular a varios partidos en su esfera de apoyo.

La cúpula del PRI nacional —Peña Nieto, Osorio Chong, Videgaray y César Camacho— no quiere enfrentar en ningún municipio, estados, distrito o incluso la elección presidencial un escenario parecido al de Puebla en 2013: todos contra el tricolor.

La desaparición de las candidaturas comunes le abre un boquete al morenovallismo rumbo a la sucesión de 2016. En la batalla por la minigubernatura podrá haber coaliciones totales o parciales, pero en ningún caso candidaturas comunes. Si PSI y MC otra vez “le quieren hacer el caldo gordo” al régimen y a cualquiera que sea su delfín, tendrán que afrontar los conflictos eventuales de un convenio que les quitará prerrogativas, tiempo en medios, así como la adhesión a una plataforma electoral.

Para resumir: la Reforma Electoral parece que va a quitarle a Moreno Valle su arma favorita contra el PRI. La orden es del Presidente y la opera Emilio Gamboa. Así de simple.