La noticia de la clausura de Concesiones Integrales por parte de la Profeco generó una explosión de júbilo en las redes sociales por parte de los poblanos cansados de los abusos tarifarios, pero para el morenovallismo fue una cubetada de agua fría. Se trata de un mensaje siciliano del gobierno federal a Moreno Valle. Una advertencia seria por su activismo en Jalisco, Nuevo León y Tabasco para forzar la introducción de las candidaturas comunes en las leyes electorales de esos estados. El golpe mediático muestra el estado de fragilidad real del poblano pese a sus sueños de poder: un recordatorio de que ningún gobernador puede jugar a las vencidas con el Presidente, ni con su partido. Moreno Valle es un rehén útil al interior de Acción Nacional, pero no por ello puede saltarse las trancas.

La orden de suspensión no salió de la delegación local a cargo de Carlos Hernández, sino que fue una orden directa de la Profeco nacional a cargo de Lorena Martínez Rodríguez. El marinista es un personaje menor que no se hubiera aventado tamaño tiro. Y aunque en los últimos días se habían acumulado las quejas por los aumentos excesivos por parte de colonos, empresarios y hoteleros, la dependencia federal actuó con una velocidad inusitada.

Para entender la clausura de la empresa que gestiona la privatización del agua desde el 22 de mayo, pero que ganó la concesión desde el 26 de diciembre de 2013, hay que mirar el bosque y no el árbol. Al final, las nuevas tarifas fueron aprobados por la mayoría morenovallista en el Congreso local de acuerdo a las facultades de la Ley del Agua. ¿Por qué irse sobre la empresa concesionaria?

Muy fácil: el proceso privatizador del agua, conducido en plena opacidad, es el flanco más vulnerable del morenovallismo. Concesiones Integrales es una empresa que, antes de recibir la concesión no existía, pero que se constituyó a partir de ganarla para dar cabida a tres empresas: Aguas de México, Epcor y Ticsa. Pero el gobierno morenovallista nunca oficializó los términos de la entrega. Y mucho menos explicó qué se hizo con los mil 400 millones que pagó como contraprestación inicial, ni cómo avanzarán los pagos subsecuentes.

El contrato de concesión, además, nos dejó a los usuarios en estado de indefensión, ya que por ningún lado aparecen nuestros derechos como consumidores, ni los mecanismos de reclamación o de sustitución de los medidores.

La clausura de Profeco, mediáticamente, alentará a los usuarios a quejarse por la prestación abusiva del servicio. De alguna forma, es dar la razón a los ciudadanos y empresarios que no entienden ni saben por qué de un día para otro deben pagar aumentos que van del 60 al 300 por ciento. Por si fuera poco, da aire a los diputados del PRI que votaron en contra de la reforma a las tarifas del agua, y han demando una reversión a la privatización.

Para abonar a la teoría de la conspiración, fue la propia directora de Profeco nacional, Lorena Martínez Rodríguez, quien el 24 de mayo anunció un programa para revisar a los organismos operadores de agua con participación privada durante una gira en Coahuila, derivado de la gran cantidad de quejas en contra de Agsal, la concesionaria de aguas en Saltillo. El objetivo es que, en los laboratorios centrales de la procuraduría se analicen los medidores para ver si miden agua o aire, además de revisar los contratos de adhesión que deben ser registrados en Profeco.

Y aunque el problema comenzó con Agsal, resulta que Concesiones-SOAPAP es la primera empresa en ser sancionada, pese a que hace poco más de un mes que se hizo del control del agua. En política no hay casualidades. ¿No había otras empresas en el país para sancionar, con más tiempo en la prestación del servicio?

Así que si el objetivo son los medidores, y no las tarifas, va a pasar un buen tiempo para que Profeco le quite los sellos de suspensión a la concesionaria del agua en Puebla, lo que detendrá los cobros abusivos y alentará la protesta social contra el régimen morenovallista por hacer del vital líquido un negocio que beneficiará en los próximos 30 años.

Moreno Valle ya estaba trepado en su ladrillo, flotando en sus sueños presidenciales, pero el mensaje siciliano del gobierno federal lo va a hacer regresar a la realidad. Ni hay pactos, ni es más poderoso que Peña Nieto, ni puede intentar jugarle las contras en otros estados. Gobierno en Puebla y opera al interior del PAN para los intereses del Presidente. Ni un paso atrás, ni un paso adelante.