Con información incompleta, el secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, acudió ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a comparecer sobre lo ocurrido en el desalojo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan el pasado 9 de julio en la autopista a Atlixco, quien no aceptó algún tipo de responsabilidad por la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, y de otros civiles que resultaron con lesiones graves como Martín Romero, quien perdió el habla a consecuencia de la perforación que le causó un proyectil en la mandíbula izquierda.

Al funcionario local le hizo falta entregar detalles como los nombres de los policías que participaron en el operativo, las características del armamento que utilizó cada uno, así como de las cápsulas de gas que fueron lanzadas, entre otras cosas, por lo que el titular del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, le pidió no sólo enviar la información por escrito, sino regresar dentro de tres días hábiles para aportar dichos datos.

Arribó a las instalaciones centrales media hora después de que fue citado, y a pesar de que reporteros de Puebla y representantes de medios nacionales le solicitaron unos instantes para registrar mejor sus imágenes, no accedió, a diferencia del ombudsman quien lo alcanzó a las 12 en punto. Raúl Plascencia sí saludó a los reporteros y esperó para la captura de imágenes.

En la hora y media que duró el encuentro, los visitadores de la comisión cuestionaron en más de cien ocasiones al funcionario, y aparte de no aportar información completa, no quiso dar detalles del dictamen que dio a conocer el procurador Víctor Carrancá Bourget en el que concluyó que fue la onda expansiva de un cohetón lo que causó la herida en la cabeza a Tehuatlie Tamayo, pues el secretario justificó que no corresponde a su área.

Pese a ello, se le pidió entregar dicha información, independientemente de que el titular de la PGJ lo aporte en su comparecencia del próximo viernes, según lo que explicó en una conferencia de prensa el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien también dejó en claro que las violaciones contra quienes participaron en ese enfrentamiento, fueron graves.

Rosas Rosas se negó a hablar con los medios de comunicación que estuvieron presentes y prácticamente salió huyendo del lugar, acompañado de al menos tres asesores.

Se aferra: solo cascos, toletes y gases lacrimogenos

En esta comparecencia a puerta cerrada, Facundo Rosas mantuvo su versión de que los policías únicamente hicieron uso de cascos, toletes y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes el 9 de julio que bloquearon el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco para exigir el regreso del servicio del Registro Civil a su comunidad.

"No aceptó en ningún momento que se hayan utilizado balas de goma (…) Estableció el compromiso de también enviarnos un informe por escrito en el que agregue la información que le hizo falta, como evidencias y pruebas que tiene que ver con los hechos”, comentó el ombudsman.

Los peritos de este organismo, abundó, están analizando las lesiones que presentaron las víctimas: el menor de 13 años que perdió la vida, las lesiones en diferentes partes del cuerpo a nueve civiles, así como las presentadas por 47 policías.

Los otros pobladores que han aportado su versión al organismo son Gilberto Varela Tecalero, Javier Jiménez, Vicente Tecalero, Hugo Jiménez Valera, Víctor Antonio Contreras Montes, Martín Montes Romero, Juan Xelhua, Heraclio Nezahuatl y Filemón Pacio.

Ombudsman presentará dictamen propio

La CNDH emitirá su propio dictamen pericial, alterno al que presentó la semana pasada la Procuraduría General de Justicia, y se calcula que pueda ser a finales de este mes.

Los pobladores y sus representantes legales aún no han entregado las evidencias de los proyectiles que recolectaron en la zona de los hechos, y una vez que eso ocurra, cada uno de los elementos será analizado para comparar la información oficial.

No es la primera vez que este organismo nacional cita a dicho funcionario local a declarar por casos de violaciones a los derechos humanos, pues también fue requerido en enero de 2012 para aportar su versión sobre el operativo de diciembre de 2011 en contra de normalistas de Ayotzinapa, operativo en el que murieron dos estudiantes en Chilpancingo, Guerrero. 

En ese entonces, Rosas Rosas era el comisionado general de la Policía federal.

Cabe recordar que los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, perteneciente al municipio de Santa Clara Ocoyucan, han sostenido la versión de que fueron los policías quienes lesionaron a todas las víctimas con balas de goma y cilindros con gas, y han rechazado la versión de que hubo un grupo de infiltrado entre los civiles el día de la repliega que duró más de cuatro horas.