Aunque la cantidad apenas será establecida, el gobernador Rafael Moreno Valle adelantó que sí pagará una indemnización a la empresa Osa Constructora y Edificadora, SA de CV, filial de Oceanografía, luego de que le retirara la concesión de 30 años de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan en marzo pasado; el pago se hará a través de la firma que gane la licitación que será lanzada dentro de tres meses.

El mandatario explicó que en la tarde de ayer se reunió con el equipo de abogados que lleva el caso, y el fin es esperar que concluya el debate legal con la firma para que se defina la cantidad de la compensación para después emitir una convocatoria nacional que permita a empresas competir por la conclusión de la longitud de 63.66 kilómetros.

“La intención sería que el nuevo concesionario se encargue de liquidar los gastos del concesionario original, es decir, cualquier contingencia financiera del gobierno del estado se transferiría hacia el nuevo concesionario, porque si bien el rescate ya se declaró como legal, debemos reconocer que todavía hay un aspecto pendiente desde el punto de vista jurídico que es la indemnización”, destacó en entrevista tras dar el banderazo de inicio de los trabajos del distribuidor vial D9 del anillo periférico en su segunda y tercera etapa.

El juzgado Cuarto de Distrito le negó a la compañía el juicio de amparo en contra del rescate el pasado 18 de marzo, siendo el primer round que perdió contra el gobierno morenovallista, pues en ese entonces fueron validadas las justificaciones de la administración estatal para retirar la adjudicación que se le dio el 23 de diciembre de 2011 de manera directa.

Se trata de un tramo carretero de 63.66 kilómetros de longitud, con origen en el entronque Cuapiaxtla II, ubicado en el kilómetro 39+340 de la autopista de cuota Amozoc-Perote y con terminación en el kilómetro 203+500 de la autopista Puebla-Orizaba, en el límite de la entidad poblana con Tlaxcala.

En ese sentido, Moreno Valle calculó que será en tres meses cuando se dé a conocer la nueva licitación, pues reconoció que el gobierno le dio continuidad con recursos propios a un tramo por el compromiso con la empresa Audi, de entregar la obra en cierta fecha, vialidad que es utilizada por los obreros de esa compañía alemana para el paso de maquinaria pesada.

No precisó el porcentaje que se volvería a licitar, aunque versiones extraoficiales indican que la filial de Oceonografía únicamente dejó un avance del 19 por ciento, tramo en el que se habría gastado 300 millones de pesos, cantidad que se le tendría que reembolsar.

La construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los 63.66 kilómetros de longitud de la vialidad le fue entregada al grupo de Oceonografía —que actualmente enfrenta escándalos a nivel nacional por presuntos fraudes en contra de varias empresas— de manera directa en diciembre de 2011.

Sin embargo, el 5 de marzo pasado el gobierno informó a través de un comunicado que la concesión fue rescatada una vez que la filial incumplió con terminar los trabajos el 20 de febrero de este año, plazo que le fue establecido una vez que la Secretaría de la Función Pública (SFP) diera a conocer que la compañía estaba imposibilitada para realizar cualquier tipo de obra pública.