Friday, 13 de December de 2019

Indicador Político

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De manera inusual y violando los protocolos diplomáticos, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el activista Emilio Álvarez Icaza, entró la semana pasada en una línea de confrontación directa contra el Ejército Mexicano.

 

En pocas palabras, el funcionario internacional quiere regresar a las fuerzas armadas a sus cuarteles y quitarlos de labores, dice, de Seguridad Pública. Lo de menos es su ignorancia jurídica y constitucional —es sociólogo y no jurista— porque el Ejército, no hace labores de seguridad pública sino de seguridad interior, amparadas por la Constitución por casos que amenazan la seguridad nacional.

 

El trasfondo del asunto es más sencillo: al retirar a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad interior contra el crimen organizado trasnacional que surte de droga a los consumidores de EE UU, el territorio nacional quedaría a merced de esos grupos criminales que han rebasado, comprado y sometido a fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales, y funcionarios de todos los niveles.

 

Así, el retiro de las fuerzas armadas de la seguridad interior que exige la CIDH y sus ONG´s funcionales representaría la entrega de las plazas a los cárteles del crimen organizado. Y en ese momento, México tendría que llegar al punto de legalizar el consumo de drogas que ya se hizo en EE UU. Y a ello se agrega otro detalle: sin una fuerza local capaz de combatir al crimen trasnacional, entonces las policías y fuerzas armadas estadunidenses tendrían que arribar a México a proteger a sus connacionales y combatir a narcos que hasta ahora controlan la venta de droga al menudeo, de acuerdo con datos de la Casa Blanca, en tres mil ciudades de EE UU.

 

La “engañifa” de Álvarez Icaza se ha centrado en un tema marginal del caso Iguala-Cocula-Ayotzinapa: que deben declarar ante emisarios extranjeros los soldados mexicanos del 27 regimiento, cuando ya se demostró que en nada participaron y que carecían de facultades legales para intervenir. La trampa consiste en enredar a los soldados para que después la CIDH-OEA involucre al ejército en el caso.

 

Por ello, de manera arbitraria, el secretario ejecutivo de la CIDH-OEA ha confrontado directamente al secretario de la Defensa Nacional; de nuevo la ignorancia institucional y jurídica de Álvarez Icaza: el secretario de la Defensa es miembro del gabinete presidencial y como tal tiene facultades para opinar. Los soldados del 27 regimiento ya declararon ante el Ministerio Público. Las preguntas preparadas por la CIDH son tramposas, porque buscan dejar la sospecha política de que el Ejército tuvo que ver con el asesinato de normalistas ordenado por un alcalde del PRD y ejecutado por el grupo criminal “Guerreros Unidos” al cual pertenecían el alcalde y su esposa, los dos perredistas.

 

Contrasta la intensidad obsesiva de Álvarez Icaza contra el Ejército, con su silencio hipócrita respecto a la participación de autoridades y dirigentes perredistas en la orden de arresto de los estudiantes, la penetración del narco en la Normal de Ayotzinapa y la cobertura política para excluir al PRD de esa crisis. Pero no debe extrañar por la alianza política de Álvarez Icaza con el PRD.

 

Al acotar al ejército y poner por delante los derechos humanos, Álvarez Icaza y la CIDH-OEA estarían propiciando que el crimen organizado reine en México, como en EE.UU.

 

Sólo para sus ojos:

 

·         Algunas suspicacias sucesorias: ¿el nuevo presidente del PRI reorganizará el CEN del partido para su juego como precandidato o actuará para beneficiar a todos los precandidatos?

 

·         De los aspirantes al 2018, dos tienen un activismo que ha puesto nerviosos a los demás: el priista Aurelio Nuño usando la plataforma de la SEP y el panista Rafael Moreno Valle desde la gubernatura de Puebla. Los dos están ocupando la atención mediática.

 

·         Cada vez más difícil la posibilidad de que el senador priista Raúl Cervantes pueda llegar a la Suprema Corte de Justicia.

 

·         Todo un cacicazgo político y burocrático creó el magistrado presidente del Tribunal de Justicia del DF, Edgar Elías, por eso se quiere reelegir a toda costa. En la oficina principal del GDF hay dudas de que pueda lograrlo.

 

·         Todos quieren capitalizar la visita del papa Francisco en febrero próximo, pero el gobierno presiona para evitar la politización de su agenda. El que parece que se quedó marginado fue el arzobispo Norberto Rivera Carrera,

 

 

http://indicadorpolitico.mx

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@carlosramirezh

 

 

 

 

La elección de gobernador en Sinaloa será un laboratorio político por tres razones: debilidad de la alianza PAN-PRD, presencia fuerte de los independientes y desafío al PRI para llegar unido o perder de nueva cuenta la gubernatura.

Viernes, 09 Octubre 2015 02:59

El Bronco: ¿y gobernar, cuándo?

Aunque no hay una regla exacta para medir eficacia política, el gobernador neoleonés Jaime Rodríguez “El Bronco”, tiene más broncas en el corto plazo que frases para distraer a la concurrencia. Si en los primeros cien días de gobierno no encarcela a su antecesor Rodrigo Medina, su discurso causará su primera crisis de expectativas.

Detrás de la presión inusual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) sobre México por el caso Iguala-Cocula-Ayotzinapa se localizan tres elementos políticos de largo alcance:

Miércoles, 07 Octubre 2015 03:11

Agenda de seguridad: fuerzas armadas a resguardo

Tres noticias que tienen qué ver con las fuerzas armadas, definen la agenda de seguridad pendiente:

Martes, 06 Octubre 2015 03:01

El Bronco: crisis de expectativas

Cuando Vicente Fox ganó la presidencia y comenzó a enfrentarse a la estructura de poder, su primer error fue prometer el cielo desde el centro del infierno. La crisis de expectativas lo atropelló el primer año y prefirió disfrutar el poder a cumplir con las tareas comprometidas con la sociedad.

Como los problemas graves requieren soluciones fuertes, en los pasillos del poder político se examina la posibilidad de darle licencia política a los gobernador chihuahuense César Duarte y al veracruzano Javier Duarte de Ochoa, para quitarlos de la línea de conflictos internos en sus entidades y evitar que operen sus sucesiones estatales, porque beneficiarían al PAN.

Cuando el senador petista Manuel Bartlett Díaz encaró al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, por las críticas del presidente Enrique Peña Nieto al populismo y puso su pecho para defender a López Obrador, más de un ceño senatorial se frunció con picardía: la biografía política del tabasqueño disfrazado de poblano, comenzó a saltar por las contradicciones y autodesmentidos.

Más allá de un candidato independiente, en el ambiente político se perfila una jugada bastante más audaz: evitar un candidato ciudadano que sea el quinto competidor y construir una candidatura ciudadana que participe en alianza con el PAN y el PRD.

Ante la falta de razonamientos políticos, los grupos interesados en el 2018 están inventando el fantasma de Andrés Manuel López Obrador sin entender la lógica social: en México, las alternancias se dan a la derecha, no a la izquierda.

Si la asignación de comisiones legislativas es un instrumento de definición de la agenda del poder, también representa un ejercicio de política. Pero la nueva Cámara de Diputados parece haber quedado atrapada en la impericia, al alejar el reparto de comisiones de la agenda, no sólo presidencial sino de las prioridades de la crisis de seguridad.

Lunes, 28 Septiembre 2015 03:13

Política exterior como seguridad nacional

Ahora que se revisará la política exterior con la comparecencia de la nueva canciller Claudia Ruiz Massieu, los senadores tendrán la oportunidad para definir el nuevo marco de referencia de la diplomacia: la seguridad nacional del Estado o la política exterior Vis a Vis la política interior.

Viernes, 25 Septiembre 2015 02:23

Ayotzinapa: Segob controla daños

Luego de que la Procuraduría General de la República no supo administrar las respuestas al contradictorio y nada científico reporte del grupo de especialistas de la CIDH, la Secretaría de Gobernación tuvo que entrar al rescate para tratar de poner orden en el desorden.

Si bien los padres de los 43 normalistas asesinados en un basurero de Cocula por orden del alcalde del PRD en Iguala necesitan agotar todas las vías de la certidumbre jurídica, la reunión en Los Pinos hoy podría estar sentando el mal precedente de subordinar el poder ejecutivo mexicano a una autoridad extranjera controlada por la Casa Blanca.

Casi un año después, Jesús Zambrano –exguerrillero de la Liga Comunista que hoy cumple 43 años– reconoció el papel del PRD en el encumbramiento como alcalde de Iguala de José Luis Abarca, el que dio la orden de detener a los 43 normalistas y entregarlos al grupo de Guerreros Unidos.

De acuerdo con el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, estaría violando sus principios: la fracción 3 del artículo 12 establece claramente que “al momento de asumir sus funciones, el secretario ejecutivo se comprometerá a no representar a víctimas”.