Friday, 03 de May de 2024

Paulo César Quiroz informa que 450 policías municipales trabajarán en coordinación con la corporación estatal y las fuerzas militares

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Le dieron el tiro de gracia y fue identificado como originario de la comunidad de Guadalupe. Más tarde, los elementos de la Sedena que realizaban operativos en el municipio desde el jueves pasado, abandonaron la demarcación. Trascendió que recuperaron sus armas

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El secretario de Gobernación dijo que sólo vino para una firma de convenio del nuevo sistema de justicia penal, ante la pregunta de la prensa local sobre la ingobernabilidad que impera en algunos municipios de Puebla, el funcionario federal respondió “les pido de favor no me entrevisten, este evento vale todo, no me interesaría minimizarlo por una declaración o un pronunciamiento sobre otro tema”

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Los militares confundieron el vehículo de Saida de la Torre con el de presuntos delincuentes, al cual persiguieron y le dispararon, hiriendo en la espalda a la niña, que fue operada y ya fue dada de alta.

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El diputado local del PAN considera que esta medida es la mejor solución para los hechos violentos como los de Ajalpan, descarta que el gobierno estatal deba tomar el control de la seguridad en otros municipios que estén considerados como focos rojos, pues lo fundamental es establecer líneas de comunicación con las autoridades locales

Published in Código Rojo

Los hechos se registraron cerca de las 21:00 horas, en el que participaron más de 100 uniformados. La casa particular en donde presuntamente se almacenaba gasolina robada se ubica en la calle 14 Sur de tal comunidad.

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El septiembre pasado, el alcalde de este municipio también denunció advertencias en su contra

Published in Valsequillo

De manera inusual y violando los protocolos diplomáticos, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el activista Emilio Álvarez Icaza, entró la semana pasada en una línea de confrontación directa contra el Ejército Mexicano.

 

En pocas palabras, el funcionario internacional quiere regresar a las fuerzas armadas a sus cuarteles y quitarlos de labores, dice, de Seguridad Pública. Lo de menos es su ignorancia jurídica y constitucional —es sociólogo y no jurista— porque el Ejército, no hace labores de seguridad pública sino de seguridad interior, amparadas por la Constitución por casos que amenazan la seguridad nacional.

 

El trasfondo del asunto es más sencillo: al retirar a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad interior contra el crimen organizado trasnacional que surte de droga a los consumidores de EE UU, el territorio nacional quedaría a merced de esos grupos criminales que han rebasado, comprado y sometido a fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales, y funcionarios de todos los niveles.

 

Así, el retiro de las fuerzas armadas de la seguridad interior que exige la CIDH y sus ONG´s funcionales representaría la entrega de las plazas a los cárteles del crimen organizado. Y en ese momento, México tendría que llegar al punto de legalizar el consumo de drogas que ya se hizo en EE UU. Y a ello se agrega otro detalle: sin una fuerza local capaz de combatir al crimen trasnacional, entonces las policías y fuerzas armadas estadunidenses tendrían que arribar a México a proteger a sus connacionales y combatir a narcos que hasta ahora controlan la venta de droga al menudeo, de acuerdo con datos de la Casa Blanca, en tres mil ciudades de EE UU.

 

La “engañifa” de Álvarez Icaza se ha centrado en un tema marginal del caso Iguala-Cocula-Ayotzinapa: que deben declarar ante emisarios extranjeros los soldados mexicanos del 27 regimiento, cuando ya se demostró que en nada participaron y que carecían de facultades legales para intervenir. La trampa consiste en enredar a los soldados para que después la CIDH-OEA involucre al ejército en el caso.

 

Por ello, de manera arbitraria, el secretario ejecutivo de la CIDH-OEA ha confrontado directamente al secretario de la Defensa Nacional; de nuevo la ignorancia institucional y jurídica de Álvarez Icaza: el secretario de la Defensa es miembro del gabinete presidencial y como tal tiene facultades para opinar. Los soldados del 27 regimiento ya declararon ante el Ministerio Público. Las preguntas preparadas por la CIDH son tramposas, porque buscan dejar la sospecha política de que el Ejército tuvo que ver con el asesinato de normalistas ordenado por un alcalde del PRD y ejecutado por el grupo criminal “Guerreros Unidos” al cual pertenecían el alcalde y su esposa, los dos perredistas.

 

Contrasta la intensidad obsesiva de Álvarez Icaza contra el Ejército, con su silencio hipócrita respecto a la participación de autoridades y dirigentes perredistas en la orden de arresto de los estudiantes, la penetración del narco en la Normal de Ayotzinapa y la cobertura política para excluir al PRD de esa crisis. Pero no debe extrañar por la alianza política de Álvarez Icaza con el PRD.

 

Al acotar al ejército y poner por delante los derechos humanos, Álvarez Icaza y la CIDH-OEA estarían propiciando que el crimen organizado reine en México, como en EE.UU.

 

Sólo para sus ojos:

 

·         Algunas suspicacias sucesorias: ¿el nuevo presidente del PRI reorganizará el CEN del partido para su juego como precandidato o actuará para beneficiar a todos los precandidatos?

 

·         De los aspirantes al 2018, dos tienen un activismo que ha puesto nerviosos a los demás: el priista Aurelio Nuño usando la plataforma de la SEP y el panista Rafael Moreno Valle desde la gubernatura de Puebla. Los dos están ocupando la atención mediática.

 

·         Cada vez más difícil la posibilidad de que el senador priista Raúl Cervantes pueda llegar a la Suprema Corte de Justicia.

 

·         Todo un cacicazgo político y burocrático creó el magistrado presidente del Tribunal de Justicia del DF, Edgar Elías, por eso se quiere reelegir a toda costa. En la oficina principal del GDF hay dudas de que pueda lograrlo.

 

·         Todos quieren capitalizar la visita del papa Francisco en febrero próximo, pero el gobierno presiona para evitar la politización de su agenda. El que parece que se quedó marginado fue el arzobispo Norberto Rivera Carrera,

 

 

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@carlosramirezh

 

 

 

 

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Detrás de la presión inusual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) sobre México por el caso Iguala-Cocula-Ayotzinapa se localizan tres elementos políticos de largo alcance:

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El gobernador aseguró que la obra de 250 millones de pesos estará a finales de año, “Esperamos constar con la presencia del general secretario (Salvador Cienfuegos)y del presidente (Peña Nieto) para la inauguración”, refirió el mandatario

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