Ante la pandemia por el virus los cárteles mexicanos encontraron una nueva ruta en la tecnología para lavar dinero, incrementando el uso de Bitcoins.

De acuerdo la agencia Reuters desde abril de 2019, un escuadrón de la policía federal detuvo a Ignacio Santoyo, alias “El Sony”, por el delito de trata de personas. Pero no fueron las 2 mil mujeres que supuestamente Santoyo había explotado sexualmente lo que finalmente condujo a su captura, sino el Bitcoin que se sospecha que usó para ayudar a lavar las ganancias de sus operaciones, dijeron las autoridades.

“Hay una transición para cometer delitos en el ciberespacio, como adquirir criptomonedas para lavar dinero … y la pandemia la está acelerando”, dijo Santiago Nieto, jefe de la unidad de inteligencia financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México a Reuters.

Al hacerse de criptomonedas, Santoyo pretendía lavar miles de dólares en ganancias ilícitas, una práctica cada vez más usada por los grupos del crimen organizado en Latinoamérica, incluidos los poderosos cárteles de Sinaloa -del apresado Joaquín “El Chapo” Guzmán- y Jalisco Nueva Generación (CJNG), según funcionarios mexicanos y la DEA.

Añade el reporte que el arresto de Santoyo representó un éxito temprano para la ley mexicana, una de las dos únicas naciones de América Latina, junto con Brasil, en promulgar una legislación de este tipo, que busca abordar el problema de cómo las agencias legales pueden rastrear el uso de Bitcoin y otras criptomonedas diseñadas para anonimizar a los usuarios.

Dicha ley requiere que todas las plataformas de comercio de criptomonedas registradas reporten transferencias superiores a 56.000 pesos mexicanos (USD 2.830). Se aprobó en 2018, pero llevó muchos meses implementar el sistema, que aún es un trabajo en progreso.

El uso de Bitcoin para lavar dinero por parte de los carteles está aumentando particularmente entre bandas de narcotraficantes como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa del capo Ismael “El Mayo” Zambada, dijeron las autoridades de Estados Unidos y México, según el informe de Reuters.

Sin embargo, funcionarios aseguraron a la agencia que más casos podrían estar ocurriendo a sus espaldas por la versatilidad y el anonimato que ofrecen estos novedosos instrumentos monetarios. “Representan una gota en el océano en comparación con el lavado de dinero en efectivo del crimen organizado, estimado en USD $ 25 mil millones al año solo en México, según el gobierno y las empresas de inteligencia financiera”, dijo el artículo

Santiago Nieto relató que los delincuentes suelen dividir su efectivo ilícito en pequeñas cantidades y depositarlas en varias cuentas bancarias, una técnica conocida como “smurfing”. El umbral para las transacciones bancarias que generan señales de alerta a las instituciones es de USD 7mil 500.

Luego usan esas cuentas para comprar una serie de pequeñas cantidades de bitcoins en línea, agregó, oscureciendo el origen del dinero y permitiéndoles pagar a los asociados en otras partes del mundo.

En el caso de Santoyo, las autoridades que lo habían perseguido durante meses dijeron que finalmente lo localizaron después de que compró suficientes bitcoins para activar una alerta bajo la nueva ley. Además, al realizar sus transacciones a través de una plataforma registrada, Santoyo dejó datos personales como su número de teléfono y dirección.

Entre mayo y noviembre de 2018, Santoyo y su hermana adquirieron unos 441 mil pesos (22.260 dólares estadounidenses) en bitcoins, en exchanges conocidos, entre ellos Bitso, la mayor plataforma comercial de México, según registros gubernamentales vistos por Reuters.

Las autoridades mexicanas también tienen la mira puesta en el “equipo revolucionario Bandidos”, una banda que los fiscales federales sospechan que roba millones de dólares mediante ataques cibernéticos a grandes bancos. En mayo de 2019, las autoridades detuvieron al presunto líder de la pandilla, Héctor Ortiz, en el estado central de Guanajuato después de que gastó “decenas de miles de dólares” en Bitcoin. Ello llevó a los investigadores a rastrearlo.

Rolando Rosas, jefe de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas (UICOT) de la oficina del fiscal general de México, dijo que es difícil rastrear el uso de Bitcoin por parte de los delincuentes, incluso con la nueva ley. Necesitan más personal.

La nueva ley ha llevado a que se activen 1.033 alertas de umbral de Bitcoin en lo que va de año. Los investigadores deben perseguir a cada uno para comprobar si podría ser sospechoso y si el usuario está vinculado a algún comportamiento delictivo o cárteles.

Aproximadamente el 98% de todas las transacciones de México por encima del umbral de 56.000 pesos (USD $2.830) en 2020 fueron marcadas por una plataforma criptográfica registrada, en el estado natal del cartel del CJNG, Jalisco, según datos del gobierno vistos por Reuters.

Eso, dijo el jefe de la UIF, Nieto, sugirió que el CJNG podría estar activo en el lavado de dinero a través de criptomonedas. Pero aún no se sabe cuánto dinero está involucrado en la lavandería de criptografía de México porque los datos aún son escasos, agregó.

Con información de Infobae