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27 de mayo de 2015

27 de mayo de 2015 Escrito Por :   Silvino Vergara

Cuando no funciona el sistema institucional,sobran las leyes dormidas en el mausoleo del Boletín Oficial, y hasta sobra el Estado.” Alejandro Nieto García


 

En este año se cumplen cinco años de una de las reformas constitucionales más ambiciosas para sacar al país de ese mal endémico por el que ha atravesado y que cada día se va incrementando más: la corrupción. El 27 de mayo de 2015, ella fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (tiempos en que se utilizaba ese medio para dar a conocer la información oficial del país, no como pareciera que ahora está sucediendo, en donde todo está mezclándose con tantos acuerdos de salud, que, más que determinaciones jurídicas, parecen simples buenas intenciones, recetas y recomendaciones medicas ante la gravísima crisis de la pandemia).

 

Dicha reforma constitucional se llevó a cabo para hacer frente a la corrupción de los más altos niveles que se presentaba entonces (y ahora). Particularmente, ella fue el resultado del caso tan escandaloso de la casa blanca del presidente Peña Nieto, pues ni siquiera se le exigió su renuncia inmediata por esa situación tan grosera que se suscitó y que en otro país lo hubieran, incluso, procesado; tal como sucedió en Guatemala con el caso “la línea” (precisamente en esas mismas fechas), donde fue destituido el presidente y enviado a la cárcel debido a una red de corrupción en las aduanas del país centroamericano a cargo de la autoridad fiscal —que, por cierto, cuenta con las mismas siglas que en México del sat. Aquí, en cambio, la respuesta a esa corrupción presidencial fue que se reformará nuevamente la Constitución aquel 27 de mayo de 2015. Desde luego, hoy la herencia que tenemos de ese sexenio es la corrupción desbordada, una que el gobierno actual se ha visto incapaz de resolver, salvo en el seguimiento de los clásicos casos emblemáticos.

 

La historia no oficial del país sabe perfectamente que cada sexenio deja lacradas algunas herencias, como la que dejó el gobierno de Ernesto Zedillo, la que, después de la crisis económica de diciembre de 1994 y de los vaivenes que se dieron en ese tiempo en la economía, forjó la tradición del no pago por parte de los ciudadanos. El fobaproa fue un ejemplo intacto de esa tradición de no pagar y heredada de ese sexenio, pues la presidencia, en lugar de tener el valor de darle la autonomía e imparcialidad a la Suprema Corte de la Nación para que declarara jurídicamente la inconstitucional del anatocismo —el cobro de intereses sobre intereses— y, con ello, se impidiera que los bancos despedazaran a sus clientes, prefirió la salida política de declararlo constitucional para que los bancos se sintieran cobijados por el “Estado niñera” y, adicionalmente, implementó el fobaproa para los deudores. Todo lo cual implicó que, en muchos de los casos, el gobierno mexicano absorbiera esa injusta deuda mercantil.

 

Así como sucedió con tal herencia de aquella administración pública, la del presidente Peña Nieto nos dejó de herencia la tradición de que con la corrupción se resuelve todo. Prueba de ello es que con el acto más escandaloso de corrupción desde la propia presidencia no pasó nada, y solo quedó en una reforma constitucional que hoy cumple cinco años y que, efectivamente, no ha servido, salvo para que ahora la corrupción tenga costos más altos y sea más laboriosa.

 

No debe perderse de vista que la corrupción no es sólo pedir dinero o, bien, porcentajes para las licitaciones, para las obras públicas, para realizar cualquier trámite ante las autoridades o, incluso, dictar una sentencia, cobrar piso o derecho al pase, como ahora está sucediendo con los programas de “Hoy no circula”, aparentemente creado para controlar la pandemia; la corrupción también es darle cargos y puestos de servidores públicos a los que no tienen conocimientos para ello, menos aún la experiencia ni, en muchas ocasiones, la capacidad para estar en esos cargos públicos. Y lo peor de todo es que los aceptan bajo el grito de guerra: “ahora o nunca”. Quizá haya servidores públicos de esos “improvisados”, pero con buenos propósitos, con buenos sentimientos; no obstante, sin conocimiento ni experiencia no se resuelven las cosas, menos en las condiciones de un actual Estado, totalmente colapsado por la corrupción.

 

Por ello, se ha desbordado la corrupción a niveles ya insoportables y esa reforma constitucional no ha hecho nada por combatirla; por el contrario, solamente ha servido para que la corrupción sea más compleja y, con ello, más cara. Además, legislando más prohibiciones, regulaciones, obligaciones a los particulares que intentan subsistir poniendo un negocio, una empresa, etcétera, sólo provoca que se caiga en más corrupción, pues todo se convierte en trámites imposibles de cumplir, más teniendo en cuenta los ahora servidores públicos improvisados en sus cargos, que, desde luego, lo menos que pretenden es remediar, sino sacar a buen puerto su cargo. En fin, pareciera que uno de los cambios necesarios en esta nueva administración, que ya ha madurado, era en la educación (que ha pasado de largo), después en el sistema tributario (que no interesa porque no lo entienden) y, desde luego, la corrupción. Todo da a entender que aquel 25 de mayo de 2015 y la actual transformación de México han dejado “la esperanza congelada”.

 

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