En las reformas fiscales de 2020 estaban previstas una serie de acciones de las autoridades fiscales que pretendían una cierta estabilidad económica y política de la nación. Por ende, esos instrumentos y herramientas estaban preparados para revisar a los contribuyentes vía las facultades de gestión, así denominadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por la academia como facultades de control (Díaz, Vicente, Límites jurídicos de las atribuciones de la inspección tributaria en su proceder, Buenos Aires, Ad hoc, 2010).

Así que la autoridad fiscal debió prepararse para revocar certificados de sellos digitales (Artículo 17° h bis del cff); para verificar los domicilios fiscales de los contribuyentes por medios remotos, como es el caso de internet (Artículo 27° del cff); para verificar la razón de negocios en las visitas domiciliarias y, en general, en las facultades de comprobación de las autoridades fiscales (Artículo 5° del cff); con las visitas de inspección en el instante, para revisar que los particulares efectivamente estén realizando el volumen de operaciones que declaran constantemente (Artículo 42°, fracción x, del cff); para rechazar la renovación de la firma electrónica (Artículo 17° D del cff); para determinar operaciones inexistentes (Artículo 69° b del cff). Con todo y tanto esfuerzo, resulta que todo eso está cayendo al pozo, pues hoy ¿qué contribuyente se mantendrá de pie después de tres meses de confinamiento, por lo menos?

Es evidente que observaremos locales vacíos, contribuyentes desaparecidos, falta de presentación de declaraciones al por mayor, negocios abandonados, operaciones económicas de emergencia sin pago con cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, requerimientos e invitaciones sin solventar, ausencia del entero de contribuciones; todo, en la mejor de las condiciones, por causa de la situación económica, en otras, por la maldita enfermedad y en algunas más por la muerte que causa esta enfermedad. En tanto, la autoridad fiscal tiene todo un arsenal de facultades para rematar a los contribuyentes que se mantengan en pie.

¿Habrán cambiado las políticas de fiscalización con la pandemia? Pareciera que no, pues en las últimas noticias se ha sostenido una serie de vituperios por parte de las autoridades fiscales hacia los contribuyentes; pues revisarán a particulares, contribuyentes, importadores, exportadores, artesanos, campesinos, empresarios, despachos que prestan servicios a los contribuyentes, así como a cualquier piedra o semoviente que se tope en su camino. Esto, con el simple afán de recaudar la mayor cantidad de recursos, bajo el principio que ha sobresalido últimamente, que reza: “El interés mayor del Estado”. Un concepto que es más romántico que jurídico, pero que es demasiado peligroso y dañino para lo que queda de la estabilidad del país.

Esas amenazas por doquier de las autoridades fiscales, tanto en los medios de comunicación, en algunas de las revistas especializadas (normalmente de sesgo gubernamental), en comentarios de los catedráticos e investigadores auspiciados por becas gubernamentales, dejan mucho que desear de la legitimidad de las instituciones actuales, por paradójico que esto suene. Evidentemente, el nivel de las políticas públicas del país es muy bajo y cada día se evidencia con la simple lectura de las noticias.

Es claro que ni las autoridades ni los propios contribuyentes estaban preparados para esta desgracia humanitaria; pues, en realidad, esto es la pandemia; pero, desafortunadamente, se están tomando represalias vengativamente contra los ciudadanos de a pie, aquellos miles que habitan este país y que se han empeñado en trabajar todos los días para poder crear un país mejor; contra aquellos contribuyentes que abren sus puertas para generar empleos; que hoy se las ingenian para mantenerse de pie. Tal parece que para las autoridades fiscales y su miopía esos son enemigos del sistema, y tal parece que el sistema solamente aplaude y premia a los súbditos y no a los ciudadanos.

Estamos al borde de un colapso sin precedente en el país si las políticas de fiscalización no hacen un cambio —por lo menos en sus declaraciones—, ya que por sí mismas están vulneran el respeto a la dignidad humana de los contribuyentes; lo cual, ya ha sostenido la Corte, se trata de un derecho y no de simples buenos propósitos. Esas declaraciones y las acciones que, en su momento, se implementen, al contravenir derechos de los gobernados —empezado por el simple respeto—, detonará la aflicción de aquella ley casi abandonada por la población y que en muchas entidades federativas aún no se implementa, a saber, la responsabilidad patrimonial del Estado. La cual permite, de acuerdo a lo previsto en la Constitución (artículo 109°), reclamar al Estado los daños y perjuicios ocasionados por actos irregulares, que, desde luego, en el caso esta fiscalización sin rumbo, son una serie de acciones irregulares que confirman esa fiscalización sin rumbo.