Con las reformas fiscales que se empezaron a fraguar, desde el 8 de septiembre de 2020, con la iniciativa presentada por el titular de la administración pública federal, la tendencia es muy clara: la disminución o casi nula existencia de los derechos de los gobernados y, como consecuencia, un gobierno sin recaudación. El tratamiento que se ha estado dando en muchos años a los contribuyentes no es otra cosa que considerarlos como simples objetos. Prueba de ello son cosas tan sencillas a las que deben afrontar los contribuyentes, como la solicitud de una cita por medio electrónico para acudir a realizar un simple trámite en las oficinas de las autoridades públicas; es decir, en estos tiempos, para acudir a una oficina pública —que, como su nombre lo dice, es pública— cualquier contribuyente de a pie tiene restringidas las puertas desde hace ya mucho tiempo, concretamente desde que los gobiernos se denominan neoliberales, pero también en esta administración, que se jacta de ser más cercana a la población. Incluso, implementa tales políticas más restringidamente que de los gobiernos anteriores; lo cual —es un hecho notorio— no es más que otra traba para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, que termina, como muchas cosas en este país, facilitando la corrupción.

Lo cierto es que si un país tiene un sistema jurídico que respete los derechos de los gobernados, brinde más facilidades para emprender negocios, facilite los trámites administrativos, evidentemente, de inicio, habrá más empleo, menos delincuencia callejera, más oportunidades de crecimiento y, sobre todo, esperanza en la población; con todo lo cual el Estado podrá obtener mayor recaudación de las contribuciones. Simplemente con que las operaciones comerciales sean más ágiles es suficiente para incrementar los impuestos al consumo y, sobre todo, los que gravan los ingresos o el patrimonio de las personas; pero, si se hace exactamente lo contrario, se fomenta la corrupción; tal como está sucediendo en México, donde se ponen trabas en todo lo que se pretende hacer; donde un permiso, por muy sencillo que sea, tarda un año; donde un trámite requiere del aceite de la corrupción; donde, por otro lado, hay una cantidad exagerada de verificaciones, inspecciones, visitas, requerimientos a los particulares; donde, por cualquier movimiento que se haga, proceda una multa, clausura.

Pareciera que, sobre algo tan evidente, nadie (ni en las instancias de gobierno, ni en ningún partido político) se cuestiona sobre el obvio maltrato a los particulares. Esto da entender que, cuando cualquier funcionario llega al poder, como que se vacuna para no ver la realidad social; pareciera que, al atravesar los palacios con los nombramientos, sin importar el cargo (por muy importante o intrascendente que sea), «levitaran» con el cargo y ya no pudieran observar la necesidad de brindar derechos a los gobernados, de otorgar, por lo menos, las facilidades mínimas de libertad y de igualdad, que no se visualiza en ninguna de las reformas legales que se han realizado en los últimos tiempos.

Es preocupante observar que no se ve, con leyes y políticas públicas a medias, el rumbo del país. Lo único que se puede visualizar es la disminución de los derechos de los gobernados. Para constatarlo, basta ver las reformas fiscales para el año de 2021, donde se aprecia, por ejemplo, la disminución de los plazos en las notificaciones por estrados, la disminución de opciones para garantizar los créditos fiscales, el aumento de los delitos fiscales, el incremento de atribuciones a las autoridades fiscales para asegurar los bienes de los contribuyentes (principalmente, las cuentas bancarias), la ampliación de atribuciones a los visitadores con un simple plumazo, la permisión de más modalidades en las negativas de devolución de las contribuciones de los particulares, el ahorcamiento a las asociaciones civiles, fundaciones y demás instituciones públicas con los requisitos para mantenerse como donatarias autorizadas; es decir, toda una baraja de negación de derechos. Ahora bien, esto es directamente proporcional en la disminución de la recaudación por parte del Estado, pues basta con observar la academia, es decir, los libros que los funcionarios ni conocen, cuyos autores sostienen que un sistema que implemente cada vez más medidas nugatorias de derechos es un sistema tributario que permite mayor economía informal. Por ello, la sentencia: contribuyentes sin derechos, gobierno sin recaudación