Pero el presidente de la República así lo consideró. La expresión dejó entrever una realidad aún más dramática; realmente nunca existió una política de Seguridad Pública.  

 

Luego a la premisa inicial de “abrazos, no balazos” se agregaron otros argumentos como “Fuchi guácala”, que sin duda causaron “resquemor” en el crimen organizado.

 

Mientras el discurso presidencial aseguraba que todos los días a las seis horas se traza la ruta de la Seguridad Interior, los cárteles comenzaron a crecer de manera exponencial, realmente incontenible e imparable.

 

Rápidamente las organizaciones criminales se dieron cuenta de la verdadera postura de López Obrador.

 

Si bien no negocia, ni pacta con los capos, tampoco los confronta, ni los persigue.

 

Es lo que en Cúpula denominamos la tesis de “laissez faire, laissez passer”, dejar hacer, dejar pasar, pero en materia de seguridad.

 

Los barones del crimen se dieron cuenta de que ahorran millones de dólares que antes entregaban en sobornos y al mismo tiempo pueden agigantar sus emporios sin tipo alguno de restricción u obstáculo.

 

Mientras tanto en la conferencia de prensa “mañanera” se seguía sosteniendo el eje central de la política de seguridad: “Abrazos, no balazos”.

 

El postulado tuvo su primer descalabro en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre de 2019, cuando un fallido, errático y vergonzoso operativo federal mostró al Estado Mexicano doblegado y tuvo que recular.

 

Poco se ha documentado sobre cuáles son las reacciones del crimen internacional. El espectáculo de un régimen político reducido, de ninguna manera pasó inadvertido para la mafia siciliana, la ndrangheta calabresa, la yakuza japonesa o las triadas chinas.

 

De momento sólo se sabe que la mafia rumana se asentó en México; son una red de clonadores de tarjetas de crédito y se estima que han obteniendo un botín de más de 76 millones de pesos robados a tarjetahabientes mexicanos. Hasta el momento no hay un solo detenido.

 

Pero el derrumbe de la premisa “Abrazos, no balazos” se dio hace un par de días.

 

El ataque en contra del secretario de Seguridad Pública capitalino, Omar García Harfuch, en la principal avenida de la Ciudad de México fue un mensaje criminal que atenta directamente contra la seguridad del Estado.

 

Lo que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quiso decir fue: “Podemos disparar contra cualquiera de ustedes y se pueden morir en la calle que nosotros digamos”.

 

El cártel ha sido severamente golpeado en sus finanzas, pero no por esta administración. El operativo “Agave Azul” fue una medida orquestada y dirigida desde la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos y dictada a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. 

 

Se congelaron 1,939 cuentas bancarias relacionadas con el cártel. Pero los mexicanos solamente conocemos las cifras que se filtran, pero no sabemos ni un solo nombre de las personas o empresas que obtienen ganancias estratosféricas de actividades criminales.  

 

El régimen de la 4T no esperó mucho para obtener una respuesta.

 

La premisa de “Abrazos, no balazos” quedó bajo las ráfagas de cientos de disparos que se hicieron en la principal avenida del país.

 

Los altos funcionarios del gobierno lopezobradorista no lo han declarado, pero todos los protocolos y medidas de seguridad se reforzaron ese día.

 

Otro descalabro en materia de seguridad ocurrió el mismo fin de semana cuando los padres de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, obtuvieron su libertad por los “errores” cometidos en el operativo de captura, la puesta a disposición y la cadena de custodia.

 

La pública molestia del presidente de la República deja en evidencia que sigue la pugna con el Poder Judicial. Discrepancias que se reflejan en el proceder de jueces y magistrados federales que no pierden oportunidad de utilizar estos litigios como parte de un antagonismo político.

 

De paso, el mandatario utilizó el episodio para señalar al fiscal del estado de Guanajuato, en una alusión que rápidamente se politizó.

 

Las estadísticas, cifras y números fríos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan un inocultable incremento en la violencia. Cada mes se rompen los recuentos de homicidios en una espiral sin control.

 

La Guardia Nacional ya demostró su fracaso; se convocó a la Sedena y Marina a salir a las calles, pero ni así logra paliarse la violencia.

 

Está claro que el presidente López Obrador no quiere ver la realidad, aunque en días recientes el estruendo de las balas retumbó en la puerta de Palacio Nacional.

 

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