De esta manera se debe entender la actitud del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, quien no está tomando en serio las reiteradas advertencias que le ha hecho el gobernador Barbosa Huerta.

 

El Ejecutivo estatal ha sido en extremo prudente ante la vida interna del Poder Judicial, pero tal parece que Sánchez piensa que hay debilidad frente a los magistrados y jueces.

 

Se debe subrayar que semejante error de juicio puede desembocar en penosas consecuencias y en una fractura entre los poderes Ejecutivo y Judicial.

 

Desde el pasado mes de mayo se insistió en hacer una revisión del proceder de varios jueces cuyas resoluciones fueron en extremo cuestionables.

 

Ese mes, la Fiscalía General del Estado presentó formales quejas contra seis jueces por incurrir en diversas anomalías.

 

Directamente se señaló a las juezas Rosa Celia Pérez González y Blanca Laura Ollivier Palacios por emitir resoluciones subjetivas y que se pueden presumir como parte de una colusión entre las juristas y los delincuentes.

 

Sobre Rosa Celia se acusó la inexplicable liberación del delegado regional de la Secretaría del Bienestar en Chignahuapan, Alfredo Ramírez, alias ‘El Hierba’, quien fue detenido cuando llevaba drogas y armas de fuego en su vehículo.

 

Por su parte, Ollivier Palacios es sospechosa por poner en libertad a la esposa y el chofer de Marco Antonio N, alias ‘El Negro’, considerado el principal generador de violencia en Puebla capital.

 

Desde mayo, el gobernador Barbosa Huerta hizo un indignado llamado al Poder Judicial para resolver estos temas.

 

Y la respuesta de Sánchez Sánchez ha sido vana, frívola y simplista. Argumenta que se trabaja en coordinación con el Consejo de la Judicatura y que se han aplicado “sanciones”.

 

Pero la realidad es que todo sigue igual.

 

En días recientes, fue público que un juez puso en libertad a la cuñada de ‘El Grillo’; en tanto que otro exoneró a los responsables de vender el alcohol adulterado que causó decesos. El Ejecutivo estatal nuevamente se expresó al respecto.

 

Pero como en todos los errores y aciertos de la vida pública, hay intereses políticos de trasfondo.

 

Por ejemplo, se asegura que tanto Rosa Celia Pérez como Blanca Laura Ollivier son parte de los doce jueces protegidos por el ex presidente del tribunal y ex gobernador, Guillermo Pacheco Pulido.

 

(Apuesto que me envía carta de réplica, aunque en su interinato ni me saludó).

 

En tanto que otros juristas se acogen a la protección que les brinda el veterano y astuto juez Helmo Mayoral Bello, verdadero cacique del Poder Judicial y quien ha creado una cofradía, una hermandad de incondicionales.

 

El tercer bloque es el de los morenovallistas que encabeza Sánchez Sánchez, secundado por los magistrados Jorge Benito Cruz Bermúdez y José Roberto Grajales Espina.

 

En esta mezcolanza de grupos e intereses extrajudiciales se han recrudecido vicios como un nepotismo galopante, que desde hace años priva en el Poder Judicial, pero que por costumbre se ha hecho común.  

 

La limpieza del tribunal inevitablemente debe reunir tres requisitos: erradicar los tentáculos de ex gobernadores; jubilar al juez Helmo Mayoral y parientes que le acompañan y exiliar a las viudas del morenovallismo.

 

Mientras esos tres puntos no se cumplan, seguiremos viendo jueces que se prestan a lo que sea, por lo que sea y muy aparte es lo que reciben secretarios o proyectistas por sus enjuagues.

 

Como siempre, quedo a sus órdenes en   Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.