La educación privada en un gran negocio en Puebla que nadie se había atrevido a tocar hasta que Luis Miguel Barbosa y la mayoría de Morena se decidieron a actuar para terminar con los privilegios de unos pocos mercenarios.

 

Un negocio en el que los abusos están a la orden del día, y los consumidores, indefensos ante esos abusos. Pero se acabó.

 

Por eso los rectorcitos integrados al Consorcio Universitario lloran por los rincones. Se les acabó el negocio y ni las manos pudieron meter, pues el nuevo texto ya se aprobó en comisiones y mañana pasa al pleno.

 

La nueva ley ataca uno de los lados de ese gran negocio llamado educación privada: es un servicio público prestado por entes privados sin ningún tipo de supervisión ni regulación en la relación con los consumidores, es decir con los estudiantes y los que pagan las colegiaturas.

 

Embelazados en el canto de las sirenas, todos los secretarios de Educación de los últimos años se sentaron a las mesas de los rectores, hicieron negocios con ellos o simplemente se dejaron adular para que la SEP fuera un ente omiso ante sus actos abusivos.

 

Porque casualmente, no sé de nadie que haya recibido una mala educación o haya tenido un mal profesor, o le hayan retenido sus documentos aduciendo adeudos, y haya acudido a la PROFECO. O sí, pero no les hacen caso.

 

Todo lo relativo a pagos y cobros, el núcleo del negocio, es una área gris que nadie se había atrevido a regular. Por eso hubo tanto crecimiento de universidades patito y colegios privados. Un territorio comercial para el hampa disfrazada de conocimiento.

 

A partir de mañana, las universidades y colegios privados ya no podrán subir sus cuotas de manera indiscriminada, sin justificación ni tabulador.

 

El artículo 146 faculta a la SEP  para investigar si los cobros son excesivos o injustificados, siempre a petición de los propios alumnos o tutores. Claro que los rectores pusieron el grito en el cielo.

 

“Derivado de las acciones de vigilancia, si las autoridades respectivas identifican que los particulares han aumentado los costos en la prestación de los servicios educativos sin apego a las disposiciones aplicables en la materia, darán aviso a las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar”.

 

De no encontrarse justificación las escuelas privadas o universidades podrían ser sancionadas con multas de hasta 1 millón de pesos, la cancelación de sus permisos para impartir determinadas carreras o incluso con la clausura definitiva.

 

Es una medida importantìsima, pues todavía recuerdo que en la crisis económica de 1995 muchos compañeros tuvieron que abandonar las escuelas privadas por la falta de recursos para seguir pagando las colegiaturas.

 

¿Cuántos miles van a dejar la escuela privada entre este año y el siguiente con la pavorosa crisis económica que ya tenemos encima?

 

Y aqui viene el otro viacrucis: la negativa de devolver documentos para poderse inscribir en otro escuela reclamando supuestos adeudos. Una extorsión que nadie se atrevió a regular.

 

En las universidades del Consorcio, en el más humilde colegio privado, ¡coopelas o cuello!

 

“En ningún caso, con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra contraprestación, derivada de la educación que se imparta en términos de este artículo, se realizarán acciones que atenten contra la dignidad y los derechos de las y los educandos, de manera especial de las niñas y niños, incluyendo la retención de documentos personales y académicos”, señala el artículo 142.

 

En el mismo se incluye: “la adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares, no podrá condicionar la prestación del servicio público referido en esta Ley. Las y los educandos, las madres y padres de familia, tutoras o tutores tendrán el derecho de adquirir los uniformes o materiales educativos con el proveedor de su preferencia”.

 

Con la nueva Ley de Educación, ya no podrán hacerlo, pues hay prohibición expresa. Y tampoco obligarlos a comprar uniformes o material didáctico con determinado proveedor de su preferencia.

 

Un triunfo histórico del gobernador Barbosa, de la mayoría de Morena en el Congreso local, y claro, de Melitón Lozano, titular de la SEP.

 

Bienvenidos los berridos de los rectorcitos que por tantos años abusaron con impunidad.

 

*** Capítulo aparte merece el solidario lloriqueo del rector Esparza, pues la ultima vez que revisamos la ley, la BUAP es una institución pública, no privada.

 

Pero la nueva Ley de Educación le dejó un regalo al rector: la reiteración de que no puede evadir la rendición de cuentas ante los entes fiscalizadores.

 

El artículo 121 señala que:

 

“Las instituciones públicas de educación superior colaborarán, de conformidad con la ley en la materia, con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que se le destinen derivados de este artículo. En el caso de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan”.

 

Ojo a la última parte: responsabilidades administrativas, civiles y penales

 

La mano aprieta sobre el cuello.