Los rectorcitos del Consorcio Universitarios patalean de forma tan estridente que sólo evidencian el dolor que les causó la nueva Ley de Educación que golpea sus bolsillos. 

 

Una reacción histérica e histórica que sólo pudieron amplificar recurriendo a las fake news y a la compra de la portada de El Heraldo Nacional. Un escandalito que sólo duró unas horas, pues la afirmación de que el gobierno de Barbosa tomaba el control de las escuelas privadas fue insostenible.

 

Aunque tienen facha de honorables, la mayoría de los miembros de ese Consorcio Universitario es una panda de impresentables enriquecidos gracias a varios mecanismos de extorsión. En el momento de preocupación mundial por la pandemia, a ellos sólo les importa el golpe a sus bolsillos.

 

El dinero que van a dejar de ganar porque, afirman, maldito gobierno se va a meter a regular las cuotas. Y eso sí es cierto.

 

¿Qué golpe?

 

Pues que ya no podrán extorsionar a padres de familia, tutores y estudiantes con la retención de documentos.

 

Que la SEP ya podrá investigar cobros excesivos e incrementos no justificados en las colegiaturas e inscripciones.

 

Que ya no podrán obligar a los padres de familia a comprar uniformes y material didáctico donde ellos les indican.

 

Con la nueva Ley de Educación no se les acaba el negocio, pero sí los abusos y las extorsiones a los padres de familia, que con mucho sacrificio pagan educación privada como esperanza de un futuro mejor para sus hijos.

 

Por supuesto, esa no puede ser la bandera mediática de los rectorcitos del Consorcio. Por eso inventaron una fake new para llamar la atención y ganar aliados. La definición es política: el Consorcio Universitario, aliado de Moreno Valle en su trayecto, ahora es oposición al barbosismo.

 

Una fake new burda, un engañabobos, ya que no se sentaron a leer la Ley que en el 80% sólo replica los conceptos de la Ley Federal. La fake new en disputar, el famoso artículo 105, no deja lugar a la interpretación: los bienes inmuebles no cambian de propiedad, sino que se integran al sistema Educativo.

 

Ningún ladrillo, ningún edificio, ninguna puerta ni ventana está en peligro de expropiación. Pero con el dinero que les sobra compraron una primera plana de un diario nacional de medio pelo, El Heraldo, que dirige Franco Carreño, exburócrata de Peña Nieto

 

El mentado artículo 105 es muy claro: los bienes muebles e inmuebles destinados a la enseñanza forman parte del Sistema Educativo Estatal, concepto previsto en la Ley General de Educación que rige en el país.

 

Pero había que hace un escandalito, aunque fuera endeble, basado en una fake new. Lo lograron a medias, hasta que, en un acto de honestidad intelectual, el rector de la UPAEP reconoció en los micrófonos de López Dóriga que se trataba de una homologación con la Ley federal.

 

Lo que sí hace la nueva Ley es regular las cuotas abusivas y la extorsión a los padres de familia con la retención de documentos. Pero eso no vende su causa ni da para una portada de El Heraldo.

 

Lo importante es que los rectorcitos, todos, se han colocado en la oposición política al barbosismo. Y como sus aliados del PAN y del conejo conspirador Manzanilla, son enemigos escuálidos.

 

Para impugnar en SCJN, deberían tener por lo menos 13 diputados, pero no llegan. Sólo hubo 8 votos en contra.

 

Por no tratarse de un tema electoral, las dirigencias del PAN o del PRI no podrán impugnar.

 

A lo más, cada escuela en particular podrá solicitar amparos de aplicación individual. Y eso ya se verá.

 

Pero la Ley de Educación está firme y publicada. Su contenido es obligatorio y cualquier padre de familia ya puede interponer quejas en la SEP.

 

Sus quejidos sólo dan de reír en Casa Aguayo.