La intentona de la mayoría del Congreso local para desaparecer al ayuntamiento de Tehuacán es un disparate jurídico que no tiene futuro.

 

Se van a embarcar en un agujero sin fin los diputados que apoyen ese disparate, ya que no hay fundamento jurídico que actualice la hipótesis de la “causa grave” que establece la Constitución federal en su Artículo 115 fracción I párrafo tres.

 

La diputada Rafaela García Romero va a hacer un ridículo histórico porque su dictamen es tan endeble como sus aspiraciones de gobernar San Martín Texmelucan y sacar de la jugada a la alcaldesa Norma Layón.

 

Veamos.

 

La Constitución federal establece la facultad de las legislaturas locales para desaparecer un ayuntamiento o revocar a alguno de sus miembros, con dos requisitos: el voto afirmativo de las dos terceras partes del Congreso, así como la existencia de una causal grave.

 

La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, al resolver varias controversias constitucionales al respecto, además de delimitar el concepto de “causal grave” -lo cual comentaré más adelante- ordena un tercer requisito: garantía de audiencia para los integrantes del Ayuntamiento que se pretende revocar.

 

En el dictamen aprobado ayer por la Comisión de Gobernación –redactado por una pasante de la licenciatura en Comunicación como es la diputada Rafaela García Romero, que no estudió licenciatura en derecho ni es abogada-, la causal grave para revocar a todo el ayuntamiento no aparece por ningún lado.

 

Por lo menos no en el concepto que refiere como grave la Suprema Corte de Justicia, que entiende como grave las violaciones a los derechos humanos, ingobernabilidad o actos de violencia continuados que hagan cesar el orden jurídico vigente durante un tiempo determinado.

 

Desde que Felipe Patjane fue encarcelado y acusado de peculado y otros delitos, la única causal grave que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Tehuacán fue la negativa de tomarle protesta al edil suplente, Artemio Caballero Orozco.

 

Se trata, sin embargo, de un acto subsanado por sentencia del Tribunal Electoral Estatal (TEEP) que mandató la toma de protesta, lo cual ocurrió hace poco más de una semana.

 

Tras el encarcelamiento de Patjane, en ningún momento hubo ingobernabilidad en Tehuacán, al grado de que los regidores crearon una Comisión Especial para darle trámite a los asuntos. Si hubo algún exceso o ilegalidad al respecto, se trata de conductas antijurídicas que deben ser denunciadas en la Fiscalía.

 

En el caso de la representación jurídica, esta corresponde a la síndico, que siguió actuando en términos de legalidad en los últimos ocho meses.

 

En otras palabras el gobierno de Tehuacán nunca se suspendió, ergo no hubo ingobernabilidad, ni actos de violencia que suspendieran el orden jurídico. Ni siquiera desaparecieron los representantes del gobierno, tan es así que la Secretaría de Finanzas y Planeación siguió ministrando sus participaciones al municipio.

 

Por supuesto, tampoco hubo actos de violencia generalizada más allá de la temible delincuencia común, ni violación a los derechos humanos de la población.

 

¿Dónde se encuentra la causal de gravedad?

 

La pasante García Romero pretende subsanar el requisito de la jurisprudencia de la SCJN que exige darles garantía de audiencia, lo que se pretende realizar el próximo 13 de julio. Ahí, por lo menos el edil suplente Artemio Caballero podrá deslindarse de los actos antijurídicos que se hayan realizado en Tehuacán en los últimos ocho meses.

 

¿Cómo lo van a imputar de actos jurídicos si precisamente el dictamen reconoce que no le quisieron tomar protesta? De verdad es cómico, risible.

 

¿Qué contiene el dictamen escrito por la pasante García Romero y que fue aprobado por la mayoría de Morena en la comisión de Gobernación?

 

Una maraña de hechos que en algunos casos representan tipos penales específicos de los que se puede denunciar a personas o funcionarios concretos, y dos, las acusaciones penales contra Felipe Patjane que todavía no tienen sentencia firme. 

 

Al Congreso local se le viene encima una ola de amparos y controversias constitucionales que, desde ahora lo digo, van a perder. La diputada Rafaela construyó un adefesio jurídico con el dictamen de la revocación del Ayuntamiento que no tiene pies ni cabeza. Se entiende porque es pasante de la licenciatura en comunicación y no abogada. Uno más de los perfiles deleznables de Morena.

 

Si fuera abogada, podría acusársele de armar un bodrio, pero la ignorancia no exime a nadie del cumplimiento de la ley.

 

Ojala que Biestro y compañía no se embarquen en este disparate jurídico que tendrá consecuencias políticas graves. Van a perder todos los amparos.