Los padres de familia en Puebla necesitan un plan de contingencia urgente -además de todos los efectos de la pandemia- que resuelve el pago de las inscripciones que exigen las escuelas públicas y privadas ante el inicio de un nuevo ciclo escolar.

 

Un ciclo escolar que tiene la alta probabilidad de iniciar como terminó el último: en casa.

 

Los buenos deseos de que los estudiantes regresen a las aulas se quedó en eso: buenos deseos. Los estudiantes ya cumplen más de tres meses en casa, y ante la cuarentena, la solución de urgencia fue una educación “en línea” verdaderamente desastrosa.

 

Nadie enseñó nada y nadie aprendió nada. Fue un tercio del ciclo escolar tirado a la basura, sin evaluación del conocimiento.

 

Nadie estaba preparado para mudarse a esa educación en línea. Ni maestros que no saben de internet, ni estudiantes que no tienen computadoras ni internet adecuado, ni los padres de familia. Así se aventaron los últimos meses del ciclo escolar y al final todos pasaron.

 

La educación de por sí era mala, y online fue peor.

 

Pero lo que era una solución de urgencia amenaza con convertirse en hecho permanente… y nadie sabe por cuánto tiempo. El titular de la SEP federal dice, ratificado por el gobernador, que no habrá regreso a las aulas hasta que haya semáforo verde.

 

¿Cuánto falta para que en Puebla se declare ese semáforo verde, por lo menos amarillo?

 

Nadie lo sabe, pero los cálculos es que para agosto no, y tampoco para septiembre.

 

Quizá para octubre, pero ese mes se espera el arranque de la temporada de influenza, y su efecto conjunto será devastador. La muy famosa sindemia.

 

Luego vendrá el arranque del invierno, y según los investigadores, ese rebrote puede ser más duro con el efecto estacional. Nadie sabe cómo se comportará el coronavirus.

 

Así que quizá, con mala suerte, los estudiantes no regresarán a las escuelas hasta febrero o marzo de 2021.

 

En medio de todo esto se vive la crisis económica brutal con la parálisis, cierre de empresas y pérdida de miles de empleos.

 

El gobernador Barbosa emitió un decreto-exhorto para las escuelas particulares que fue un llamado a misa: cada quien lo atendió como quiso y en la medida que quiso. Algunos colegios lo más que hicieron fue condonar un 10 % de las colegiaturas y no más.

 

Como pasó en 1995, cientos o miles de padres de familia quieren sacar a sus hijos de las escuelas privadas para enviarlas a las públicas, lo que provocará un efecto saturación en la educación pública.

 

Otros planean inscribirlos, pero no enviarlos hasta que la situación se estabilice. Los más radicales plantean que sus hijos pierdan el ciclo de ser necesario.

 

Los que se preparan para hacer un gran negocio con esa situación son los directores de los planteles y los comités de padres de familia. Aunque las cuotas de “de inscripción” hace tiempo que están prohibidas, se siguen cobrando. La educación pública no es gratuita.

 

Dependiendo del sapo es la pedrada. En el CENHCH cobran más de dos mil 100 pesos, y en general la cuota de inscripción no baja de mil, mil quinientos pesos.

 

Es una verdad de perogrullo: sin cuota de inscripción, no hay inscripción, aunque el Artículo 3 de la Constitución diga otra cosa. La gratuidad es letra muerta.

 

Ayer el gobernador Barbosa condenó el cobro de las cuotas y dijo que pidió a la SEP “en la medida de lo posible” que no hubiera.

 

¿Qué es la “medida de lo posible”?

 

Los padres de familia esperan con urgencia un decreto que defina esa “medida de los posible” con carácter obligatorio, tratando igual a los iguales y desigual a los desiguales. Ya no un llamado a misa.

 

Es decir, un decreto que define la condonación o el porcentaje de descuento. Quizá una tarifa adecuada a la realidad económica de la pandemia.

 

Se trata de un tema que no puede postergarse porque los tiempos se encuentran encima.