La temporada de informes de alcaldes y diputados locales calienta la plaza política y desata la efervescencia de las aspiraciones entre aquellos que quieren reelegirse, los que buscan brincar a otra posición, y entre los que buscan tumbar a los que quieren reelegirse.
El proceso electoral 2021 es inédito por la confluencia de cuatro fenómenos.
Es la primera vez que los actuales ediles podrán reelegirse por un periodo más pese al agotamiento de muchos de ellos de su capital electoral. También los diputados locales, pero ahí hay menos efervescencia.
El segundo es que por primera vez el gobernador no tiene el control político de la designación de los candidatos, a la espera de que se resuelva el conflicto por la dirigencia nacional de Morena, que encauzará a toda velocidad la designación de un dirigente local del agrado de Casa Aguayo, o en caso contrario, un dirigente local que se oponga a las designaciones del jefe político.
El tercero es la sobrerregulación electoral en materia de género, pues la lógica reeleccionista deberá empatarse con las asignaciones de género.
La cuarta es que para reelegirse es necesario hacerlo por el mismo partido de la postulación, no puede haber brincos de partido. Y sucede también lo opuesto: si el partido no da el aval, no puede haber reelección.
Entre las cuatro lógicas contrapuestas, nadie tiene certeza de lo que puede ocurrir tras el arranque del proceso electoral en noviembre, pues antes de definirse el calendario, el Consejo General del IEE deberá definir las reglas de la reelección y también los bloques de competitividad para la asignación de género.
Se avecina un rompecabezas electoral digno del morenovallismo. ¿Por qué?
Porque mediante un acuerdo del IEE deberá definirse el vacío legal que existe en la Constitución y que los partidos no quisieron o no pudieron resolver en San Lázaro. Es decir, si alguien con un puesto de elección popular tiene o no que pedir licencia para competir otra vez.
No es un razonamiento jurídico sencillo, pues la Constitución establece con claridad que los servidores públicos deberán pedir licencia noventa días antes de la elección.
¿Entonces qué pasa con aquellos que ya están en el cargo pero la misma Constitución les da la oportunidad de reelegirse?
A nivel federal existe el mismo problema para los diputados federales, por lo que el INE deberá emitir un acuerdo, y defina lo que defina –que sí tiene que pedir licencia o que no tienen que pedir licencia– el asunto quedará en manos del TEPJF, que deberá resolver el titipuchal de impugnaciones que se avecinan.
Si resuelve que se queden en el cargo, y además compitan, habrá inequidad en el proceso. Todos los aspirantes impugnarán.
Si resuelve que no se queden en el cargo, los aspirantes a la reelección impugnarán para mantenerse en el poder.
En el caso de la segunda hipótesis, los alcaldes tendrían que pedir licencia y sus suplentes entrar al quite.
Pero además existe otro problema: ¿Cuándo tendrían qué pedir licencia?, lo cual ocurriría antes del periodo de precampañas.
Para efectos de Puebla, los ediles y diputados tendrían que irse en el mes de enero y entrar sus suplentes a gobernar. ¡Qué miedo!, por ejemplo, en el caso de Puebla capital con Argelia Arriaga.
El Congreso Local se llenaría de suplentes.
Y en el caso de los cabildos, se despedazarían entre los regidores para analizar quién entraría, si el suplente o algún favorito del edil que le garantice el uso de recursos o incluso el regidor de Gobernación.
Y además, antes de todo eso, cada partido debería definir el género para cada Ayuntamiento o distrito electoral.
Y todo, por supuesto, será impugnado en el TEEP y después en el TEPJF. Los registros se harán contrarreloj, y alguien ya registrado puede caerse por una resolución del tribunal federal.
La elección del 2021, ya desde el entramado legal electoral, pinta para ser un infierno. Fatal.
Y si lo legal no se resuelve, ¿cómo se resolverán los conflictos, las coaliciones, las candidaturas comunes, y otra vez, el género?
No, por Dios, se viene la pesadilla.