El pasado lunes 18 de mayo se Publicó en el Periódico Oficial la nueva Ley de Educación de Estado de Puebla, con la cual el gobernador Miguel Barbosa Huerta pretende terminar con el lucro de las escuelas privadas sancionado el aumento injustificado de colegiaturas o la retención de documentos por falta de pago.

En una llamada telefónica que se realizó al Periódico Oficial, se constató la publicación de la nueva Ley de Educación del estado de Puebla, la cual ya puesta a disposición del público general en la página Orden Jurídico perteneciente al Gobierno del Estado, con fecha del 18 de mayo de 2020.

Fue el pasado viernes que durante la primera sesión digital del Congreso de Puebla, los diputados aprobaron por mayoría la Ley de Educación propuesta por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, esto después de una discusión de siete horas y una sesión que duró aproximadamente 12 horas.

Con la nueva Ley, el Gobierno del Estado pretende terminar con el lucro de las escuelas privadas aplicando sanciones como por el hecho de obligar a los estudiantes a comprar uniformes o material extra para que puedan permanecer en la institución educativa y recibir el servicio de educación.

Asimismo, un alumno o padre de familia podría denunciar a la autoridad estatal un aumento injustificado de las cuotas del servicio de educación, es decir de las colegiaturas, por lo que la SEP investigaría los hechos y podrían derivar de sanciones a las instituciones en caso de no justificar el aumento.

También podrán sancionar a las escuelas privadas que retengan la documentación personal o académica de los estudiantes que cuenten con adeudos y se establecieron los lineamientos para que se realicen las revisiones anuales a las escuelas privadas.

En cuanto al rubro de las universidades públicas, estás tendrán que colaborar en todos los aspectos con las instancias de fiscalización estatal en cuanto a la revisión de sus cuentas públicas y el ejercicio de los recursos, pues se tendrá que analizar a donde fueron destinados las partidas gubernamentales por lo que la BUAP no podrá huir más de la fiscalización de sus cuentas.