Los gobiernos municipales podrán solicitar de manera directa la emisión de la Alerta de Género en sus territorios, además de crear una comisión transitoria que dé seguimiento a dichas acciones, según se planteó en una iniciativa de reforma a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que recibió el Congreso del Estado.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, las distintas fuerzas políticas en el Congreso emitieron un posicionamiento en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En dicho marco, el diputado Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para reformar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en busca de mejorar las condiciones de seguridad para las mujeres, por ello es que propuso que los Ayuntamientos tengan la libertad para solicitar a la Secretaría de Gobernación federal la emisión de la Alerta de Género mediante la adición de un segundo párrafo al artículo 23.

Asimismo, los municipios que ya cuenten con la declaratoria deberán conformar una comisión transitoria que le dé seguimiento a todas las recomendaciones que se generen mediante la Alerta de Género.

Esto al indicar que actualmente la entidad poblana es la quinta con más casos de feminicidio en el país, por lo que se busca generar que dicha cifra vaya a la baja a través del mecanismo antes mencionado.

Fue en abril del año pasado cuando la Segob emitió la Alerta de Género para 50 de los 217 municipios poblanos, entre los que se encuentra la Ciudad de Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Tehuacán, entre otros.

Mujeres no podrán ser obligadas a presentar certificados de no embarazo en empleos

Otra de las iniciativas que se presentaron fue la que pretende realizar reformas a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con la que se busca que las mujeres no sean condicionadas a presentar un certificado de no embarazo en centros de trabajo para poder ser contratadas, mantener su empleo u obtener un ascenso.

Dicha iniciativa fue presentada por la diputada Nancy Jiménez, con la que se busca evitar que se sigan afectando los derechos laborales de las féminas por la condición de embarazo que pudieran presentar.

En la sesión ordinaria también se ingresó una iniciativa para reformar el Código Penal y sancionar con dos a cinco años de cárcel a quienes impartan u obliguen a personas homosexuales a tomar terapias de reorientación.

El diputado Jonathan Collantes Cabañas fue quien propuso dichas reformas al señalar que existen múltiples casos donde una persona homosexual o con identidad sexual distinta la de su género es obligada tomar terapias psicológicas o psiquiátricas para cambiar sus preferencias, vulnerando sus derechos.