Catorce años después de la exoneración en la Suprema Corte, un juez de Distrito le dio validez legal a la intervención telefónica que detonó el escándalo Cacho, pese a ser obtenida mediante espionaje.
El audio de la plática entre el entonces gobernador Mario Marín y el empresario Kamel Nacif fue “limpiado del vicio de ilegalidad” a partir de que este último reconoció en un desplegado publicado en El Universal en 2006 que la conversación sí era real y se trataba de su voz.
El segundo elemento que utilizó ese juzgado para validar el audio fue el testimonio ofrecido por Ricardo Velázquez Cruz en 2018 a la autoridad judicial, en la que confesó una plática que ocurrió entre él, en su calidad de consejero jurídico, con el gobernador Marín, en la que este último le externó su preocupación por la divulgación de la conversación en medios de comunicación, además de que reconoció ahí su amistad con Kamel Nacif.
El juez Segundo de Distrito condenó a cinco años de cárcel a Juan Sánchez Morena,Juan Sánchez Morena, entonces director de Mandamientos Judiciales, a partir de que ambos elementos le dan veracidad a la conversación obtenida a través de espionaje telefónico y confirman una cadena de mando para torturar a la periodista Lydia Cacho.
De acuerdo con la sentencia de la causa penal 26/2018 del Segundo Juzgado de Distrito en el estado de Quintana RooSegundo Juzgado de Distrito en el estado de Quintana Roo, dictada en contra de Juan Sánchez Moreno, ex director de Mandamientos Judiciales de la PGJ, Ricardo Velázquez ofreció una declaración testimonial en 2018 en la reconoce que Marín Torres y Nacif Borge tenían una relación de amistad, según se lo confesó el propio ex mandatario, quien además le dijo que tenía que ayudar al empresario ya que “era un hombre muy poderoso” y que eran muy necesarias sus inversiones en el estado de Puebla.
Con dicha declaración, el juez de distrito confirmó que había una relación de amistad entre Marín Torres y Nacif Borge que los pudo haber llevado a concertar el uso del aparato de justicia para someter a Lydia Cacho, como se exhibe en el audioescándalo del 2006.
Por lo que respecta al empresario de origen libanés Kamel Nacif Borge, las autoridades judiciales retomaron el desplegado que publicó el 19 de septiembre de 2006 en el periódico El Universal, en donde da por verídicos los audios de la conversación que sostuvo con Marín Torres en diciembre de 2005, en el que se exhibe su confabulación para torturar a Cacho Ribeiro, señalando a la entonces esposa del textilero como autora del espionaje en su contra y reconociendo que sí es su voz la que se escucha.
? #MarioMarín fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República en Acapulco, Guerrero tras permanecer casi dos años prófugo por el caso de #LidyaCacho. pic.twitter.com/GPlAcoeszR
— Diario Cambio (@Diario_Cambio) February 3, 2021
Declaraciones de Ricardo Velázquez hundieron a Marín
El testimonio de Ricardo Velázquez Cruz ante las autoridades federales terminó por hundir a su ex jefe, Mario Marín Torres, 13 años después de haber encabezado con éxito su defensa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y aunque no se determina la fecha de las declaraciones del ex consejero jurídico, a partir de ellas se infiere que fueron realizadas después del 15 de octubre de 2018, fecha en la que a través de una entrevista con El Sol de Puebla, ofrece disculpas a Lydia Cacho.
La versión de la sentencia consultada por CAMBIO es de tipo pública, es decir, se protege la identidad de los sujetos señalados y de quienes ofrecieron testimonios o declaraciones, pero se infiere de quienes se habla:
“…Quiero aclarar que yo me enteré de la captura y traslado de la señora (…) así como de una comunicación telefónica entre el señor Kamel Nacif y el entonces gobernador Mario Marín a través de los medios de comunicación (…)”, es como inicia el testimonio de Velázquez Cruz.
Además, deja en claro que sí existía una relación de amistad entre Marín y Nacif: “Quiero aclarar que el señor gobernador (…) me refirió en algún momento que quería que un empresario trajera sus inversiones al Estado de Puebla refiriéndose a Kamel Nacif (…) Quiero señalar que sé que tenía una relación de amistad el señor gobernador con el empresario, ya que en reiteradas ocasiones me refirió el gobernador que el señor era muy poderoso, puesto que era un empresario maquilador que tenía mucho dinero (…)”.
Además, entre las preguntas hechas al ex consejero jurídico y principal defensor de Marín Torres en el caso Lydia Cacho destacan dos:
“PRIMERA. Que diga el testigo de referencia si al momento que hicieron públicas las llamadas telefónicas a través de los medios a nivel nacional, el gobernador le refirió algo al respecto del señor Kamel Nacif Borge. RESPUESTA. Que era un empresario y que necesitaba las inversiones en el Estado de Puebla”.
“QUINTA. Que diga el testigo porqué expresó su arrepentimiento al periódico El Sol de Puebla de haber defendido al entonces Gobernador de Puebla. RESPUESTA. Porque soy escritor y también soy periodista y en lo personal me parece que esta labor que hace la señora es muy noble y que su detención vista a los años pudo haber sido arbitraria”.
Kamel confirmó a través de un desplegado la veracidad de las grabaciones publicadas
De acuerdo con el proceso penal 26/2018 del Juzgado Segundo de Distrito de Quintana Roo, se tomaron como indicios en el proceso las revelaciones hechas por el empresario Kamel Nacif Borge, quien “reconoció también públicamente que era él quien habló en esas conversaciones y que las expresiones ofensivas también eran suyas, aunque, dijo, las emitió en una comunicación de carácter privado; reconocimiento que hizo público a través de un desplegado inserto en el periódico de circulación nacional “El Universal”, de diecinueve de septiembre de dos mil seis”, se señala en la sentencia.
En ellas Nacif Borge no deja dudas de que él es uno de los participantes de las conversaciones difundidas el 14 de febrero de 2006:
“Nunca imaginé que lo expresado de manera privada fuera a hacerse público, fundamentalmente por el entorno en que se difundieron mis palabras. Moralmente no hay otro responsable que mi persona; yo soy quien habló en esas conversaciones y las expresiones ofensivas son mías, insisto, en diálogos que eran de carácter privado.
“Sí soy un empresario, sí, sí hice bromas desmesuradas, burdas y machistas, pero repito, en el ámbito de la privacidad de una línea telefónica, éstas fueron bromas y sugerencias estúpidas entre varones que jamás se cumplieron. En el ámbito de la privacidad y en exceso de balandronería (sic) me ufané de sugerir actos de autoridad que evidentemente no tengo el poder para cumplir. No soy pederasta, soy un industrial, fui un jugador públicamente conocido en Las Vegas y así me asumo, pero quiero aclarar que toda la venganza y la infamia que hoy padezco deriva de las grabaciones obtenidas ilícitamente”, dice.
A partir de dichas confesiones hechas por Nacif, el Juzgado Segundo de Distrito “da por buenas” las grabaciones hechas ilegalmente de las conversaciones que realiza Nacif Borge con Marín Torres y otras personas de la vida política y empresarial de Puebla implicados en el escándalo.
El desplegado al que se hace referencia fue publicado antes del fallo de la Corte y en éste, el empresario libanés incluso revela que fue extorsionado por su ex esposa y el abogado de ésta en medio de su proceso de divorcio, pues pidieron 25 millones dólares a cambio de que no fueran publicadas las grabaciones que tenía en su poder.
“Hace aproximadamente mes y medio, la señora (su hoy ex esposa) contrató los servicios del señor licenciado Javier Olea Pérez, quien desde entonces a la fecha, dicho profesionista ha venido divulgando en distintos medios de comunicación que va a presentar denuncias en contra mía por lavado de dinero, por tráfico de influencia y crimen organizado (…) El licenciado la semana pasada, a través de terceros, hizo contacto con mis abogados, a efecto de proponer un arreglo consistente en el pago de 25 millones de dólares de mi parte a la señora (su ex esposa), a cambio de no divulgar las cuatro grabaciones que aparecieron en los medios informativos la semana pasada. Toda vez que evidentemente me negué a la extorsión que pretendían los representantes de la señora, entregó y divulgaron a los medios de comunicación las cintas publicadas el martes pasado”, señalaba en el desplegado.
La autoridad judicial que llevó la causa determinó que con el reconocimiento de haber participado en las conversaciones difundidas, se les daba legalidad a las mismas:
“(…) sin embargo, el reconocimiento por uno de los participantes de la conversación mediante el referido desplegado periodístico atenúa la ilicitud de los dictámenes periciales, pues incluso él mismo participó a la opinión pública el contenido de esa conversación, de suerte que se reconoce valor convictivo indiciario a los dictámenes periciales practicados a la llamada telefónica, dado que la ilicitud atribuida a esta última ciertamente fue destacadamente atenuada porque no sólo no fue obtenida en pesquisas policiales o con intervención del Estado (lo que tornaría grave el hecho), sino que fue producto de una disputa privada entre dos particulares, en la que una, su esposa, la hizo pública, según refiere el propio Kamel Nacif y, él mismo, por otra parte, siendo uno de los participantes en esa conversación, reconoce y habla del contenido de la misma públicamente; de suerte que el derecho a la privacidad que la inviolabilidad de las comunicaciones protege fue puesto de lado por uno de los propios intervinientes”, se señala.
Héctor Hugo Cruz Salazar
@hectorhugo_cruz