Luego de trece años Mario Marín Torres, el empresario Kamel Nacif y los funcionarios poblanos que participaron en la conspiración en contra de Lydia Cacho volverán a enfrentar a los ‘demonios del Edén’, pues el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la ONU exigió al Estado mexicano volver a investigar a los personajes coludidos en la trama para encarcelar “arbitrariamente y de forma desproporcionada” a la periodista.

La autora del libro sobre redes de pederastia llevó su lucha en contra del ‘Góber Precioso’ y del empresario hasta la instancia más alta en materia de derechos humanos, obteniendo un fallo favorable que incluso establece la obligación de reparar el daño por la tortura y acoso que sufrió en 2005 cuando fue detenida en Cancún y traslada a Puebla como una “sanción” a su libre expresión.

Con este fallo, que le tocará cumplir al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Marín Torres, Kamel Nacif y compañía podrán ser sujetos de una investigación penal e incluso ir a la cárcel por sus fechorías.

En su informe la ONU ordenó al Estado mexicano resarcir los daños provocados a Lydia Cacho en un plazo de 180 días, pues se reconoció que existieron serias violaciones a sus derechos humanos, violencia de género, actos de tortura, prohibición del derecho de expresión, además de utilizar elementos judiciales para su detención de manera arbitraria.

El informe menciona que se “desea recibir en un plazo de 180 días información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el dictamen. Se pide al Estado mexicano que publique el dictamen, con amplia difusión”.

Asimismo, se ordena realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados, juzgar y sancionar a aquellas personas que estuvieron involucradas en los hechos, así como ofrecer una compensación para la periodista y establecer los mecanismos necesarios para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a presentar.

“La libertad de opinión y la libertad de expresión son fundamentales para toda sociedad y constituyen la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas”, dice el informe.

CNDH avala resolución

Ante este resolutivo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que la administración del ex gobernador Mario Marín Torres dio resultados insatisfactorios para atender la resolución sobre los casos de agresión en contra de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

Mediante un comunicado, el organismo recordó que emitió la recomendación 16/2009 por haber violado los derechos humanos de Lydia Cacho tanto para el gobierno de Puebla como para el de Quintana Roo, sin embargo, ambos hicieron caso omiso a la misma.

“Este organismo nacional conoció de los hechos descritos y, en su momento, emitió la Recomendación 16/2009 a los entonces gobernadores de Puebla y Quintana Roo, al advertir una serie de violaciones a los derechos humanos de la periodista, quienes tuvieron un insatisfactorio cumplimiento en su atención”, dice el comunicado.

Mario Marín, “cómplice” de los hechos

Después de la publicación del libro, Lydia Cacho fue detenida por supuestos actos de difamación en contra del empresario Kamel Nacif, en donde se destaca la participación del ex gobernador poblano Mario Marín Torres para realizar el traslado de la comunicadora hasta la entidad poblana desde Quintana Roo.

Luego de la publicación del libro la periodista fue detenida por supuestos actos de difamación en contra del empresario, por lo que fue trasladada a Puebla; durante el trayecto fue víctima de tortura así como de agresiones sexuales.

La detención fue posible gracias a que Blanca Laura Villeda Martínez, conocida como la ‘Procuradora de Hierro’, dio la orden para que un grupo de policías poblanos acudiera hasta Quintana Roo para realizar el arresto, dejando a un lado los protocolos que establecían que se debía dar una notificación a la procuraduría de dicho estado para citar a declarar a la periodista.

Nace el apodo del Góber Precioso

Como consecuencia del escándalo de la detención se dieron a conocer audios de conversaciones entre el entonces gobernador Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, en donde se mencionaba el mote de “Góber Precioso”, con el cual se le identificó a Marín Torres el resto de su administración.

En 2014 se detuvo al comandante José Montaño Quiroz, encargado de dirigir el operativo para lograr la detención de Lydia Cacho, por lo que fue trasladado a una cárcel en Cancún, Quintana Roo. En octubre del año pasado la PGR lo sentenció a cinco años de prisión.

Sin embargo, otro de los policías que fueron relacionados con los actos de tortura aún permanece prófugo.

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