Las familias de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 expresaron su decepción después de una reunión con funcionarios del gobierno mexicano en la que se esperaba recibir respuestas a sus preguntas sobre el caso.
Los padres y madres de los estudiantes se reunieron en Palacio Nacional con representantes del gobierno, incluyendo al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
Sin embargo, los familiares manifestaron su insatisfacción con la información proporcionada durante la reunión. Afirmaron que el gobierno está construyendo una narrativa que reduce la responsabilidad de las autoridades en el caso y la atribuye principalmente al crimen organizado y a factores locales, dejando de lado a las autoridades, incluyendo al Ejército.
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Tras reunión en Palacio Nacional, padres de 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y abogado Vidulfo Rosales se dijeron decepcionados de no recibir información pedida sobre el caso de 2014.
📹/Natalia Vitela pic.twitter.com/sPlEsLwmd8
— REFORMA Nacional (@reformanacional) September 26, 2023
Las familias han solicitado información específica, incluyendo una interceptación telefónica entre un jefe policiaco y un líder de Guerreros Unidos que ocurrió el día de la desaparición de los normalistas y que menciona el traslado de 17 estudiantes. Alegan que esta conversación es crucial para entender lo que sucedió esa noche y que el Ejército debe proporcionarla.
Según las familias, el informe entregado por el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, no responde a esta solicitud y sugiere que la información está en manos de Gildardo López Astudillo, alias "El Gil," líder de Guerreros Unidos. Esto ha llevado a los familiares a cuestionar por qué el gobierno no ha interrogado a "El Gil" para obtener esta información.
Además, durante la reunión, el subsecretario Alejandro Encinas presentó información que, según las familias, criminaliza a los estudiantes y reduce los hechos a un problema local y a la responsabilidad de Guerreros Unidos, excluyendo la participación de las autoridades.
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Redacción Diario CAMBIO
@Diario_Cambio