Los estudiosos de la geografía de la pobreza en México señalan con alarma a las entidades que se encuentran en franco retroceso en su deber de erradicar este fenómeno. Indican, además, que los casos recientes en esta penosa situación son Guerrero y Puebla.

Estos mismos observadores acuciosos de esa realidad socialmente lacerante sostienen como tesis que a mayores tasas de crecimiento económico, es posible tener menor pobreza social. De hecho, ese debería ser el compromiso de todos los niveles de gobierno. El caso poblano no parece estar en esta lógica; con flujos de inversión e ingresos por turismo que ya quisieran otras entidades, Puebla no abate sus rezagos sociales, antes bien, los acentúa.

            El tema tiene importancia fundamental desde el punto de vista económico, político y, sobre todo, humano. Lo he abordado a lo largo de mi vida profesional tanto en la cátedra frente a universitarios como en los ensayos que he escrito y publicado y mi interés a lo largo de esta serie de artículos de fondo que concluyo con esta entrega ha sido examinar el problema y ofrecer algunos puntos de vista y propuestas.

¿Por qué algunos gobiernos prefieren invertir los recursos públicos en grandes obras viales o remodelaciones de calles, y no en mejorar las condiciones sociales de marginación? Desde el punto de vista político hay una explicación: creen que la inversión social tiene un retorno de capital político a muy largo plazo; para esos gobiernos, invertir en las personas no significa asegurar el apoyo popular para su partido o su persona.

El Coneval ha sido enfático al indicar que los padrones de beneficiarios de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado de Puebla tienen serias deficiencias de planeación, que no se homologan las reglas de operación, que no se identifican plenamente las formas de otorgar los apoyos ni los indicadores de gestión y de resultados; que hay problemas para identificar destinos en el presupuesto de egresos o en los presupuestos por programa y que, además, no se recogen las recomendaciones que hace al gobierno el propio organismo nacional evaluador, entre otras anomalías.

La ausencia de una política de combate a la pobreza en la entidad se refleja no sólo en la desaparición, hace dos años, de la institución que medía la marginación y la pobreza en el estado, “por carecer de resultados concretos”, sino por la alta rotación de secretarios de Desarrollo Social.

En la encuesta (BEAP) realizada en la víspera del más reciente Informe de Gobierno, los poblanos expresaron en un 94.6 por ciento, que prefieren que el gobierno combata la pobreza y 1.3 por ciento que construya obras de entretenimiento y diversión. En esta encuesta, el actual gobierno ha disminuido su calificación y está en su nivel más bajo de confianza desde el inicio de la gestión y, también, muestra desgaste en su imagen: es lejano de la gente, no cumple sus promesas y sólo persigue sus propios objetivos. Esto último se infiere en el uso de recursos para promoción de imagen en todo el país, sobre todo después del Informe.

Ante el panorama que revela que la mayor deuda del Gobierno Estatal de Puebla es la pobreza de su gente, es necesario ofrecer opciones. Lo más recomendable, primero, es ampliar el número de municipios poblanos donde se aplique el programa Cruzada Nacional contra el Hambre porque la alimentación es urgente para comunidades enteras que no tienen modo de cubrir sus necesidades básicas de nutrición, salud, educación, vivienda, vestido y transporte.

En seguida, resulta indispensable plantear una verdadera, seria y eficaz política contra la pobreza, una en la que el centro sea el ser humano, en la que se le vea como centro de todas las acciones, con todos sus derechos y necesidades totales. Salir de la pobreza es un esfuerzo gubernamental que debe enfocar comunidad por comunidad, un empeño integral y también individual y familiar para impulsar y desarrollar las actividades productivas para beneficio de quienes hoy carecen de lo básico.