“…Mi hijo cayó a un lado…” es la frase que sintetiza las consecuencias de la operación de la Policía estatal de Puebla en un escenario que evidencia la cerrazón de un gobierno a resolver diferencias con diálogo y la pretensión de violar los derechos humanos con una ráfaga de balas.
Desde hace varios días hemos sido muchos los que nos mostramos indignados y preocupados por la utilización de la fuerza pública en la disolución de actos de manifestación social, pues hemos visto el alcance de la actuación del Gobierno estatal: negación del diálogo y utilización de armas como medida de resolución de conflictos sociales.
En este orden de ideas, han sido las redes sociales las que nos han permitido conocer el grado de fuerza utilizada el 9 de julio para disolver la protesta de vecinos de San Bernardino Chalchihuapan y sus resultados. Los videos que hoy circulan nos dejan ver cómo el Gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle respondió a la legítima exigencia de un grupo de ciudadanos de ser escuchados en sus inquietudes.
Al gobierno Morenovallista se le olvida que dialogar no significa claudicar; dialogar significa tener capacidad para escuchar y para convencer; vencer en el terreno del diálogo da mayor legitimidad a una política pública; quien expone causas justas con argumentos sólidos seguro convence. Al contrario, quien ordena reprimir a un ciudadano, quien decide responder a una petición con una bala o asfixiar la democracia en medio de lo lastimoso de un gas lacrimógeno, propicia violencia, genera encono social y sin duda transforma: transforma un Estado de libertades en la dictadura de la cerrazón.
Ahora bien, por si esto fuera poco, por si no bastara la sola exigencia de aprobar una ley que fomenta la represión y lastima a la democracia, preocupa aún más la respuesta de un gobierno que ante la evidencia de mujeres, niños, hombres de trabajo, poblanas y poblanos arraigados a su tierra y a su comunidad lesionados, algunos gravemente, con las balas de goma, decide culpar al otro.
Las declaraciones oficiales del Gobierno y del propio Moreno Valle en el sentido de que los manifestantes fueron quienes lesionaron, quienes “utilizaron” escudos humanos de menores frente a la Policía estatal son, por lo menos, ridículas y atentan contra la mínima inteligencia de la ciudadanía y lastiman aún más a la sociedad.
Nos oponemos rotundamente a esta forma de asumir a la disidencia como enemigo y a la sociedad como peligro. En vez de canalizar recursos a cercar y desactivar a la población inconforme con decisiones administrativas, el Gobierno estatal debe realizar acciones que mejoren la calidad de vida de la población, no que las empeoren.
Los ciudadanos necesitamos que nuestro gobierno atienda las necesidades de las comunidades escuchándolas y no intimidándolas con actos de represión, actitud que mina la confianza de los habitantes del Estado. Sobre todo, requerimos que no se cobije el autoritarismo con la idea de “orden y progreso” que ya en otros tiempos lastimó profundamente a nuestro México.
