El incendio social toca la puerta de Puebla tras más de cincuenta días de pasmo del gobierno federal para atender la crisis política que ya desemboca en actos de abierta desestabilización y violencia. Si Guerrero es el paciente cero de la infección, Oaxaca y Michoacán sufren el efecto contagio. El centro del país, de acuerdo con reportes de inteligencia, es un corredor ideal para el resurgimiento de grupos guerrilleros y anarquistas que seducen a miles de jóvenes desencantados, sin oportunidades de desarrollo. En esa lógica, cada vez es más riesgosa la politización en universidades públicas y privadas donde se hacen tareas de reclutamiento tanto para los grupos que pugnan por movilizaciones pacíficas como para aquellos que apuestan por la violencia como mecanismo de cambio, la vieja tesis del marxismo-leninismo. Esa hiperpolitización ya aterrizo en las principales universidades de Puebla y sus consecuencias son imprevisibles.

La clase política se encuentra paralizada a la espera de que la marea social descienda otra vez al conformismo del “no pasa nada”. Pero lejos de apaciguarse la llamada indignación, la siguiente oleada es más violenta. Al principio fueron los reclamos legítimos de los padres de los normalistas. Luego se sumaron universidades públicas y privadas, cada una por su lado, que ahora se mueven en acción concertada. Entonces surgieron los violentos, como los que quemaron la puerta de Palacio Nacional, y ahora hacen desmanes en Guerrero, Oaxaca y Michoacán, destruyendo sedes de partidos y edificios gubernamentales. Los últimos actos de desestabilización fueron en la UNAM, la toma de casetas y la llegada de la caravana de los normalistas a Atenco. Los reportes de inteligencia, como ha citado Raymundo Riva Palacio, ya señalan un movimiento frenético de los grupos guerrilleros en la zona centro del país.

Tómese como ejemplo de la progresiva desestabilización a los tradicionalmente apolíticos universitarios poblanos. Desde los actos de repudio que comenzaron en la Ibero, y luego se trasladaron tímidamente a algunas facultades de la BUAP, la primera fase del movimiento culminó en la marcha del 5 de noviembre en la que además de reclamar por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa tocaron los temas inconclusos de la agenda poblana como Chalchihuapan, Tehuatlie, los presos políticos. En el tablero político del morenovallismo, donde los universitarios no existían, de pronto fueron incorporados como una variable de riesgo.

La activación de los universitarios poblanos se mueve hacia una segunda y más peligrosa fase: la creación de una Red Interuniversitaria de la que participan estudiantes de la Ibero, BUAP, UDLA, Tecnológico de Puebla, el BINE, la UTP y otras seis universidades con menor representación. El objetivo central sigue siendo el reclamo de Ayotzinapa como parte del paro nacional al que habrá de sumarse el próximo 20 de noviembre, pero no se descarta que nuevamente puedan tomar las banderas de la agenda social de riesgo para el morenovallismo. Agenda no totalmente cerrada, como demuestra el pequeño escandalito por la presencia de Elia Tamayo en el Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia.

Aunque en la reunión de conformación de esta Unión Interuniversitaria se definió que todas sus movilizaciones serán pacíficas, queda claro que los grupos guerrilleros y anarquistas se han infiltrado para desatar actos de violencia y desestabilización que, literalmente, se lleven la nota y les permitan ganar nuevos reclutas. La estrategia del rencor contagioso al que las instituciones no dan salida. ¿Habrá violencia también en Puebla en el paro nacional previsto para el 20 de noviembre?

Las instituciones del país crujen ante el empuje de los ciudadanos que organizan las marchas pacíficas para continuar el reclamo por Ayotzinapa, pero también por la coyuntura de los grupos anárquicos y guerrilleros que esperan con ansias un acto de represión del Estado que les dé su primer muertito. Así, el gobierno federal está sometido a una paradoja: aplicar el monopolio legítimo de la violencia va a desatar nuevos reclamos por la represión, pero la ausencia de ellos nos deja ante el mundo como un país de salvajes, en el que la economía y las inversiones no están seguras. Peña Nieto, sencillamente, no sabe cómo abordar esa paradoja para resolver el crucigrama histórico que le tocó enfrentar.

El presidente y su equipo cercano —Osorio Chong, Videgaray y Nuño— no alcanzan a dimensionar el desfogue de un país que creían bajo su control. La tremenda rechifla en la inauguración de los Juegos Panamericanos es un síntoma, así como el hecho de que la prensa nacional literalmente se ha metido a su cama al desvelar las vicisitudes de su vida amorosa —texto de Sanjuana Martínez— así como a su vida patrimonial que también lleva a su vida conyugal con la revelación de la Casa Blanca de 86 millones de pesos. Todo ello culmina en la demanda impulsada por algunos sectores bien identificados que piden la renuncia de Peña Nieto, como si eso fuera a frenar la descomposición.

Las tareas de inteligencia, como nunca antes, se vuelven vitales en Puebla para averiguar si la recién creada Unión Interuniversitaria tiene fines legítimos o recibe asesoramiento de los grupos guerrilleros-anarquistas. Lo peor que puede ocurrirle a Puebla es que el efecto contagio haga revivir el proceso convulso que vivió la entidad entre julio y septiembre por el caso Chalchihuapan. Las heridas siguen abiertas, la sangre no ha coagulado, y de eso pueden aprovecharse los mismos grupos desestabilizadores que se mezclan con los reclamos pacíficos. El horno, literalmente, está ardiendo, sin que la clase política entienda el mecanismo para apagarlo.

Este sería un buen momento para que Enrique Peña Nieto y el gobierno federal se decidieran a hacer algo para encarar el conflicto in crescendo que, en cualquier momento, puede explotar. También para que los encargados de las tareas de inteligencia en el morenovallismo reevalúen su mapa de riesgos y den cauce a las inquietudes de los universitarios antes de que se los arrebaten los agentes desestabilizadores.