Sólo un mes duró la suerte del alcalde auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, en permanecer prófugo de la justicia, pues gracias a una “trampa” que le tendieron representantes de organizaciones sociales, fue aprehendido en la mañana del viernes pasado en la comunidad de San Juan Amecac en el municipio de Atzitzihuacán —a hora y media de la capital— por su presunta responsabilidad en los hechos violentos ocurridos el pasado 9 de julio y que dejaron como saldo un menor de edad muerto, personas mutiladas y más de 40 policías heridos.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) confirmó que enfrenta cargos por tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, ataques a las vías de comunicación y motín.

Además de ser ubicado como uno de los principales “incitadores” para el bloqueo de diversas vialidades, el gobierno estatal también lo vincula con una red delictiva encabezada por su padre, Pedro Crisósforo Montes García y/o Javier Montes García, su tío Calixto Montes García y su primo Pascual Xelhua Montes, presos desde julio de 2012 por delincuencia organizada.

Según la versión que dio su madre Araceli Bautista y sus representantes legales, participaron más de cien elementos ministeriales en su detención, y acusaron que un grupo de personas se hicieron pasar por activistas para citarlo a dicha localidad debido a que el día de su detención sostendrían una reunión con él para ofrecerle apoyo y asesoría ante la situación que los pobladores de Chalchihuapan enfrentan con el gobierno, pero en lugar de arribar los supuestos integrantes de organizaciones civiles, llegaron los ministeriales.

La forma y lugar en donde fue detenido no fue precisado por la Fiscalía local. En la mañana de su captura se confirmó la noticia en un tuit, y fue hasta en la noche cuando la PGJ dio a conocer las razones.

Con la aprehensión de Javier Montes suman 12 las personas que han sido detenidas por las autoridades en torno a este caso, seis policías y seis civiles, como parte de las acciones para dar cumplimiento a las 11 recomendaciones que emitió en septiembre pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves a las garantías individuales de los ciudadanos que protestaron en la autopista Puebla-Atlixco para exigir el regreso del Registro Civil a su comunidad.

Imágenes que incriminan

En la noche del viernes, la Fiscalía estatal difundió seis imágenes que incriminan a Montes Bautista. En tres aparece arriba del puente ubicado en kilómetro 14 de la Puebla-Atlixco con un grupo de personas, entre ellas dos encapuchadas, y se le ve golpeando con un palo a un policía.

En otra aparece encabezando bloqueos de vialidades que, según la información oficial, uno de esos casos se registró el18 de septiembre en el bulevar 5 de Mayo esquina con 14 Oriente.

La PGJ también envió a los medios de comunicación la fotografía del laboratorio clandestino de fabricación de drogas sintéticas que fue hallado el 10 de julio de 2012 en el rancho El Pitayo, ubicado en las inmediaciones de Chalchihuapan y que supuestamente resultó ser propiedad de su padre. En la sexta imagen, Javier Montes es exhibido por tener nexos con la delincuencia organizada, que supuestamente su progenitor encabezaba antes de haber sido aprehendido.

Prófugo desde octubre

En la madrugada del pasado 18 de octubre, cuando fueron detenidos seis de los pobladores de Chalchihuapan, agentes ministeriales también catearon la casa del presidente auxiliar, pero en esa ocasión no lo encontraron ya que había salido de la población la noche anterior al enterarse que tenía una orden de aprehensión en su contra, por lo que desde entonces era buscado.

Otros tres pobladores de Chalchihuapan —Florentino Tamayo Ponce, Vicente Juárez Varela y Fausto Montes— están procesados por tentativa de homicidio contra más de 40 policías y privación ilegal de la libertad contra otros dos uniformados. Los otros dos civiles —Raúl Contreras y Álvaro García Xelhua—, acusados por los delitos de ataques a vías de comunicación y motín, recuperaron su libertad el mes pasado y enfrentan su proceso en libertad, luego de que jueces les fijaron una fianza de más de 40 mil pesos a cada uno.

Por este caso también están procesados seis policías estatales detenidos en octubre, acusados del homicidio del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.