Luis Francisco Fierro Sosa renunció a la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración de Justicia (CEAMPAJ) ante el retraso que registra Puebla en la implementación de los juicios orales, a poco más de un año de que se cumpla el plazo para que opere al cien por ciento el nuevo Sistema de Justicia Penal en todo el país.
Al cierre del año pasado, la entidad apenas llevaba 44.86 por ciento de cumplimiento de los estándares establecidos, ya que debió haber alcanzado 730 puntos, pero únicamente consiguió 327.5, según una evaluación que realizó el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) con lo que la entidad se ubicó en el lugar 14 en cumplimiento del ranking nacional.
Según los resultados del CIDAC, así como una medición que realizó la Secretaría de Gobernación federal con base en una metodología que mide la coordinación y flujo de información, simetría institucional, el ritmo de implementación y la participación ciudadana, Puebla ha incumplido, aunque ambas instancias han dejado en claro que ninguna entidad federativa está preparada para la aplicación de la reforma penal, ya que aunque fue Chihuahua quien se colocó en el primer lugar con 672 puntos, tampoco alcanzó la meta estándar, sobre mil que representa la implementación total prevista para 2016.
Hasta la última actualización del directorio de la página oficial de gobierno, el 12 de enero de 2015, Fierro Sosa aún aparece como el titular de la comisión a cargo de ofrecer las condiciones para la transición.
Hasta finales del año pasado, en una entrevista, Fierro Sosa justificó que no había retrasos al recordar que la fecha límite era hasta julio de 2016, por lo que aún había tiempo para la adecuación de las casas de Justicia.
Actualmente operan cuatro casas en la entidad, la última fue entregada por el gobernador Rafael Moreno Valle en noviembre del año pasado en Huauchinango, cuya inversión fue de 39.8 millones de pesos.
Ninguna entidad cumple
De acuerdo con una evaluación realizada por la Secretaría de Gobernación federal y que se dio a conocer a principios de este año, ninguna de las 31 entidades y el Distrito Federal han instrumentado al cien por ciento los juicios orales.
Únicamente seis estados: Chihuahua (8.8 por ciento), México (7.7 por ciento), Yucatán (7.4 por ciento), Morelos (7.3 por ciento), Nuevo León (6.8 por ciento) y Durango (6 por ciento) tienen el mayor avance —60 por ciento en promedio— mientras que el resto, incluido Puebla, se ubican en 40 por ciento de avance en promedio.
En los últimos meses, la Secretaría de Gobernación ha recordado en distintas ocasiones que no habrá una prórroga para la implementación de los juicios orales.
Un estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo, indica también que hay retrasos importantes en cada entidad, luego de que se fijaron sus reglas de operación en el DOF el 18 de junio de 2008.
