Paulina, joven poblana de 19 años, desapareció el martes 25 de agosto. Su novio José María fue el último en verla. La prensa local realizó cobertura del caso con todo detalle hasta reportar que debido a la contradicción en las declaraciones del novio, él era el principal sospechoso. Eventualmente José María confesó, y los titulares llegaron a la prensa Universitario estranguló a su novia embarazada porque se negó a abortar.
De acuerdo con las primeras versiones filtradas a la prensa, la Procuraduría General de Justicia de Puebla contaba con la declaración preliminar de José María en donde aseguró que después de acompañar a Paulina a una cita con el obstetra para revisar su embarazo de 18 semanas la dejó en un taxi rumbo a su casa.
El procurador general de Justicia del estado, Víctor Carrancá Bourget aseguró a los medios que se seguían los protocolos del caso y que rendían declaración el novio y un amigo de Paulina. De acuerdo con José María, este amigo estaría obsesionado con Paulina. Sin embargo, José María dio hasta tres versiones contradictorias de los hechos, eventualmente confesó el asesinato de Paulina al mostrársele el video de seguridad que captó el momento en el que sube al taxi con ella. José María estranguló a Paulina
Sobre este caso ha opinado la clase política con un desafortunado tono moralista y censurador. La esposa del alcalde Antonio Gali Fayad, presidenta del DIF Municipal, Dinorah López de Gali calificó de “innecesario” el homicidio, pues ha mencionado la versión de que “la madre nunca le exigió que se hiciera responsable” como si en otros supuestos sí se justificara matar a una persona. Dinorah remató sus declaraciones asegurando que para evitar estas situaciones, el DIF municipal lleva a cabo “pláticas de protección al embarazo” en las escuelas de la capital poblana.
Las pláticas no “protegen del embarazo”, eso corresponde a los métodos anticonceptivos, que deben estar accesibles a quienes los soliciten, incluso si son menores de edad, pues es común en ambientes conservadores que se limiten su acceso y distribución, incluso dentro de los servicios de salud.
Los comentarios moralizantes sobre este caso no han parado. El gobernador Rafael Moreno Valle se sumó al declarar: “[…]debemos reconocer que se han dejado atrás principios y valores que son muy importantes para una sociedad. ¿Qué nos está pasando como sociedad, qué nos está fallando? Yo considero que en eso ustedes nos pueden ayudar mucho en recobrar los principios con los que ustedes nos formaron y en dejar en claro la diferencia entre actuar bien y actuar mal. Por eso, aunque yo sé que han dado mucho por este estado, yo les voy a pedir que nos sigan ayudando, empezando desde sus casas”.
El caso de Paulina ha hecho que se recuerde el homicidio de Karla, también de Puebla, quien fue asesinada por encargo de su ex novio, Manuel. Ella tenía cinco meses de embarazo cuando sucedieron los hechos. También ha sido recordado el caso de Iraís, la estudiante de la Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tenía cinco meses de embarazo y fue asesinada por su pareja.
El Estado no está para pedir ayuda a las familias en la promoción de valores conservadores, el Estado debe asegurar que se hará justicia en estos casos, sin convertir las muertes de estas mujeres en una viñeta moralizante al servicio de una agenda fundamentalista. A la injusticia no se le debe sumar el pánico moral.
Es obligación del Estado, por cierto laico, proteger a todas las mujeres. Garantizarles todos sus derechos, en este caso los reproductivos, y hacerlos exigibles. Es mucho más fácil para el Estado preguntar “¡qué nos está pasando?” y cargarle con ello la responsabilidad de los asesinatos a una presunta falta de “moralidad” que hacerse cargo de los homicidios y dar la cara para resguardar a las mujeres.