Obra que lejos de presentar la guerra como una virtuosa experiencia donde se forja el ánimo, la personalidad y la grandeza de un país, expone la monstruosa sangría que acarrea y las infinitas penurias e injusticias que golpean a los hombres comunes y corrientes que constituyen la inmensa mayoría de sus víctimas.
No obstante, el libro de Tolstoi tiene mucho más que ver con la búsqueda, por todos los medios, de la verdad y la paz como únicos valores humanos para distinguir el bien del mal. Cuestiones que hacen reflexionar sobre la coyuntura de una conflagración intestina en las que estamos envueltos desde hace 12 años, resultado de la ausencia de una estrategia correspondiente a la complejidad del fenómeno y a sus ramificaciones en las esferas del poder y del dinero y que nos ha conducido a la ruptura del tejido social.
Una guerra contra el narcotráfico que, según un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, “no redujo la violencia existente en el país, sino todo lo contrario, detonó una posterior ola de violencia”, con su caudal de víctimas. Por añadidura, dicho estudio determinó que cuando esta táctica fue puesta en marcha, la violencia en México “se encontraba en niveles mínimos históricos”, por lo cual, en realidad, “no existía una crisis de seguridad que justificara el despliegue de las Fuerzas Armadas”.
Tal vez por ello el aún secretario de la Defensa Nacional, general Cienfuegos, declaró en 2016 que “la labor del Ejército no es perseguir delincuentes” y sostuvo que es el primero en “levantar las dos manos” para que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles y reanuden sus “tareas constitucionales, porque nosotros no nos sentimos a gusto; nuestra función es otra y se está desnaturalizando”. Remató que la inseguridad “no se resuelve a balazos”.
No obstante, hoy nos encontramos en una coyuntura distinta que nos exige una solución que no conduzca al establecimiento de una instauración militar, sino que transfiera poder a la sociedad. Es decir, adoptar un concepto contemporáneo de seguridad que obligue a enfocarla simultáneamente desde sus dimensiones nacional, económica, social, jurídica y humana.
Los expertos concluyen que cualquier enfoque integral de seguridad pública demanda lo siguiente: La General Accountability Office (2015), sostiene que el 70 por ciento de las armas rastreadas en México se fabricaron en los Estados Unidos. Según el Departamento de Estado el gasto incurrido en esa compra asciende a 27 mmdls, cifra que casi iguala el ingreso de divisas a nuestro país por concepto de la venta de drogas calculado en 32 mmdls, según la DEA. En este sentido, la OEA dijo en 2011 que, de mantener una postura militarizada en las funciones de seguridad, “ésta sólo aumenta la demanda de armas y la letalidad de las acciones, tanto de las fuerzas de seguridad como de las células delincuenciales”. “Una política congruente para reducir la violencia y el consumo, sería el reconocimiento de que ambos son amamantados por dos negocios paralelos que se retroalimentan y que han de ser combatidos frontalmente.”
Por su parte la OEA, con la participación de ex jefes de Estado como Fernando Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo y César Gaviria, trazó en mayo de 2013 algunos escenarios para atajar el problema, afirmó que no se trataba de defender una postura unilateral, sino de “utilizar estudios serios y tomar decisiones correctas para obtener mejores soluciones”. Quedó claro que “el problema encarado por la vía policial y la represión sigue estancado, mientras que parece ignorarse que la drogadicción es una enfermedad y como tal hay que tratarla”. “Se requiere un conjunto de políticas coordinadas que, sin atentar el derecho de autodeterminación personal, combatan las adicciones, desmantelen las complicidades asociadas al crimen e incrementen la capacidad del Estado para prestar servicios públicos.”
Por último, la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de la ONU (UNGASS 2016) estableció que es necesario afrontar la financiación de las actividades criminales a través de la adopción eficiente en lo dispuesto en los tres tratados de fiscalización internacional de drogas. La Convención Única de Estupefacientes (1961), la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas (1971) y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988).
Por añadidura, Buscaglia explica que mientras no exista una verdadera reforma fiscal que intervenga de manera eficiente en los recursos de las células delincuenciales, esa “guerra nunca llegará a su fin”. Al respecto en 2008 Kofi Annan sentenció que de no concretarse una estrategia que persiga el financiamiento de las actividades delictivas, a la par de descriminalizar el consumo de drogas, “no habrá paz en México”. En suma, un plan de “seguridad sin guerra”.