Actualmente, todo de lo que se habla en los medios de comunicación, cafés, reuniones, es sobre las elecciones y todo se centra en lo que le sucede o deja de sucederle a uno de los candidatos, como si los restantes estuvieran a la mira de aquel, o bien en alguna desilusionante comparsa. Lo cierto es que, dentro de lo que ha sucedido últimamente, se ha incrementado la rispidez entre las propuestas de esa candidatura contra el selecto poder económico nacional, que, como lo dice la historia en América Latina, las clases altas nacionales, los que cuentan verdaderamente con el poder económico en esta nuestra región son, normalmente, representantes de intereses extranjeros (Feinmann, José Pablo. ‘Crítica del neoliberalismo’. Buenos Aires: Planeta, 2016).

Esa colisión entre el poder económico y el poder político siempre ha estado, desde luego, en pugna; si bien, en ocasiones como una lucha de bajo relieve, en otros momentos de la historia se ha vuelto una pelea más beligerante, pero, al fin y al cabo, una pugna que siempre ha existido. Por ello, para controlar a ambos, es necesario que existan las herramientas necesarias y que —la experiencia dice— resultan ser el derecho, el único que puede contener esa pugna para que no sea perjudicial ante terceros, que en el caso es la población.

Esa lucha entre la política y la economía ha estado siempre y era aún más palpable en tiempos pre-modernos, en los momentos en que se estaban desarrollando los Estados-nación, como se puede observar físicamente con los zócalos o plazas mayor de las ciudades, en donde se aglutinaban los tres poderes de esa población en el primer cuadro de la población. En éste se contaba con el palacio del ayuntamiento que representa al poder político, la iglesia o catedral que representaba al poder ideológico y, finalmente, los comercios que eran el poder económico. Por ende, esa pugna no es nueva; por el contrario, ha sido permanente y, por tanto, era el derecho, las leyes, las sentencias las que se encargaban de poder conciliar o contener esa permanente lucha.

El problema actual en esa batalla entre la política, que siempre ha tenido el afán de controlar a la economía y la propia economía, que cada día ha crecido más y que, por su parte, su propósito es la mayor libertad y ausencia de regulación, es que hoy el poder económico es incontrolable. Por ello, el profesor italiano Luigi Ferrajoli ha denominado a este poder como “poder salvaje” (Ferrajoli, Luigi. ‘Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional’. Madrid: Mini Trotta, 2011) y así lo ha hecho porque hoy precisamente se ha convertido en cruel, bárbaro, atroz y, por ende, no se puede contener por el poder político ni, menos aún, por el derecho, ya que cuenta con el mayor beneficio actual, que es global.

El mismo tratadista italiano Luigi Ferrajoli, para controlar al poder económico (que tiene la característica de ser global, a diferencia del poder político y el derecho, que son locales) dice que se necesita hacer algo y en su propuesta sostiene: “Es un constitucionalismo de derecho privado, el que hoy debe ser normativamente impuesto a la política y a la economía como la única alternativa al desarrollo salvaje y destructivo de los grandes poderes económicos y financieros” (Ferrajoli, Luigi. ‘La Democracia a través de los Derechos’. Madrid: Trotta, 2014). A decir del autor, se requiere una regulación global para limitar al poder económico, pues es claro que hoy, de acuerdo como se encuentra ese poder económico, es invisible en su estructura, sin permitir ver quién es la cabeza o quién es el titular y propietario de las grandes empresas transnacionales; es movedizo: tiene mayor capacidad de movilidad que cualquier ciudadano del mundo, ya que su centro de operaciones y económico se puede mudar con teclear en una computadora; y, desde luego, tiene más poder que muchas naciones —sobre todo, que muchas de la región de América Latina—, pues existen algunas naciones que dependen para su subsistencia en cuanto a la recaudación de impuestos, empleos, etc. de dichas corporaciones mundiales —y esas es una de las razones por las cuales apelan las empresas transnacionales en la pulverización de las naciones, como sucedió en Europa central en la década de los 90 o, bien, actualmente con Cataluña de España—.

Pues bien, siempre ha existido esa pugna entre la política y la economía. No es nueva, pero hoy, con una esterilidad de propuestas en tiempos electorales, desde luego, se vuelve central, porque todas las naciones se encuentran ante ese mismo dilema.