La falta de credibilidad hacia las instituciones del Estado por la mayoría de la población se agudiza al momento de acudir a votar, puesto que los índices de participación en las elecciones cada ocasión disminuyen más. Las tasas de indiferencia por el voto se incrementan en cada ocasión que hay que acudir a cumplir con ese deber constitucional, al grado de que en algunos países se han establecido sanciones por no acudir a votar, como es el caso de multas o negar alguna autorización, permiso o el propio pasaporte. Sin embargo, uno de los problemas graves que provocan esa indiferencia electoral se debe a que los candidatos de cualquier cargo público se presentan realizando propuestas para las cuales no tienen la competencia para poder llevarlas a cabo, es decir, prometen lo que el cargo público no les permite realizar. Si acaso, pueden hacer una carta de “simples buenos propósitos” ya en su cargo público para intentar gestionar lo prometido, pues esas promesas nunca correspondieron a sus funciones como servidor público legítimamente electo.

Esta desilusión que cada día se incrementa en la población se debe, en gran parte, a esa crisis del Estado de Derecho, el cual —bien pudiéramos sostener— se vuelve en un paciente enfermo de gravedad por esa violación permanente al principio de división de poderes (donde cada Poder debe llevar a cabo una determinada función en el Estado). Por esa violación, el candidato que se postula al cargo de uno de esos poderes realiza propuestas de otro poder del que no participaría, de ser elegido. Así, al que le corresponde, como candidato, un cargo del poder legislativo, hace propuestas como si a su cargo le correspondiera también funciones del poder ejecutivo y viceversa. Por ello, cuando llegan a sus cargos, de entrada, todo lo que dijeron es letra muerta, imposible de cumplir y, por ende, de esa forma se va deslegitimando la función del Estado, porque se promete lo que no se va a cumplir. Todo ello, atendiendo a la falta de respeto a la división de poderes, que debe estar vigente en un Estado Constitucional democrático de derecho.

Y uno más de estos problemas de pérdida de legitimidad de las elecciones es el desconocimiento que tienen los candidatos de cualquier puesto político sobre los derechos constitucionales. Por ello, se hacen propuestas en campaña que contravienen a la propia Constitución, como es el caso del incremento de las penas en los delitos o que estas penas sean inusitadas, con lo que se provoca mayor desilusión en la población, pues, al momento de hacer efectivas esas propuestas, se hace patente que son contrarias a la propia Constitución. Los ejemplos son evidentes: hablar de la pena de muerte cuando está expresamente prohibida por la Constitución, incrementar las penas para romper el equilibrio entre la pena y el delito cometido que también esta prohibido constitucionalmente. Todas ellas son muestras de que, en la carrera de propuestas electorales, se pasa por encima de los propios derechos fundamentales; aun cuando ya la teoría más avanzada del derecho en el mundo ha sostenido que esa es la esfera de lo indecidible, por lo que aun las propias mayorías no pueden reducir, contravenir los derechos fundamentales (Ferrajoli, Luigi. ‘Los Derechos y sus garantías’. Madrid: Editorial Trotta, 2016).

Incluso, no es nada más la teoría la que ha determinado que las decisiones de las mayorías no pueden vulnerar o restringir los derechos fundamentales, sino que ya existen precedentes en la región de América latina que han sostenido esa determinación, que hacen ver que, a pesar de que las mayorías sean las que quieran modificar los derechos fundamentales, éstos son infranqueables y, por ende, deben ser nulas esas modificaciones legales. Tal precedente es, por ejemplo, la determinación que ha sostenido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso Gelman vs Uruguay, que indica: “El hecho de que la Ley de Caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aun ratificada o respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones, no le concede, automáticamente ni por sí sola, legitimidad ante el derecho internacional” (24 de febrero de 2011).

Por ello, es evidente que la violación al principio de división de poderes y las propuestas de campaña que son contrarias a la propia Constitución, al final causan la pérdida de legitimidad de las instituciones del Estado y, con ello, convierten al Estado de Derecho en un enfermo crónico.