En los últimos días de agosto de 2018, en la ciudad de Acatlán de Osorio, Puebla, sucedió un atroz suceso de todos conocido, donde fueron linchadas y asesinadas dos personas por una turba que pretendía hacer justicia por propia mano, asumiendo que eran ‘robachicos’, ladrones o algo similar; lo cual debe poner en alerta, sobre todo, a las instituciones del Estado y al sistema jurídico actual frente a sucesos que, evidentemente, no son fortuitos o por obra de la casualidad, dado que la historia dicta ― desde luego la historia oficial― que la conformación de los Estados se debió precisamente a que era necesario monopolizar la justicia y la fuerza, es decir, que en un determinado territorio no cualquiera pudiera hacer uso de la fuerza ni, menos, aplicar la justicia por propia mano, sino que hubiera instituciones que exclusivamente realizaran esas acciones. Eso fue con el objetivo de evitar que se extinguiera una comunidad o, aún más, la especie humana. Por ello es muy común la cita del libertador y pacifista de la India, Mahatma Gandhi, quien sostenía que el mundo acabaría ciego si se aplicara la justicia por todos y por ninguno.

Con el devenir de la historia fue como se conformó el Estado como hoy lo conocemos, sus instituciones, la división de poderes y el sistema jurídico; todo ello con la finalidad de que no sucediera algo como lo que se presentó en la denominada ‘Perla de la Mixteca’, esto es, Acatlán de Osorio. Hay un dicho muy común que reza “los mexicanos tenemos sangre de atole” y significa que somos muy pasivos, muy difíciles de explotar ante situaciones a veces extremas, en resumen, indiferentes al dolor. Y, si ese dicho popular es cierto, entonces esa multitud que causó la muerte de esas dos personas tiene que ser tomada con la seriedad suficiente, pues posiblemente el problema es que la concepción que hoy tenemos de Estado, junto a su sistema jurídico, no está funcionando. Algo que, parece, sucede con la reforma constitucional del 18 de mayo de 2008, que es la reforma de la implementación de los juicios orales en México, y a todo el sistema actual denominado acusatorio; reforma que, en respuesta para sus detractores, se debe a que era necesaria considerando el retraso en los juicios, en el hacinamiento en los centros penitenciarios, la corrupción en las instancias judiciales, etc.; aspectos que causaban para el propio Estado una serie de costos altísimos y, por ello, se implementó, en el fondo del asunto, ese sistema. Desde luego, hoy no hay medio de comunicación que no sostenga que se esta presentando un fracaso en el sistema procesal penal actual, que ese sistema ha causado un ambiente de impunidad en donde todo mundo puede cometer cualquier delito sin repercusión alguna. Pues bien, pareciera que esto es fruto de lo que ha sucedido en los últimos 30 años en México, periodo en el cual se han implementado reformas a las leyes y, sobre todo, a la Constitución atendiendo a imposiciones de los organismos internacionales. Entonces, son el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial las únicas voces, y no la última de las decisiones legislativas de las cuales el resultado es, en parte, lo que sucedió con estas dos personas en Acatlán de Osorio.

En el siglo XIX, los alemanes propusieron la escuela de historia del derecho, que sostenía que el derecho provenía de las costumbres y tradiciones del pueblo y que éstas posteriormente se convertirían en las leyes que conformarían el sistema jurídico (Vergara Nava, Silvino. La utilidad de la filosofía del derecho en el derecho tributario. Ciudad de México: Porrúa, 2009). Desafortunadamente, en México hemos estado haciendo exactamente lo contrario, nos hemos dedicado a “tropicalizar las instituciones jurídicas” y, bajo esa imposición de los organismos internacionales, reformamos nuestras leyes con perspectivas que lo que menos tienen es arraigo en nuestra población. Por ello, muchas de las ocasiones no funcionan esas modificaciones legislativas y, como prueba, está la educativa que, según se sostiene, se va a disolver; o, bien, la energética, donde observamos el aumento desmedido del precio de los combustibles; la fiscal, que ha causado tantas “muertes cibernéticas de contribuyentes” con la cancelación de los sellos digitales necesarios para expedir sus facturas y, con ello operar. Pues bien, de esa forma es evidente que el sistema jurídico y las instituciones del Estado se encuentran en una aguda crisis de credibilidad y efectividad que ha provocado estos sucesos tan lamentables. Posiblemente, deberíamos asumir una posición más democrática, en donde, para los cambios legislativos, como el caso del sistema penal acusatorio, se hubiera escuchado a mexicanas y mexicanos que conocían perfectamente lo que se vivía con el sistema anterior; y lo que debió suceder fue reformarlo, pero no cambiarlo, sobre todo sin escuchar a todos; algo que ha estado sucediendo últimamente con los cambios legislativos, pues se han consentido decisiones desde la tecnocracia abandonando la democracia. Todo ello con los lamentables resultados que se viven día a día. Por tanto, si no democratizamos nuestras instituciones, es palpable que corremos el alto riesgo de que el mundo acabe ciego.