Existen dos instituciones que siempre se han considerado emblemáticas de la defensa de la nación: el Ejército y la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en comparación con las nobles instituciones internacionales, pueden ser un símil de la Cruz Roja Internacional. En el caso de estas dos instituciones, siempre se ha considerado que procuran (por parte del ejército) la defensa de la nación, de su territorio, evitando las invasiones; por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la defensa de los derechos de los gobernados, de donde se desprende la defensa de la cultura y tradiciones del país. Por ello es que se consideraron dignas de respeto entre la población; sus acciones estaban sustentadas en la ley y provocaba, adicionalmente, legitimidad ante la ciudadanía. En resumen, eran un ejemplo de la defensa de los intereses de la nación.

Actualmente, los hechos han modificado las cosas. En el caso del ejército, la desafortunada decisión en la administración pública federal anterior (2006-2012), que puso a los miembros del ejército a realizar funciones que le corresponden al poder policial provocó más violencia en nuestro país, muerte entre los propios nacionales. Funciones que, por la propia naturaleza del ejército, no le corresponden; menos aún, por una voluntad del legislador, como está sucediendo con la Ley de Seguridad Interior; la cual, por disposición legal, está determinando que esas funciones de seguridad pública (que no son de la naturaleza propia de esa institución) se lleven a cabo por las fuerzas armadas. Y esto está ratificando que esta institución vaya, paulatinamente, perdiendo credibilidad –legitimidad- ante los propios gobernantes.

De esta manera, y para abonar a esa pérdida de legitimación de nuestras instituciones públicas, observamos dos lamentables sucesos muy recientes. El 17 de febrero de 2018, con el afán de supervisar los trabajos de auxilio a los afectados por el terremoto de esa fecha en Santiago Jamiltepec (Oaxaca), un helicóptero, conducido por personal del ejército, causó la muerte de 14 personas, es decir: el terremoto, afortunadamente, no causo muertes, pero la ayuda a los damnificados sí. Por su parte, el 24 de febrero de 2018, en el emblemático campo Marte de la ciudad de México, en plena ceremonia de conmemoración del día de la bandera, resulta que el propio personal del ejército la colocó con el escudo nacional de cabeza, lo cual es lastimoso para la nación, para la población. Ésta son, pues, dos grandes señales de la pérdida de credibilidad de las pocas instituciones que defienden a la Nación, en este caso del ejército.

Cuando se dan sucesos que provocan la perdida de legitimidad de las instituciones nacionales, se abona a la -denominada por Zygmunt Bauman- “globalifilia” (Bauman, Zygmunt. Mundo Consumo. Ciudad de México: Paidós, 2010), es decir, al interés a favor del fenómeno de la globalización, que consiste en buscar que la población reproche a sus instituciones locales, a sus países y con ello  de paso, su propia nacionalidad, sus costumbres y tradiciones para provocar un ciudadano único, es decir, un ciudadano universal que tenga una misma forma de comportamiento, costumbres, anhelos, gustos y pensamientos -si es que nos alcanza-; pero sobre todo una misma forma de consumo con la finalidad de poder ser mejor dominado por un sistema económico-mediático-global. Y sin embargo, como sostiene el profesor polaco Z. Bauman: “No se puede hacer nada para detener la globalización. Se puede estar a favor o en contra de la nueva interdependencia a escala planetaria, pero el efecto de ese posicionamiento será parecido al de apoyar o deplorar el próximo eclipse de sol o de luna previsto”. Y esta imposibilidad de detener esa tendencia hacia la globalización son estos desafortunados sucesos que abonan a la pérdida de la identidad nacional.