En los minutos siguientes tras darse a conocer los hechos, el estupor y la conmoción sacudieron a la clase política y a la sociedad poblana.

 

No tardaron en emitirse expresiones que acusaron un “atentado”, un “crimen”. Esas manifestaciones deben leerse a la luz de la convulsión, de la perturbación emocional que el hecho provocó en algunas personas.

 

Pero hasta este momento, insistimos, hasta el mediodía del martes 25, no existen evidencias de que la caída de la aeronave pudiera ser provocada o manipulada. Aunque tampoco hay pruebas de lo contrario.

 

Las especulaciones y conjeturas se desbordaron en un círculo minoritario y fueron severamente rechazadas por las mayorías.

 

De manera oficial la investigación quedará a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y en particular de la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación.

 

Sin embargo, en el comunicado que leyó Maximiliano Cortázar se enfatiza lo siguiente:

 

“El gobierno de Puebla exige la conducción de una investigación transparente, imparcial e independiente que, conforme a las mejores prácticas internacionales, esclarezca sin el menor margen de duda la situación que llevó a la pérdida de la vida de los tripulantes y pasajeros del helicóptero”.

 

De manera sutil el gobierno poblano rechaza una investigación que sólo sea llevada por el gobierno de López Obrador.

 

Y sin duda alguna lo más sano sería llevar las indagatorias a nivel de instituciones internacionales.

 

Las bancadas del PAN en el Senado y Cámara de Diputados, así como los gobernadores albiazules, deben exigir que se convoque a un cuerpo colegiado de órganos internacionales.

 

En particular se debe recurrir a las tres grandes áreas de la aeronáutica civil estadounidense: International Civil Aviation Organization (ICAO), Federal Aviation Administration (FAA), National Transportation Safety Board (NTSB).

 

La ICAO fue la responsable de la investigación del accidente de Juan Camilo Mouriño Terrazo, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Felipe Calderón declaró el reporte como “información reservada” por un periodo de 12 años, es decir, hasta el 2021 se conocerá.

 

En esta ocasión no puede ocurrir lo mismo. La investigación debe hacerse con el apoyo de órganos internacionales y darse a conocer a la brevedad posible.

 

Pero esta indagatoria aeronáutica de ninguna manera debe someter, condicionar y mucho menos maniatar el ejercicio democrático de Puebla.

 

Sujetar la designación de un gobernador interino y el proceso electoral extraordinario al reino de las especulaciones sería la más grande de las aberraciones.

 

En su acepción especular representa “hacer suposiciones sobre algo que no se conoce con certeza”.

 

Los hechos representan un luto de proporciones históricas por la relevancia y trascendencia política de los finados. Y son una desgarradora tragedia para sus familias, amistades y colaboradores.

 

Pero la marcha de Puebla no se puede detener y mucho menos maniatar a la dictadura de las conjeturas.

 

Los mexicanos aspiramos a vivir en un legítimo Estado de Derecho; no en el país de las “reglas no escritas”, mismas que ahora invoca Miguel Ángel Osorio Chong.

 

La investigación de los sucesos debe apegarse al más estricto orden jurídico y técnico.

 

Pero el futuro político de Puebla también debe ceñirse a la más escrupulosa observancia constitucional. El Congreso del Estado deberá elegir a un gobernador interino; en base a facultades estrictamente legislativas; no atendiendo a componendas o presiones bajo la mesa.

 

El proceso electoral extraordinario deberá ser completamente abierto a todas las fuerzas políticas de la entidad. 

 

Las especulaciones y las conjeturas de una minoría no tienen el derecho de arrebatarle a Morena la posibilidad de volver a contender con el candidato que convenga a sus convicciones y principios partidistas.

 

Por la salud de Puebla la línea debe estar apegada a la de más estricta legalidad.

 

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