Pongámoslo al revés: Si su hijo o hija llega a decirle “voy a ser servidor de la nación” ¿no sentiría más bonito, incluso orgullo, que si le dice que va a ser brigadista o censor?
Este nombre o etiqueta que le puso Morena a los cerca de 20 mil “voluntarios” que están levantando el Censo de Bienestar es una más de las genialidades en mercadotecnia política del grupo de Andrés Manuel.
Ser servidor de la nación es un título que eleva a héroe, a patriota a aquellos “voluntarios” que tocarán de casa en casa para recabar la información para la lista de beneficiarios de los programas sociales que AMLO iniciará a partir del primero de diciembre.
Este título le puede quitar lo vergonzoso de involucrarse en temas o trabajos políticos. El logotipo de los identificadores de los servidores de la nación los pone al nivel de Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas del Río. El término “servidores de la nación” era de uso frecuente por el general Porfirio Díaz para referirse a aquellos que dieron su vida a la patria.
Este cambio de nombre sirve para que un censor se identifique con algo más grande él mismo, con una labor a la patria. A alguien que le dan un sentir tan grande, tan digno de su trabajo, lo defenderá a capa y espada.
Y ahí viene la otra parte de la historia. Este censo, como la consulta, está lleno de problemas legales y metodológicos. Primero que nada, la constitución establece que en los programas de asistencia social no deben estar involucrados los partidos; y quien opera a este grupo de servidores de la nación es el secretario de Organización del CEN de Morena, Gabriel García Hernández. Igual que con la consulta, los procedimientos de levantamiento no cumplen con la Ley General de Protección de Datos Personales. Y, por si fuera poco, hay instituciones previstas por ley responsables de hacer estos levantamientos.
Lo que parece es que están creando una base de apoyo territorial partidista, y que los beneficiados de los programas nacionales serán sólo aquellos que simpaticen con Morena. Como triquiñuela política y estratégicamente suena muy astuto; pero por años se han creado candados legales para impedir el uso electoral y político de dichos programas. Parecería que toda la operación se basa en el supuesto de que “todos los pobres votaron por Morena”.
Finalmente, está el tema de los “voluntarios” que reciben un sueldo o apoyo semanal de 750 pesos a la semana. Queda la pregunta de dónde está saliendo el dinero para pagarle a estos “voluntarios” asalariados y si estos cuentan con las prestaciones de ley que les corresponde. El financiamiento de este censo importa y tiene implicaciones legales.
Pues bueno, se avecina otra tormenta con este tema. Y como el reclutamiento de servidores de la nación también podría traducirse a defensores del próximo gobierno; las herramientas de la oposición se siguen debilitando.