El Ayuntamiento de Puebla aprobó por mayoría la propuesta de la presidenta Claudia Rivera Vivanco sobre suspender la anulación de las 84 bases otorgadas en la administración anterior para turnar el caso a Contraloría y a la Secretaría de Administración (SECAD) a fin de determinar responsabilidades contra los funcionarios que permitieron las irregularidades denunciadas en el proceso.

Sin embargo, con esta decisión la alcaldesa sólo logró que los regidores de comisiones unidas de Desarrollo, Competitividad y Trabajo, Patrimonio y Hacienda, y la comisión Transitoria, perdieran su tiempo durante casi dos meses, pues Rivera Vivanco ya sabía que anular los nombramientos de base no es facultad del Cabildo.

Desde el pasado 26 de octubre los regidores de dicha comisión iniciaron la ‘cacería de brujas’ orquestada por el morenista Roberto Eli Esponda, para lo cual se dispusieron 30 días para analizar las condiciones bajo las cuales se otorgaron estas bases. No obstante, ante la oposición del bloque del PAN, se otorgó una prórroga de 30 días más para el análisis.

Tras la larga espera, el viernes pasado parecía que el proceso al fin llegaba a su fin, pues en sesión exprés de comisiones unidas al fin se aprobó echar abajo los 84 nombramientos, proceso que terminaría de avalarse en sesión extraordinaria de Cabildo.

Agrio debate entre cabildantes

Contrario a ello, ayer en la última sesión ordinaria de Cabildo, los regidores aprobaron con 18 votos a favor, dos en contra, dos abstenciones y una dispensa del regidor Enrique Guevara Montiel, que las dos dependencias municipales determinen cuántas bases son ilegales y quienes son los responsables de haber permitido irregularidades en ese proceso.

La propuesta la hizo la presidenta Claudia Rivera Vivanco, lo cual no fue bien visto por el regidor Roberto Eli Esponda, y la decisión provocó un debate de al menos dos horas entre los cabildantes antes de que se aprobara la modificación al dictamen original.

Durante entrevista posterior, la presidenta municipal enfatizó que con esta decisión el Ayuntamiento no busca la anulación de las bases, sino fincar responsabilidades contra aquellos ex funcionarios que permitieron irregularidades en el proceso, análisis que será hecho por la SECAD y Contraloría.

“En este momento se mantienen. Es turnado el caso a la Contraloría y a la SECAD, ellos van a revisar si se hizo de manera adecuada o no el procedimiento. Si se hicieron de manera ilegal se va a fincar responsabilidad a los servidores públicos que intervinieron”, detalló.

Agregó que de demostrarse las irregularidades mencionadas durante las sesiones de las comisiones unidas sobre la poca antigüedad de los basificados, así como de los salarios altos de los que gozan, el caso específico de aquellos trabajadores sería turnado al Tribunal de conciliación y Arbitraje para determinar el futuro de esas bases.

“Las que estén mal se van al Tribunal de Arbitraje que es quien tiene que definir y revisar. Y uno de los posicionamientos que dejamos muy claros es que no se van a permitir ninguna de las dinámicas de gobiernos anteriores: nada de aviadores, nada de servidores que no estén dentro de lo que marca la ley”, dijo.