Hasta seis años de cárcel para funcionarios y militantes, así como la pérdida del registro para los partidos políticos, son las sanciones para castigar la violencia política de género propuestas por la legisladora del PRI, Rocío García Olmedo.

Fue durante la sesión de este miércoles cuando la coordinadora de la fracción del PRI en el Congreso local presentó un paquete de iniciativas para incluir en la legislación actual del estado el concepto de ‘violencia política por cuestiones de género’ y, así, tipificar y sancionar este tipo de conductas en contra de las mujeres.

Entre las reformas propuestas por García Olmedo se encuentran las modificaciones a la Constitución Política del Estado, al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, al Código Penal y a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El objetivo de estas modificaciones es castigar a quienes incurran en acciones como ésta, que se encuentren en situaciones de poder que generen un desequilibrio, en perjuicio de los derechos político-electorales de alguna mujer o cuando se creen situaciones de desventaja provocadas por condiciones de género.

Entre las sanciones propuestas por García Olmedo para castigar estas conductas, se encuentra la pérdida del registro o incluso la invalidez de la elección en el caso de candidatos que incurran en violencia política de género; además, si las personas al frente de las dirigencias de los partidos sean quienes cometan este tipo de acciones, el instituto político puede hacerse acreedor a la pérdida de su registro.

Mientras que en el caso de las sanciones económicas y las penas corporales, la propuesta de la diputada del PRI plantea de tres hasta seis años de cárcel a quien cometa violencia política por razones de género; de igual manera, las multas oscilan entre los ocho mil 60 y los 32 mil 240 pesos.

Asimismo, la propuesta de la priista establece que en el caso de que la persona que cometa violencia política en contra de una mujer sea un servidor público o un dirigente de partido, las sanciones tanto económicas como partidistas podrán incrementarse en una mitad del mínimo o hasta en una mitad del máximo.

García Olmedo expuso que Puebla es una de las dos entidades en todo el país en que no está tipificada la violencia política por razón de género dentro de su legislación, por lo que destacó que las reformas servirán para crear el marco legal a fin de sancionar esta conducta.

“Estamos dando los elementos a las autoridades para que diseñen políticas públicas, ahora sí integrales, de atención, de prevención y de sanción a esta figura jurídica que la estamos elevando como delito", comentó la coordinadora de la bancada priista.