Los diputados locales de Juntos Haremos Historia se ‘despacharon con la cuchara grande’ al aprobarse un presupuesto de 224 millones de pesos para este 2019, bolsa superior en casi un 50 por ciento respecto de los recursos ejercidos durante el año pasado; mientras que a la Auditoría Superior del Estado (ASE) le aplicaron un recorte de 14 millones de pesos para el ejercicio fiscal en curso.

Con la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019, el Poder Legislativo, integrado por el Congreso del Estado y la ASE, dispondrá de una bolsa total de recursos por 364 millones 52 mil 514 pesos; cantidad superior en 60 millones 253 mil 295 pesos, respecto de los 303 millones 799 mil 219 pesos que se le asignaron a este Poder para el año pasado.

Sin embargo, pese al incremento del 19.8 por ciento en la bolsa de recursos para el Poder Legislativo, el ‘gran ganón’ fue el Congreso del Estado dominado por la mayoría de los diputados de Morena, pues fue la única instancia en este poder en el  que se aplicó un incremento presupuestal para este año: mientras que para el órgano fiscalizador los recursos fueron recortados para 2019 respecto al ejercicio fiscal pasado.

En el caso del presupuesto para el Congreso del Estado, los recursos con los que contará para operar durante 2019 incrementaron en 74 millones 629 mil 514 pesos, lo que representa un aumento del 49.9 por ciento respecto de los 149 millones 423 mil pesos del 2018 y al pasar a este año a un presupuesto global de 224 millones 52 mil 514 pesos.

En tanto, en el caso de la Auditoría Superior del Estado, la bolsa de recursos para 2019 se vio reducida en un 9.3 por ciento respecto del año anterior al pasar de un presupuesto de 154 millones 376 mil 219 pesos para 2018 a un total de 140 millones de pesos para el ejercicio fiscal que está en curso.

Con esto los diputados de Juntos Haremos Historia lograron su cometido de reducir el presupuesto del órgano fiscalizador, luego de que de ‘manera mañosa’ modificaran la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización del estado para recortar los recursos de la ASE.