2007: un año más de escándalos y excesos

Efraín Núñez Calderón

El escándalo por la detención y encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho eclipsó en 2007 a la administración marinista y propició una ruptura en la burbuja que rodea al gobernador Mario Marín Torres.

El año que termina fue para el Gobierno del estado uno más de excesos que impactaron negativamente en el desarrollo y crecimiento económico y social de la entidad. En medio de la crisis política provocada por la extensión de las investigaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Gobierno marinista derrochó recursos para limpiar la imagen del mandatario a través de los medios de comunicación.

Javier López Zavala, secretario de Gobernación ―hoy coordinador al Voto del PRI― concentró en sus funciones demasiado poder y se convirtió en el subgobernador de facto. Sin embargo, se enfrentó con sus compañeros de gabinete quienes crearon un bloque opositor contra su persona y sus imposiciones. Con su salida de la Segob y la llegada de Mario Montero en agosto, se reorganizaron las fuerzas al interior del marinismo.

Siempre en el ojo del huracán, el Gobierno estatal evidenció la corrupción que rodea su programa de Obra Pública con el derrumbe de un cerro en Eloxochitlán en julio pasado. Se supo entonces que la administración marinista adjudicó de manera directa la construcción de un tramo de la carretera y omitió recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para corregir errores de la carretera y con ello evitar la tragedia en la que fallecieron 32 personas.

Sin embargo, el escándalo por las irregularidades en este rubro se extendió a proyectos de gran envergadura como La Célula, el Centro Expositor y la carretera Amozoc-Tepeaca, entre otros, los cuales están  caracterizados por licitaciones amañadas, fallas y omisiones de planeación, así como falta de transparencia.

El affaire que mantuvo
en jaque a Mario Marín

Fue en septiembre de 2006 que el máximo tribunal de justicia en el país decidió extender las investigaciones sobre la violación de garantías en contra de Lydia Cacho. El gobernador Mario Marín comenzó el año cuestionado por este asunto.

En medio de protestas de todas las fuerzas políticas, el mandatario rindió su segundo informe de gobierno el 15 de enero. Primero lo hizo en el Congreso local en medio de un excesivo dispositivo de seguridad. Los posicionamientos de los diputados de oposición se centraron en los gastos de la administración estatal en su defensa, así como en el manejo de la imagen del mandatario en medios de comunicación.

El mismo dispositivo de las fuerzas estatales frenaron las protestas en el Centro de Convenciones, donde Marín dio su mensaje en el que reiteró que era inocente: “No he cometido ningún delito y por eso tengo un gran interés en que se investigue a fondo para que no quede ninguna duda sobre mi actuación”, refirió.

Las discusiones en el pleno de la Corte se fueron aplazando a lo largo del año hasta que en junio, los ministros determinaron dar su derecho de audiencia al gobernador. Después de esta determinación, en el mandatario creció la esperanza por ser exonerado y con ello terminar su sexenio.

Fue hasta noviembre en que se retomó la discusión en la Corte y a pesar de que el dictamen del ministro Juan Silva Meza, señalaba culpable al gobernador de confabular en contra de la periodista, la mayor parte de los ministros determinaron lo contrario.

La exoneración del mandatario se dio en el marco de una buena relación con el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, misma que al principio de 2007 se presagió ríspida y fría, en la visita que el Ejecutivo Federal tuvo en Hueytlapan en enero.

El proyecto Z,
exceso de poder

A unos días de dejar el cargo en agosto, Cambio publicó las pruebas que cimbraron la opinión pública respecto al proyecto que construyó Javier López Zavala desde la secretaría de Gobernación para suceder en el cargo al gobernador Mario Marín Torres.

Las evidencias no daban pierde, el exceso de poder concentrado en López Zavala lo volvieron en el hombre más fuerte del marinismo y su autoritarismo le provocó pugnas con sus compañeros de gabinete. Y es que durante casi dos años López Zavala canalizó las peticiones de obra pública y todo tipo de gestiones a las diferentes dependencias del gobierno estatal para sacar provecho de ello. Promocionó su imagen con los resultados obtenidos, pese a que las respuestas a los ciudadanos vinieran de otras instancias de la administración marinista e incluso del ayuntamiento capitalino.

Aprovechándose del cargo que le confirió el gobernador Mario Marín, Javier López Zavala utilizó los recursos y la estructura gubernamental —a través de la Secretaría de Gobernación— para apuntalar su candidatura al gobierno del estado. Con el llamado Proyecto Z, López Zavala condicionó los apoyos del gobierno a cambio de convertir a los beneficiarios de gestiones en promotores del voto a su favor.

El exsecretario de Gobernación promocionó su imagen con los resultados obtenidos, aunque las respuestas a la ciudadanía vinieran de otras instancias de la administración marinista e incluso del Ayuntamiento capitalino.

Sin embargo, el gobernador Mario Marín decidió mandar a su delfín a operar la elección de noviembre pasado desde el PRI y dejó en su lugar a Mario Montero Serrano. Sobre la salida de López Zavala de la administración marinista se especuló demasiado. La versión más fuerte fue en el sentido de que se había tratado de un castigo por los excesos del ex funcionario.

Con la llegada de Mario Montero, las fuerzas al interior del gabinete se reordenaron, se limaron asperezas entre la Segob y otras dependencias entre ellas la Dirección de Comunicación Social, dirigida por Javier Sánchez Galicia, la Secretaría de Seguridad Pública en incluso con la Procuraduría General de Justicia con Blanca Laura Villeda Martínez.

Montero Serrano se deslindó del legado de Javier López Zavala, al asegurar cuando tomó funciones que con su llegada habrá una relación de “puertas abiertas” con todos sus compañeros de gabinete, así como una distancia prudente entre su oficina y el PRI en el estado.

Proyecto de obra pública,
corrupción y favoritismo

Son muchos los ejemplos que dan cuenta de la corrupción, graves fallas, omisiones y favoritismo que circundan el proyecto de obra pública del Gobierno estatal. En julio de este año el desgaje de un cerro que dejó sin vida a 32 personas en la Sierra Negra. A raíz de esta tragedia se conoció que el gobierno marinista adjudicó de forma directa a la constructora Esna, de Édgar Nava, la terminación del tramo Alcomunga-Eloxochitlán con un monto de más de 21 millones de pesos por menos de 20 kilómetros.

Sin embargo, la administración de Melquiades Morales Flores también es responsable de estos hechos ya que contrató a la empresa DAP, que realizó un trabajo deficiente, en la construcción del tramo donde se registró el deslave.

Sin embargo, también las magnas obras de la administración estatal que este año tuvieron su inicio están plagadas de anomalías. En julio, Mario Marín puso la primera piedra del proyecto La Célula, proyecto que funcionará como aduana internacional y que recibió críticas de empresarios y expertos en economía por su falta de visión.

Pero esto no es todo, el acto fue opacado por la presencia de ejidatarios, que se quejaron debido a que el gobierno les expropió sus tierras a un precio muy bajo. Asimismo, fue evidente que el gobierno de Felipe Calderón no apoya el proyecto marinista, pues ninguno de sus funcionarios acudió al evento.

La construcción del Centro Expositor, la cual comenzó en noviembre pasado, está repleta de inconsistencias. El precio inicial del proyecto pasó de 800 a más de mil millones de pesos por no contemplar el IVA con antelación.

El gobierno estatal señala que el proyecto se costeará con recursos del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), sin embargo, los miembros de este Consejo no tienen claro aún los pormenores del proyecto, y voces como las de Juan José Rodríguez Posada, líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acusan falta de transparencia.

De igual forma, cambio ha venido dando cuenta de violaciones flagrantes a la Ley de Obra Pública, omisiones de planeación, aumento considerable en el costo de la obra, falta de alumbrado y deudas por más 42 millones de pesos que rodean la ampliación de la carretera Amozoc-Tepeaca. A pesar de que esta vialidad fue inaugurada en mayo pasado, Javier García Ramírez, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Sduop) no ha finiquitado a la constructora que realizó los trabajos y le adeuda más de 42 millones de pesos.